SRE niega participación del Estado en desapariciones forzadas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó el 2 de abril de 2026 que en México no se cometen desapariciones forzadas por parte del Estado y rechazó el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, al señalar que es “tendencioso” y que no refleja la realidad actual del país.

En su comunicado, el gobierno sostuvo que no “tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas” y argumentó que el procedimiento activado bajo el artículo 34 de la Convención está diseñado para contextos en los que estos crímenes son generalizados y sistemáticos por agentes estatales, lo que, según su postura, no corresponde a México.

El posicionamiento oficial también subraya que el propio Comité reconoce la inexistencia de una política federal para cometer desapariciones generalizadas o sistemáticas. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado que desde el Estado se desaparezcan a las personas y ha subrayado que la mayoría de los casos han sido perpetrados por grupos de la delincuencia organizada. 

Y sostuvo que no minimiza la crisis de desaparición de personas en el país y prevén sanciones contra funcionarios públicos que omitan investigar estos casos. 

Sin embargo, el Comité contra las Desapariciones Forzadas determinó que existe información con “indicios fundados” de que las desapariciones en México han sido y continúan siendo cometidas como crímenes de lesa humanidad, al identificar ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintas regiones y momentos.

Además, el Comité señaló que ha recibido información sustentada que apunta a la participación directa de funcionarios públicos en algunos casos, así como a situaciones en las que las desapariciones ocurren con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades.

Investigaciones, recomendaciones y evidencia documentan participación estatal

La legislación mexicana y los estándares internacionales coinciden en que la desaparición forzada no se limita a actos ordenados directamente por el Estado. De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la Convención Interamericana sobre la materia, este delito se configura cuando una persona es privada de la libertad por agentes estatales o por particulares que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer la detención o informar sobre su paradero.

Como te contamos, datos oficiales muestran que la Fiscalía General de la República abrió 697 carpetas de investigación por desaparición forzada entre 2019 y 2023, lo que implica la existencia de indagatorias relacionadas con la posible participación de agentes de seguridad  del Estado, conforme a la tipificación legal del delito.

Aunque el gobierno federal ha negado que exista una política para desaparecer personas desde el Estado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ha documentado casos concretos en los que atribuye desapariciones forzadas a agentes de seguridad federales y estatales

Entre ellos, una recomendación por la detención arbitraria y desaparición de tres personas en Topilejo en 2023, en la que señala la participación de la Guardia Nacional, la policía capitalina y la fiscalía local, así como otra recomendación por un caso ocurrido en 2020 en Coyuca de Catalán, Guerrero, en el que se documenta la presunta responsabilidad de elementos del Ejército en una desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

De acuerdo con una investigación de El Sabueso, entre enero de 2017 y enero de 2025, se dieron 68 condenas por desaparición forzada.

Investigaciones periodísticas también han documentado patrones de actuación de fuerzas de seguridad. El proyecto “Permiso para matar”, elaborado por Animal Político, identificó 1,524 víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas federales y estatales en distintos sexenios.

De acuerdo con la investigación, varias de las víctimas no tenían vínculos con el crimen organizado ni estaban bajo investigación, y diversos casos fueron reportados inicialmente como enfrentamientos, pero posteriormente presentaron inconsistencias que derivaron en el señalamiento de posibles ejecuciones o desapariciones.

Estas observaciones coinciden con evaluaciones previas del Comité de la ONU, que desde 2015 ha señalado la existencia de desapariciones con características de generalidad en el país.

En cuanto a la dimensión del fenómeno, el Comité de la ONU refiere que en México se han encontrado más de 4,500 fosas clandestinas con más de 6,200 cuerpos, además de aproximadamente 72,000 restos humanos sin identificar, mientras que otras fuentes citadas sitúan en más de 133,000 el número de personas desaparecidas o no localizadas.

Organizaciones respaldan al CED y critican la reacción del gobierno

En un posicionamiento conjunto, organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Data Cívica, Fundar y el Programa de Derechos Humanos Ibero CDMX, respaldaron el diagnóstico del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU y señalaron: “Respaldamos plenamente el informe del CED. La descalificación de los hallazgos técnicos no altera la realidad de una impunidad superior al 98% en los casos de desaparición”.

“El rechazo del Estado a la asistencia internacional es una omisión que posterga el derecho irrenunciable de las familias a la verdad y a la justicia”. Asimismo, criticaron la descalificación del informe del CED, al señalar que “Denostar al mensajero para evadir el mensaje es una práctica que México, en su aspiración democrática, no debería tomar”.

Las organizaciones también enfatizaron que la existencia de marcos legales o instituciones no es suficiente. Advirtieron que mientras persistan altos niveles de impunidad y aumente el número de personas desaparecidas, el avance normativo resulta “en la práctica, insuficiente”.

Sobre la responsabilidad estatal, el posicionamiento conjunto subraya que no se limita a la acción directa de agentes públicos, sino también a la omisión: “La responsabilidad internacional del Estado no solo surge por la acción directa, sino por la aquiescencia: cuando las autoridades conocen el riesgo y omiten proteger a la población… se configura una falta grave a los deberes de debida diligencia.” 

Asimismo, alertaron sobre el colapso institucional en materia forense, al señalar que la acumulación de miles de cuerpos sin identificar evidencia que “la respuesta institucional está colapsada.”

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) coincidió en que la evaluación del Comité se basa en años de análisis y en información proveniente de víctimas y organizaciones. En su posicionamiento en X, destacó que el CED “encontró una situación preocupante caracterizada por un inmenso número de desapariciones, reconociendo que muchas de ellas siguen siendo desapariciones forzadas de manera directa o en connivencia entre crimen organizado y autoridades de diferentes niveles y órdenes de gobierno”.

El Centro Prodh también enfatizó el papel de la aquiescencia estatal, al señalar que “agentes estatales conocen previamente de la situación de riesgo real de la comisión de estas desapariciones y su conducta es un reconocimiento que los actores no estatales interpretan como consentimiento.” Asimismo, subrayó deficiencias estructurales en la respuesta institucional, como la falta de una política integral, la carga de la búsqueda sobre las familias y la persistencia de la impunidad.

Finalmente, la organización criticó la reacción del gobierno federal ante el informe, al considerar que “La respuesta del Estado no está a la altura de la crisis que vive el país en materia de desapariciones” y advirtió que la descalificación de organismos internacionales reproduce patrones de administraciones anteriores. 

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