Puerto Rico es territorio de Estados Unidos, pero también símbolo de resistencia latina

Puerto Rico no es un país independiente, pero tampoco es un estado como Texas o California, más bien se encuentra en una categoría jurídica intermedia conocida como Estado Libre Asociado. El nombre sugiere soberanía, pero en términos constitucionales la isla es un territorio estadounidense no incorporado, es decir, tiene gobernador, legislatura y administración propia, pero las decisiones últimas siempre residen en el Congreso de Estados Unidos.   

A diferencia del caso de las Islas Marshall, que son un país soberano en libre asociación, o del de Hawái, que es un estado plenamente incorporado, Puerto Rico es parte del territorio estadounidense, pero sin estar integrado al pacto federal. 

Una ciudadanía parcial con identidad completa 

Desde 1917, los puertorriqueños también son ciudadanos estadounidenses. Dicho estatus les permite tener el mismo pasaporte, acceder a fondos federales y tener una economía integrada a la del resto de Estados Unidos. Sin embargo, si viven en la isla no tienen derecho a votar por el presidente ni elegir congresistas con derecho a voto. Su única representación federal es un comisionado residente que no puede votar en el pleno.      

Según análisis del Pew Research Center, esta condición coloca a Puerto Rico en una situación única en el mundo: ciudadanía sin representación política plena. Un puertorriqueño puede ejercer voto en las decisiones de la isla… siempre y cuando no viva en ella. Desde entonces, una problemática ha sido planteada por diversos expertos: ¿cómo se puede ser plenamente ciudadano y, al mismo tiempo, estar políticamente subordinado? 

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La internacionalista y comunicadora Dessy Gutiérrez lo explica así: “En ese sentido, sí es una ciudadanía parcial porque, si resides en la isla, no tienes la capacidad de tomar un voto decisivo para aquellas personas que puedan velar por tus intereses. La única vez que tienen la capacidad de votar por alguien es si vives en un estado que se ha incorporado a Estados Unidos. Entonces es ahí donde sí vemos esta contraparte desigual”.

Para el resto de Estados Unidos, incorporar a Puerto Rico como estado implicaría otorgarle representación completa en el Congreso. Pero reconocer su soberanía implicaría perder un control estratégico sobre la isla. La zona gris en la que se mantiene ofrece más ventajas a Washington que una redefinición de su situación jurídica. Mientras tanto, los costos políticos, sociales y económicos los absorben los puertorriqueños.

“Sabemos que indudablemente a quien le conviene tener en sus manos a Puerto Rico es Estados Unidos, y más en materia fiscal y económica. Es muy cómodo poder tener la apropiación de un territorio que es jugoso en recursos naturales sin darle representación directa en Senado y Congreso”, explica la especialista.

Así, Puerto Rico queda en la ambivalencia: es parte del territorio estadounidense, pero marginado del “Estados Unidos continental”.

El trato actual hacía Puerto Rico

Desde 2004 la población de Puerto Rico ha caído desde cerca de 3.8 millones hasta alrededor de 3.2 millones en 2025, según estimaciones del U.S. Census Bureau. Al mismo tiempo, más puertorriqueños, aproximadamente entre 5.8 y 6.1 millones, residen hoy en los 50 estados y Washington, D. C. que en la propia isla.

El gobierno ha impulsado incentivos fiscales bajo la Ley 60 para atraer capital estadounidense. Sin embargo, esta política ha tenido efectos en la especulación inmobiliaria y en el desplazamiento de residentes locales. La legislación permite que grandes inversionistas estadounidenses paguen 0 % en impuestos si establecen residencia en la isla al menos 183 días al año, adquieran una propiedad y realicen aportaciones a organizaciones sin fines de lucro. 

En el papel, la medida se presentó como una estrategia para dinamizar la economía tras los desastres naturales y la crisis fiscal. No obstante, un informe citado por Associated Press, basado en evaluaciones de la Government Accountability Office, pone en duda que estos incentivos generen un impacto positivo en la economía local. 

En “Puerto Rico: paraíso de gringos, infierno de boricuas”, AJ+ Español documentó cómo zonas específicas han sido prácticamente privatizadas por estos nuevos residentes, incluidos accesos restringidos a playas y áreas naturales. La también activista lo explica de esta manera:

“La ley 60 busca atraer inversionistas de alto poder adquisitivo para que tengan 0 % de impuestos sobre ganancias de capital. Pero esto ha avanzado muchísimo la gentrificación y el desplazamiento de locales en zonas que ahora son zonas de lujo cuyos precios son impagables. Incluso estos inversionistas no están obligados a aprender español y, como consideran que sigue siendo Estados Unidos, en la práctica obligan a los locales a hablar todo el tiempo inglés”.  

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El fenómeno se asemeja a procesos que han ocurrido en otros países de América Latina: especulación inmobiliaria, exenciones fiscales totales y privatización de espacios naturales. El trato hacia Puerto Rico se parece más al que tienen con cualquier otro país latino rebasado por la potencia estadounidense. La diferencia es que, en teoría, Puerto Rico sí es parte de Estados Unidos.

Capital externo, desplazamiento de residentes locales y una presión cultural que privilegia el inglés sin fomentar el español evidencian el trato desigual entre dos identidades que comparten el mismo pasaporte.

Identidad nacional sin estado soberano

Puerto Rico cuenta con una bandera, lengua dominante, símbolos culturales propios y una memoria histórica marcada por la Conquista. La isla cumple con lo que Dessy Gutiérrez describe como una “identidad nacional sin estado soberano”.

“A nivel puertorriqueño se denomina este fenómeno como una identidad nacional sin estado soberano. Tienen todos los elementos para ser un país propio, con bandera y población, pero la relación política con Estados Unidos no los deja. A pesar de ello, los puertorriqueños siguen sosteniendo su soberanía, que no son completamente gobernables y cuya parte cultural nadie la toca”.

En el pasado hubo intentos directos de asimilación por parte de Estados Unidos. La llamada Ley Mordaza de 1948 prohibía el uso de la bandera puertorriqueña, penalizaba cantar canciones independentistas y criminalizaba expresiones que aludieran a la soberanía. Lejos de borrar la identidad, estos episodios la reforzaron.La confrontación con Estados Unidos, que posee el ejército más grande del mundo, dejó de ser armada y evolucionó hacia el terreno cultural.

La cultura como declaración política

El reguetón se convirtió en una exportación global sin depender del marco cultural estadounidense. A través de la música, la identidad boricua se internacionalizó. Hoy es difícil no escuchar de Bad Bunny, Ricky Martin o Daddy Yankee, artistas puertorriqueños que no ocultan su orgullo nacional ante el mundo pop.

El ejemplo más reciente fue la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX. Con símbolos nacionales, referencias a la crisis energética y una bandera en tono azul claro asociada con el independentismo, el espectáculo fue una afirmación cultural dentro del escenario mediático más grande de Estados Unidos.

No fue un acto separatista ni un ataque político explícito contra la política hemisférica de Donald Trump, sino algo más complejo e igual de potente: una declaración de identidad basada en la unión de todo el continente. “Lo único más poderoso que el odio es el amor”, decía la pancarta que cerró el show. Mientras tanto, banderas de países de toda América, incluidos Estados Unidos y Canadá, ondeaban bajo esa misma frase en el país que recientemente acaba de declarar una guerra comercial al mundo. 

Dessy Gutiérrez concluye: “Las movilizaciones independentistas fueron violentadas muchas veces a través de la historia, pero eso generó otras formas de pelear. No nada más es resistir al poder que intenta cambiarte, sino seguir reforzando el hecho de que no vas a cambiar. Creo que esa identidad se ha vuelto cada vez más fuerte. Es una forma de resistir sin violencia y de decir: en nuestra cultura nadie nos toca”.

En un momento en que Washington redefine su discurso de control hemisférico, la isla funciona como espejo regional de resistencia a pesar de que jurídicamente es parte de su territorio. Un discurso que no adopta la forma de una ruptura política, sino que nace y se sostiene en la cultura, en la identidad y la unidad.

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