Luis Fernando Lozano · 23 de agosto de 2024
El dictamen para la reforma judicial impulsada por Morena asegura que con ella los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación (PJF) y de las entidades federativas serán respetados “en su totalidad”. El presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum también hicieron esa afirmación.
Y en la iniciativa sí se establece que el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral tendrán que pagarse con recursos del presupuesto de egresos de cada año, al extinguirse los fondos y fideicomisos del Poder Judicial.
Sin embargo, al plantear la designación de funcionarios por voto popular, la desaparición del Consejo de la Judicatura y la conformación de una nueva escuela de formación, la reforma pone en entredicho el sistema de carrera judicial, un mecanismo que permite a trabajadores de los juzgados y tribunales aspirar a un cargo superior como el de jueces o magistrados a través de exámenes de oposición y otras pruebas de conocimientos.
“Ellos se verían afectados en poder ascender a través de sus conocimientos personales y las evaluaciones que ya están bien determinadas en el mismo Poder Judicial. Yo creo que sí trae una renuncia de derechos de los trabajadores”, explicó José Manuel Cervantes, académico de la carrera de Derecho de la FES Aragón de la UNAM.
La jueza Juana Fuentes, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed), explicó que la carrera judicial tiene como máximo cargo el de magistrado. “Tú eres primero oficial, luego haces tu examen de actuario, luego de secretario, luego de juez; y con la reforma, las categorías más altas son las de juez y magistrado, y ellos (los trabajadores) ya no podrían tener derecho de escalafón”, advirtió.
“Hay gente que ya tiene el examen acreditado de juez y con esta reforma, ya no podrían ser juez”, agregó.
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El dictamen refiere la designación de un órgano de administración judicial conformado por cinco integrantes que designen la Presidencia, el Senado de la República y el pleno de la Suprema Corte, que cuente con un órgano auxiliar de autonomía técnica denominado Escuela Nacional de Formación Judicial, que con lo que estipule la ley aprobada se encargue de la evaluación, certificación y actualización del personal de carrera judicial, así como de llevar a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial “en términos de las disposiciones aplicables”.
Actualmente el Consejo de la Judicatura, que desaparecería con la reforma, tiene una Escuela Federal de Formación Judicial, sin que haya certeza sobre qué elementos se podrían conservar de su funcionamiento, a nivel nacional, y además considerando que el ascenso a cargos de ministras, magistrados y jueces ya solo será mediante voto popular.
“No sabemos cómo va a venir la nueva Ley de Carrera Judicial. Entonces, probablemente abroguen esta que existe, o la reformen mediante cambios que están en veremos. Y cuando se dice que van a respetar derechos laborales, pues les van a dar lo que les corresponde si se van, pero no se sabe cuál sería el nuevo régimen. Todo eso es incertidumbre”, comentó el abogado Luis Eliud Tapia.
En entrevista radiofónica con Azucena Uresti, el ministro Javier Laynez explicó que además con la elección de las personas juzgadoras, magistradas y ministras, no hay certeza sobre si tendrán pensión al retiro, además de que continuarán los impedimentos para litigar durante dos años a su salida del cargo y no pueden obtener otros ingresos durante su encargo.
“Cada nueve años vas a estar yendo a elección. Todos los impedimentos los mantienen igual, un juez, un magistrado, una ministra, un ministro, nosotros no podemos obtener ningún ingreso adicional. Pero además, dos años después de que concluimos, no podemos litigar. Entonces, (al dejar el cargo) lo están mandando fuera y no vas a poder litigar, y no hay liquidación, ni pensión ni nada. ¿Cómo me pueden decir que no están destruyendo la carrera judicial?”, dijo.
También cuestionó que el dictamen propone que jueces y magistrados electos por voto popular vayan a ser evaluados en su primer año de labores, y en caso de no aprobar la evaluación, sigan en su cargo, y con la opción de una nueva evaluación a cambio de capacitarse y otras actividades para reforzar sus competencias.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, mencionó al respecto: “Hay un tema de carrera judicial; en uno de los viajes recientes que hice… una mujer que trabaja en el Poder Judicial me dijo. ‘¿Qué va a pasar para los que hacemos examen para secretario, para, todo lo que tiene que ver con un juzgado?’ Y eso permanece, eso no, también lo dice ahí la iniciativa.
“Ayer (lunes) salió en La Jornada que, no sé cuántos casos había de nepotismo. Es una cosa impresionante; yo dije 67 y ahí se habla de miles. Entonces, ahora van a tener oportunidad de ser jueces, magistrados y ministros, cuando antes, en realidad era más dedazo que examen”.
Pero en el dictamen respaldado por Morena, como mencionaron especialistas, no hay certeza sobre que las personas que ya acumulan experiencia en el poder y en la carrera judicial sean postuladas por los tres poderes para ser jueces, magistrados o ministros, y tampoco se define un filtro claro para evitar que haya vínculos familiares.
La iniciativa plantea un proceso de selección en que comités de los tres poderes evaluarán a los aspirantes con un ensayo, cartas de recomendación, así como las calificaciones de la universidad, con el requisito de tener promedio arriba de 8. Y además se plantea un sorteo, para tener la lista definitiva.
Sobre las acusaciones de nepotismo, la presidenta de la Jufed comentó que hay “una propia ley publicada en el Diario Oficial de la Federación que justamente, para que tú puedas ser juez, no te pueden adscribir en el lugar donde está tu familia. (…) Y la hizo Zaldívar y justamente la hizo para que ese tema del nepotismo quedara muy bien cuidado y no afectara que, por el hecho de que fuese magistrado o juez, ya su papá o sus hijos iban a quedar en los puestos de juez o magistrado” es ese mismo lugar.

Otro cambio que podría afectar los derechos laborales, según especialistas, es la reducción del salario máximo de los trabajadores de mayores salarios, lo que implicaría una reducción en el pago a otros niveles jerárquicos de trabajadores de juzgados y tribunales.
El dictamen de la reforma señala que ningún funcionario ganará más que el sueldo que percibe el presidente, que para 2024 es de 128 mil 205.26 pesos mensuales netos.
Mientras que según datos del Consejo de la Judicatura Federal, el rango de los sueldos de los jueces va de 128 a 136 mil pesos al mes, y los salarios de magistrados superan los 143 mil pesos. Es decir, que en caso de aprobarse la reforma, los sueldos de ambos cargos tendrán que reducirse.
Este ajuste también podría presionar a la baja los ingresos del resto de los niveles salariales, señaló Cervantes.
Por ejemplo, en el tabulador de salarios de la Suprema Corte, el salario máximo de los ministros es de 206 mil 948 pesos. Mientras que los cargos de secretarios generales de Acuerdos y de la Presidencia, coordinador general de asesores de la Presidencia y oficial mayor y contralor tienen un tope de 127 mil 420 pesos, muy cercano al salario del presidente. Por lo que al reducir el ingreso de las ministras y ministros, los salarios de estos cargos también tendrán que disminuir.
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Además, el condicionamiento del haber de retiro a que los ministros de la Corte no participen en la elección extraordinaria implica una renuncia a derechos laborales, como la continuidad laboral, detalló.
“Ellos son trabajadores y también tienen sus propios derechos y sus propias prerrogativas. Si ya son sus derechos adquiridos… quitarles cualquier prestación es afectar sus derechos individuales de trabajo y una violación al principio de irrenunciabilidad de derechos”, detalló Cervantes.
*Con información de Diana Soto y Óscar Nogueda