Daniel Medrano · 30 de abril de 2026
El 30 de junio de 2026 es la fecha límite en México para que las personas realicen el registro de sus líneas celulares en el padrón de usuarios de telefonía móvil, pero ¿qué pasará si no llevas a cabo este trámite?
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió los lineamientos para la creación de un nuevo padrón de telefonía móvil, con el cual cada una de las líneas celulares debe vincularse a una persona física y moral.
Los usuarios deberán vincular su línea telefónica con su Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación vigente, sin importar si son clientes de Telcel, AT&T, Movistar, etcétera.
El gobierno federal afirma que esta medida ayudará a frenar el delito de extorsión en el país; sin embargo, José Flores, director de comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y maestro en comunicación y medios digitales, detalla que este tipo de registros existen en varios países del mundo, pero hasta el momento no hay pruebas ni antecedentes de que esta medida sea efectiva para combatir este crimen.
Sin embargo, añade, lo que sí se ha observado es un desplazamiento en cuanto a algunas conductas delictivas, como el surgimiento de algunos mercados ilegales de tarjetas SIM, así como su clonación y la suplantación de líneas.
“Se ha registrado ya el robo de teléfonos móviles porque es ingenuo pensar que los criminales van a utilizar líneas asociadas con su nombre; para lo que sí funciona el registro de líneas es para desanonimizar la actividad de las personas en su vida diaria y ese es el objetivo que tiene el gobierno federal”.
En ese sentido, José Flores puntualiza que el fin es tener rastreados todos los movimientos de las personas, esto con diferentes objetivos como la prevención del delito o incluso para evitar la evasión fiscal.
Los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles establecen que, transcurrido el plazo para realizar el registro —30 de junio—, toda línea que no se encuentre asociada con un usuario final identificado será suspendida.
Por lo anterior, José Flores explica a El Sabueso que una vez que la línea sea suspendida, los usuarios no podrán hacer uso del servicio de telefonía, no se podrán enviar mensajes de texto ni tampoco se podrán usar los datos móviles.
En caso de la suspensión los usuarios solamente van a poder usar la línea para llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana.
“La línea va a quedar activa solamente para servicios de voz de emergencia, como marcarle al 911, pero el resto de los servicios van a quedar cancelados. En el caso de WhatsApp no van a poder utilizarlo con datos móviles, va a ser necesario conectarse a una red inalámbrica de Wi-Fi.
Incluso, aquellas personas que tengan un plan de renta, es probable que sigan recibiendo el cargo mensual correspondiente aunque no se pueda acceder al servicio.
Cabe mencionar que en los lineamientos no se describe que se vaya a imponer una multa económica o sanción a aquellas personas que no realicen la vinculación.
De acuerdo con la CRT, hasta el 19 de abril se habían registrado 30.2 millones de líneas celulares, de las más de 158 millones activas en el país, es decir, a poco más de dos meses de la fecha límite solamente el 19.11 % de las líneas se han vinculado.
Víctor Ruiz, fundador de SILIKN, emprendedor tecnológico y especialista en ciberseguridad, explica a El Sabueso que todo el proceso de registrar la línea telefónica no ha sido transparente, pues se le ha brindado muy poca información sobre lo que implica hacer este procedimiento, lo que ha generado desconfianza en los usuarios, razón por la que no han querido realizar la vinculación.
“¿Ya vinculaste tus datos con tu línea telefónica?”, fue la pregunta que El Sabueso le hizo a 15 personas, de las cuales solamente una respondió que ya había hecho el procedimiento. Cuando se les preguntó a las otras 14 el motivo por el que no lo habían realizado coincidieron en que es por miedo a la pérdida de la privacidad o al robo de datos.
“No lo pienso registrar por ahora, y además para como está la ciberseguridad en México” y “sea como sea no voy a registrar la línea”, fueron algunas de las respuestas que los usuarios compartieron con El Sabueso.
José Flores y Víctor Ruiz coinciden en que hasta este momento se desconoce cuál va a ser el proceso para recuperar la línea una vez que haya sido suspendida.
Otro detalle importante es que no se tiene una certeza ni información de cómo se va a llevar a cabo la suspensión de la línea, se desconoce si todas se van a cancelar el mismo día o si será un proceso escalonado.
“No sabemos cómo va a ser el proceso para la recuperación de la línea si es que una persona no la registra, no sabemos cuánto tiempo tardará, pues estamos todavía con esa incógnita de cómo va a ser el proceso llegado ese escenario”, añade José Flores.
No obstante, Víctor Ruiz destaca que ha habido poca transparencia sobre lo que va a pasar después de la fecha anunciada, pero sentencia que, en caso de que se pueda llevar a cabo el proceso después del 30 de junio, se corre el riesgo de que se caigan las plataformas de las compañías telefónicas debido a la saturación.
Ambos especialistas añaden que, al ser una medida obligatoria, no existe una alternativa real para evitar realizar la vinculación entre la línea telefónica y la identidad de un usuario.
Los usuarios no serán los únicos perjudicados en caso de hacer la vinculación, ya que, según advierte Víctor Ruiz, si al llegar la fecha límite todavía son millones las personas que no realizaron el registro, esto implica un gasto millonario para las compañías telefónicas.
“A empresas de telecomunicaciones como Telcel y AT&T les afectaría mucho que tuvieran que cancelar millones de líneas y dejarlas inhabilitadas porque es un gran costo para estas”, menciona el especialista.
Aunado a lo anterior, las pérdidas económicas no terminarían ahí, ya que si los usuarios intentan volver a habilitar sus líneas, al costo de la cancelación se le sumaría el de volver a activar el servicio.
Grupo Expansión señala que el registro implica un gasto de más de 4,054 millones de pesos, de los cuales estima que 22 millones corresponden al desarrollo de la plataforma de registro, mientras que los otros 4,031 millones serán para la validación de identidad.