León Ramírez · 12 de julio de 2022
El gobierno mexicano presume una disminución en el número de secuestros durante los últimos tres años, pero los indicadores con que intentan respaldar esos dichos se quedan cortos para medir el verdadero impacto de ese delito en el país, o son imprecisos.
En primer lugar, destaca que sólo son denunciados 1.4 de cada 100 secuestros en México, según estimación del INEGI. Es decir, predomina y ha ido en aumento este sexenio la llamada “cifra negra”, con cientos de casos que nunca llegan a los registros oficiales.
Y además, está el tema de la clasificación que hace el Secretariado Ejecutivo, a partir de lo que reportan las fiscalías de los estados. Se permite registrar delitos en la categoría de “otros”, sin dar más detalles de sus características.
“Cifra negra”, más delitos sin denuncia
“El secuestro se ha reducido en un 44%”, dijo el presidente López Obrador al presentar la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, el 1 de julio pasado.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que sí hay una reducción de 42.9% en el delito de secuestro si se comparan los primeros cinco meses del 2018 –615 víctimas–, contra los primeros cinco de 2022 –351–.

Sin embargo, como ya mencionamos, este “logro” deja fuera que en México el secuestro es el delito con mayor subregistro, con 98.6%, según la estimación del Inegi en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
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Es decir, de acuerdo con estos datos, por cada 100 secuestros solo 1.4 entraron al registro, mientras que en 98.6 no hubo denuncia o bien las autoridades decidieron no iniciar una carpeta de investigación.
Tal situación, conocida como “cifra negra”, se ha incrementado desde que López Obrador asumió el cargo.
En 2018 el secuestro tenía un subregistro de 91.2%; en 2019 pasó a 93.9% y en 2020, con la información más reciente, se ubicó en 98.6%, más que cualquier otro delito.

“Estamos ante un aumento en el subregistro de información, en cuanto a cifra negra de secuestros”, explica en entrevista Daniela Osorio, investigadora de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Y, como se puede ver en la gráfica del Inegi, esto sucede también con la extorsión, el fraude, robo de vehículos y robos en casa habitación.
Al respecto, Angélica Canjura, investigadora de Causa en Común, señala que “tenemos una cifra negra altísima que nos impide ver con claridad cuáles son las cifras de delito que hay en el país. Lo que nos da el Secretariado es solamente una mínima porción, una décima parte de los delitos que ocurren en el país”.
Osorio también comenta que es necesario atender la creciente cifra negra: qué sucede con las víctimas que quedan fuera del conteo, por qué no acudieron a denunciar o cuáles fueron las razones de los Ministerios Públicos para no atender estos casos.
Por otro lado, la base de datos del SESNSP exhibe que, mientras hay un descenso en los secuestros, el conjunto de “Víctimas de delitos contra la libertad personal” ha crecido 12.8% de 2018 a 2021, debido por la categoría de “otros”, que carecen de detalles.

Como se puede ver en la tabla anterior, las víctimas de secuestro representan solo el 3.2% de todas las personas que vivieron delitos contra la libertad personal, mientras que los “otros”, que van en aumento y se presentan sin desglose, abarcan el 96.1%.
Y, como se puede ver en la siguiente gráfica, mientras los secuestros han disminuido, los “otros” aumentan.

Según el manual de registro del SESNSP, esta categoría de “otros” incluye intermediación, colaboración, asesoría, intimidación a la víctima; “otros actos relacionados con la privación ilegal de la libertad”.
También autosecuestro, desaparición forzada de personas cometidas por particulares, retención y sustracción de incapaces, o “cualquier otro que reúna los supuestos de conducta antes expuestos”.
Las especialistas consultadas lamentan lo ambiguo de esta clasificación.
“Desafortunadamente, como el reporte que entrega el Secretariado Ejecutivo no es amplio en cuanto al desglose de víctimas que incluyen en esta subcategoría, no podemos tener certeza de qué está pasando con los ministerios públicos y las fiscalías, que son quienes reportan información al Secretariado”, señala Osorio.
“Esa es una de las mayores trampas que nos encontramos para poder hacer un análisis real de los datos del Secretariado”, comenta Canjura.
“Los datos del secretariado solamente hablan de una décima parte de los delitos que ocurren en el país, y esa décima parte tiene sus trucos para la clasificación, y cuando tenemos categorías como ‘otros’ ahí es donde se nos van muchos delitos que ya no podemos analizar”.
“No tenemos los datos reales de un delito que tiene 98% de cifra negra, se nos pierden en esos datos de ‘otros’ porque cada fiscalía lo toma como mejor le parece”, concluye.