Violencia digital en el IPN: el caso que llegó a un juicio oral

Dos de las ocho estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que denunciaron a Diego N, su entonces compañero de clases, por alterar sus fotografías con inteligencia artificial y comercializarlas, están a punto de conseguir una sentencia histórica.

Está previsto que en una audiencia este 4 de diciembre el juez Francisco Salazar Silva dicte sentencia, y para eso tuvo que pasar poco más de un año y tres etapas de un proceso que forma parte del nuevo sistema de justicia penal, implementado desde 2016 con la prioridad de proteger los derechos de las víctimas y la presunción de inocencia.

El 15 de marzo, las dos carpetas de investigación por las que está imputado Diego N fueron acumuladas en una misma. Aunque el proceso tenga un mismo juicio, en caso de comprobarse su culpabilidad, será sentenciado por cada una de las imputaciones.

En El Sabueso te explicamos en qué consiste todo este proceso con ayuda de la abogada del caso, Valeria Martínez Mondragón, y Javier Carrasco, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP). 

 

Para saber más: Estudiantes del IPN buscan sentencia histórica contra Diego N por violencia digital con inteligencia artificial

La denuncia presentada por estudiantes del IPN

Un caso bajo el nuevo sistema de justicia penal puede empezar de dos formas: con la presentación de la denuncia o con la detención en flagrancia, es decir cuando se está cometiendo el delito.

En el caso de violencia digital en el IPN, el 6 de octubre de 2023, alumnas de Mercadotecnia Digital detectaron en flagrancia a Diego N, entonces compañero de la misma carrera. El estudiante fue puesto a disposición de las autoridades de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Santo Tomás, y resguardaron su iPad.

Ahí tenía fotografías íntimas de mujeres, unas reales de sus compañeras de clase, y otras manipuladas con inteligencia artificial, mismas que usaba con fines de explotación sexual digital. Son alrededor de 160 mil imágenes y 2 mil videos, según la abogada.

En el nuevo sistema de justicia penal es un deber de la autoridad, ya sea policía y Ministerio Público, recibir la denuncia de la persona víctima. Así, las estudiantes se organizaron y fueron en total ocho mujeres las que denunciaron formalmente a Diego N ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, teniendo un total de ocho carpetas de investigación. 

A Diego N lo acusan de ser presunto responsable de cometer el delito de violación a la intimidad sexual contra las estudiantes del IPN, por elaborar contenido sexual íntimo real o simulados de una persona sin su consentimiento. Además, el 9 de marzo fue vinculado a proceso por trata de personas en la modalidad de almacenamiento de material fotográfico de menores de edad realizando actos sexuales reales, o sea, una carpeta de investigación distinta.

“El ministerio público, cuando recibe la denuncia, comienza a investigar los hechos y ahí comienza a realizar todos los actos de investigación, si necesita entrevistar a más personas, por ejemplo, o necesita realizar peritajes o cualquier cosa”, explica Javier Carrasco, del IJPP.

Primera etapa: la investigación 

En el nuevo sistema de justicia penal existen tres etapas y cada una es supervisada por un juez distinto. Durante la primera etapa, de investigación, se da una audiencia inicial con la que comienza el proceso penal, y un juez de control está encargado de revisar si la persona fue detenida legalmente, si hay probabilidad de que cometió el delito.

El juez de control puede imponer medidas cautelares al imputado para evitar que se fugue, obstaculice la investigación o dañe a la víctima. El ministerio público tiene hasta 48 horas para tomar estas decisiones. 

Fue así que el 9 de octubre de 2023, el Ministerio Público dejó libre a Diego N después de las 48 horas de su detención, descartando la medida cautelar de prisión. Ante ello, las estudiantes del IPN buscaron apoyo contactando a diferentes organizaciones, asociaciones, colectivas, entre ellas la activista Olimpia Coral, y lograron que su agresor fuera detenido.

“A la persona acude al ministerio público le asignan un asesor jurídico o puede llevar su propio representante legal”, agrega Javier Carrasco.

Valeria Martínez Mondragón tomó el caso de violencia digital en el IPN para apoyar a las estudiantes porque ningún abogado quería llevar la representación jurídica, y porque ellas tampoco contaban con los recursos económicos para pagar los honorarios.

El 16 de octubre el IPN dio de baja definitiva a Diego N. Y tras el seguimiento por la posible comisión del delito contra la intimidad sexual que denunciaron las ocho estudiantes del IPN, agentes de la policía de investigación cumplimentaron una orden de cateo en la alcaldía Álvaro Obregón, durante la cual lo aprehendieron de nueva cuenta el 26 de octubre de 2023. 

Desde entonces está en el Reclusorio Oriente, y así, con él detenido, continuó la investigación por varios meses, hasta que  llegó la etapa intermedia. 

Segunda etapa: intermedia

Si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable, presentará su acusación ante el juez de la segunda etapa, la intermedia. En el caso de las estudiantes del IPN, comenzó en el mes de junio.

“En esta etapa intermedia, el ministerio público acusa formalmente, manda un escrito que se llama escrito de acusación al tribunal, donde ahí precisa qué delito es, todas las cuestiones jurídicas y pone una lista de los testigos, los peritos, las fotografías, todo lo que tenga como como pruebas que va a presentar en el juicio”, comenta Javier Carrasco.

En la etapa intermedia el imputado y la víctima, a través de sus abogados o por ellos mismos, proponen las pruebas que presentarán en el juicio. El Juez de Control debe decidir cuáles se admitirán.

“Nosotras ya hemos presentado todos los medios de prueba pertinentes, ya desahogamos los testimonios, las periciales. En realidad ya solamente estábamos esperando que la defensa hiciera lo propio pero no hizo nada, ahora cambió su estrategia y estamos en espera de presentar los argumentos de clausura, que es lo que nos corresponde a cada una de las partes, para que el juez pueda presentar una sentencia”, explicó Valeria Martínez Mondragón, abogada del caso. 

Tercera etapa: juicio oral

En el juicio oral el Ministerio Público (acusador) y la defensa (acusado) dan sus posturas. El debate es presidido por un Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por uno o tres jueces, y en el caso de violencia digital del IPN, el juicio comenzó el 6 de noviembre de este año y desde entonces se realizan audiencias cada miércoles. 

El juez de juicio oral, en este caso Francisco Salazar Silva, debe escuchar a las partes y valorar las pruebas que se desahogaron en los interrogatorios. 

La organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. ha documentado que este juez de Control en el Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México no ha dictado en otros casos la sentencia máxima en casos de violencia familiar o tentativa de feminicidio.

No dio la pena máxima de 70 años a los autores materiales del feminicidio de Abril Pérez, asesinada a tiros en 2019 frente a sus hijos. Únicamente fueron sentenciados a 52 años de prisión.

En el nuevo sistema de justicia penal, la víctima ahora tiene mayor presencia porque puede participar activamente en la investigación y en el juicio, ofreciendo pruebas, recibiendo información sobre los avances, asesoría legal, atención médica y psicológica y con su derecho a exigir se le repare el daño.

“Muchas veces, por ejemplo, al ministerio público le faltan aspectos de reparación del daño o contexto de víctimas. Entonces, a través de su asesor, puede solicitar que se le agregue información a esa acusación”, explica Javier Carrasco.

Para este 4 de diciembre está prevista una audiencia en la que el juez dicte la sentencia y determine la culpabilidad o inocencia del imputado, la cual tiene que ser leída y explicada de una manera clara y precisa. Esto, tras cuatro audiencias de juicio oral que han tenido dos de las estudiantes del IPN, cada miércoles desde el 6 de noviembre.

Si el acusado es declarado culpable, el caso termina hasta la audiencia de individualización de pena, donde el juez determina el número de años en prisión. Por lo tanto, puede convocar a una audiencia más al día siguiente.  

Según el Gobierno de México, todas las audiencias y el propio juicio serán orales y a la vista de todas las personas interesadas, es decir públicos. Esto no ha ocurrido en el caso de violencia digital en el IPN, aunque la abogada lo solicitará para este 4 de diciembre.

“Vamos a pedir que medios de comunicación también puedan ingresar a la sala”, aseguró Valeria Martínez Mondragón.

Fotografía: Luz Rangel