Entre la sequía y la escasez: cómo las acciones llegan tarde y entre recorte

Sequía, presas vacías y ciudades sin agua: México se enfrenta a una crisis de agua que afecta a millones de personas, lo cual ha desatado protestas y conflictos sociales. Ante esta situación, autoridades implementan medidas urgentes aunque cuentan con un bajo presupuesto para hacerlo y buscan que la iniciativa privada también apoye a la población.

El reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestra cómo el 22.4% del territorio enfrenta una sequía atípica; el 18% sequía severa; el 6.4% sequía extrema y el 1.2%, en el norte de los estados de Sonora y Chihuahua, hay sequía excepcional.

Y es que en lo que va del 2022 han caído menos lluvias. Se han registrado 12.9% menos milímetros de agua por precipitaciones que el promedio histórico, y el almacenamiento de las presas está 10% por debajo de la media.

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De las 210 presas que hay en México, 116 están a menos del 50% de su capacidad; 63 tienen entre el 50% y el 75%; 26 entre el 75% y el 100%, y sólo 5 tienen más del 100% de su capacidad, según datos de Conagua. 

En el listado completo, disponible en el Sistema de Información Nacional del Agua, destacan las presas Hermosillo y Punta de Agua en Sonora, así como Copándaro en Michoacán y Cerro Prieto en Nuevo León, que tienen niveles inferiores al 1% de su capacidad.

La actual crisis sucede en medio de reduccciones financieras para Conagua, que en 2020 tuvo menos recursos que cualquier otro año de la última década.

Como te contamos en esta otra nota, entre 2019 y 2021, dependencias encargadas de atender lluvias y sequías como Comisión Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Protección Civil y en específico el Instituto de Ecología y Cambio Climático tuvieron una reducción en su presupuesto.

Heriberto Montes, Gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Conagua, afirmó en entrevista con Animal Político que la problemática actual está relacionada con el clima de la región, el crecimiento poblacional y la crisis climática.

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“El cambio climático es algo que estamos viendo y por ejemplo nos damos cuenta en el tema de inundaciones. Hay veces que hay lluvias de corta duración, inundaciones de corta duración y también hay sequías de larga duración”. 

“Nos damos cuenta de que las temperaturas han aumentado, no en cantidad extraordinaria, pero ligeramente sí hay un cambio en el patrón de las temperaturas y por supuesto afecta”, comenta.

Montes sostiene que en administraciones anteriores no se implementaron medidas para atender la crisis del agua. “La sequía ha existido a lo largo de los años y no tomaron acciones. Actualmente estamos tomando acciones a corto, a largo y a mediano plazo”.

“De parte del gobierno federal estamos tomando muchas acciones tanto preventivas como de mitigación, pero es importante que también se haga conciencia tanto en los gobiernos estatales como en los gobiernos municipales, porque gran parte de este tema depende y es responsabilidad total de ellos”, afirma.

“Lo que tenemos actualmente es una posible tormenta perfecta”, explica en entrevista Pablo Lazo, director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad para World Resources Institute México. 

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“La recurrencia del fenómeno meteorológico La Niña, aunado a los efectos del cambio climático que generan mucha mayor variabilidad en la cantidad de lluvia que se espera, te da como resultado que las previsiones y los cálculos que haya hecho Conagua de disponibilidad de este líquido sea distinta a la que realmente existe”, comenta Lazo.

Acuerdo sobre emergencia es limitado y “llegó tarde” 

Mientras el presidente insiste en que las empresas apoyen en la atención a la escasez, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Conagua publicaron el 12 de julio un acuerdo en el que se notifica el inicio de emergencia por sequía.

No obstante, esta no es una nueva medida y tampoco significa que el gobierno automáticamente tomará el agua de los titulares de concesiones de agua. Además, especialistas consultados por Animal Político señalan que tiene límites y que esta vez “llegó tarde”.

Según el acuerdo, titulares de concesiones “podrán” proporcionar agua de forma provisional y ceder o transmitir provisionalmente sus derechos, solicitando la interrupción de la caducidad de los volúmenes concesionados que no utilicen.

Asimismo, dice que Conagua para limitar temporalmente los derechos de agua existentes, “a fin de abastecer agua para uso doméstico y público urbano a las poblaciones que se encuentren sin este recurso natural”.

Pero esta medida no es nueva. En agosto del 2021 se publicó, también en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo con las mismas condiciones, y en abril de 2022 se publicó su conclusión.

Así, se crean “acuerdos” sin obligar a los titulares de las concesiones a aportar agua para el abasto social, explica Heriberto Montes. “Algo que ha pasado en la Zona Metropolitana de Monterrey es que se está teniendo una muy buena respuesta tanto a nivel de industriales como a nivel agrícola y están aportando”.

Según el especialista de WRI, se trata de un acuerdo no vinculante, sino una solicitud del gobierno “para que estos grandes productores de forma temporal dejen de extraer de sus pozos cierta cantidad de líquido para su la producción de sus productos y que Conagua pueda utilizar esa agua para mitigar el problema de suministro en las ciudades”.

Sin embargo, detalla que esta medida tiene como retos la interconexión, especialmente en donde las concesiones se encuentran alejadas de las ciudades, no alcanzará para dar abasto a toda la población y no es una solución a largo plazo. 

Por su parte, Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, señala que antes de este anuncio ya se habían alcanzado acuerdos entre el sector privado y el gobierno. “Esto ya se está haciendo en Nuevo León. Comenzó en Nuevo León, en Monterrey, desde marzo que empezaron los problemas”, afirma. 

“Esto (la declaración de emergencia) se publica normalmente cada año. Lo que yo destacaría, sin ánimo de ser peyorativo ni mucho menos, es que llegó tarde, se publicó en julio y no es nuevo, porque lo que prevé ya está contenido en la Ley de Aguas Nacionales vigente”, comenta.

Y también desde el punto de vista de los especialistas, es necesario que las autoridades implementen acciones e inversiones a largo plazo y no únicamente cuando el país enfrenta temporadas de sequía.

“Si los organismos operadores de suministro de agua potable cuentan con recursos a través de tarifas que sean reales, pueden invertir no nada más en infraestructura de suministro, sino de tratamiento”, explica Lazo.

“Afortunadamente, como ya lo vimos en la mayor parte del país, no en todo, ya se han registrado lluvias, aunque no las suficientes. En el mismo Nuevo León ya ha llovido, pero no lo suficiente todavía para alcanzar los niveles que tenían desde el año antepasado”, destaca Rodríguez.

Monterrey: racionamiento, pipas y empresas

Por la ausencia de lluvias y la sequía, desde el 2 de febrero de 2022 el gobierno de Nuevo León emitió una Declaratoria de Emergencia, y el 22 de marzo implementó cortes de agua semanales en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Sin embargo, el racionamiento de agua incrementó, al pasar a únicamente seis horas de abasto de agua al día, lo que desató una serie de protestas y bloqueos, como te contamos en esta nota.

Según el gobernador de Nuevo León, Samuel García, una de las soluciones a la crisis es “bombardear” con yoduro de plata las nubes para así provocar la lluvia. “No soy Tláloc, pero si hoy llega la humedad como se ve y le atinamos al bombardeo (…) ya fregamos por lo menos unas semanas”, comentó.

En tanto, el gobierno federal anunció la entrega de 2,183 millones de pesos para la construcción de la presa Libertad en el estado y llamó a la iniciativa privada a colaborar con los esfuerzos, inyectando parte del agua que tienen concesionada al consumo doméstico; a cambio, propuso otorgarles beneficios.

Por ejemplo, durante la conferencia matutina del 27 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un acuerdo con las empresas que, por ejemplo, incluya “que se les deje de cobrar el agua” o apoyos fiscales. “Estamos dispuestos a apoyar, porque van a bajar su consumo de agua, van a bajar su producción, les ayudamos en lo fiscal”, consideró.

Germán Martínez Santoyo, director de Conagua, presentó el 5 de julio las acciones gubernamentales: 29 pipas, inversión para obras de interconexión, un acuerdo con agricultores para que aporten “hasta mil litros por segundo” de agua y otro con 38 empresas por 200 litros por segundo.

Y apenas el 20 de julio, el Ejército informó sobre la activación del Plan DN-III, con 76 agentes militares y 14 cisternas.