Daniela Martínez Martínez · 30 de septiembre de 2025
El 16 de julio entró en vigor una reforma a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal, conocida como ley antilavado.
La Cámara de Diputados la aprobó con la mayoría de Morena y aliados, mientras que la oposición acusó abusos con esta legislación, incluidas posibles afectaciones a personas que trabajan en la informalidad y realizan depósitos de dinero en efectivo.
Esta ley se emitió por primera vez en 2012 y desde su creación tiene el propósito de regular el uso de dinero en efectivo para prevenir el movimiento de recursos obtenidos ilegalmente, explica en entrevista con El Sabueso el abogado especialista en derecho fiscal Daniel Ahumada Ramírez.
Con esta reforma, continúa el abogado, las autoridades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrán más herramientas para cruzar información de bancos y detectar inconsistencias entre los ingresos declarados y los gastos realizados.
“Si antes esta ley afectaba al comercio informal en 60 a 65 por ciento, de acuerdo con los datos disponibles, con las reformas va a afectar entre 80 y 85 por ciento. Ese no es el objetivo principal de la reforma, pero sí le impacta”, afirma.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) comunicó que esta reforma puede generar sobrerregulación y también afectar la operación diaria de miles de empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas.
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La abogada penalista Leslie Idalia Jiménez Urzua, de Impunidad Cero, asegura que la reforma no implica que cualquier persona que realice pagos en efectivo o depósitos en su cuenta quede automáticamente sujeta a investigación.
Dependiendo de la actividad, la ley establece montos ante los cuales es posible emitir un aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Estos montos están determinados por el valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), que actualmente equivale a 113.14 pesos.
Por ejemplo, en el caso de tarjetas de servicios o de crédito se puede emitir un aviso cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o mayor a 805 UMA, alrededor de 91,000 pesos, y cuando supere las 1,285 UMA, aproximadamente 145,000 pesos. En tarjetas prepagadas, cuando se realicen abonos de 645 UMA o más, es decir, unos 73,000 pesos.

El abogado constitucionalista Carlos Prado advierte que el establecimiento de estos nuevos montos sí pueden provocar que más personas en el negocio informal entren en la mira de las autoridades.
Si además de superar estas cantidades, la persona no está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), entonces generará más sospecha ante la UIF, agrega el abogado Ahumada Ramírez.
Los especialistas consultados coinciden en que una de las preocupaciones con esta reforma es la ambigüedad de ciertos términos, como el de “actividades vulnerables”, es decir, la lista de los sectores propensos al lavado de dinero.
Señalan que la falta de precisión puede generar miedo o incertidumbre entre la población sobre si la actividad que realizan puede considerarse como tal.
Además, al tratarse de un área del derecho muy técnica no es tan fácil encontrar abogados especializados, lo que genera más dificultades para las personas que se vean imputadas o investigadas por este tipo de conductas, indica Jiménez Urzua.
Otro término que generó inquietud por ser muy amplio es el de “personas políticamente expuestas”, que se refiere a quienes desempeñan o han desempeñado funciones públicas, así como a personas relacionadas con ellas y que serán sujetas a mayor vigilancia.
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Los especialistas coinciden en que esta reforma y otros cambios fiscales recientes, por ejemplo el nuevo monto transaccional del usuario (MTU), surgen a partir de exigencias de organismos internacionales, como del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Sin embargo, señalan que la ambigüedad puede provocar riesgos o abuso de poder al momento de aplicar la ley.
Las recomendaciones de los especialistas para protegerte si tienes un negocio pequeño o manejas principalmente efectivo son:
El abogado Ahumada Ramírez afirma que esta reforma complica más a las pequeñas y medianas empresas, ya que exige evidencia detallada de los clientes y actividades. Por ejemplo, incluso gastos reales, como un curso de capacitación, deben estar respaldados con facturas, contratos y, en algunos casos, fotografías o manuales, lo que genera costos adicionales para las empresas.
Aclara que si los documentos o actividades no son reales, se trata de un delito. Sin embargo, aunque sean legítimos, la necesidad de recopilar tanta evidencia significa una mayor carga administrativa y económica para los pequeños negocios.
La Coparmex y Ahumada Ramírez coinciden en que es importante que los negocios pasen de la informalidad a la formalidad y que se cumplan con los estándares internacionales, pero advierten que esto debería de hacerse de manera gradual y con acompañamiento técnico para los empresarios.
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