Redacción · 19 de enero de 2025
En los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, los operativos federales contra el crimen aumentaron más de 500%, “y los detenidos, armas y kilogramos de drogas decomisadas más de 1000%”, en comparación con el mismo periodo durante el sexenio de Andres Manuel López Obrador, refiere el Balance de Seguridad presentado por la organización México Evalúa.
“Aunque la presidenta y su secretario de seguridad pública han insistido en que su estrategia está basada en la inteligencia y que hay continuidad en lo que se refiere a la atención a las causas sociales, la evidencia muestra que
la extinción de la ‘política de abrazos, no balazos’ forma parte de las realidades del segundo piso de la denominada
Cuarta Transformación”, señala el documento.
Los enfrentamientos entre las fuerzas federales y el crimen organizado se duplicaron, centrándose en los estados de Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Chiapas.
En la mayoría de los casos ocurrieron contra organizaciones criminales como Gente Nueva Guerrero, Los Granados, Cártel Tepito la Unión, La Familia Michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Chapos y La Mayiza.
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Sin embargo, durante los primeros 100 días de Sheinbaum y pese a la nueva estrategia de seguridad, no existe evidencia de que los homicidios dolosos en el país disminuyeran. En total se registraron 7 mil 288 homicidios dolosos y los registros diarios muestran que no se trata de un delito a la baja, sino que es fluctuante.
Las entidades gobernadas por Morena son las que tienen el mayor índice de asesinatos. Por ejemplo, por cada 100 mil habitantes, el estado de Colima sufrió 24.4 homicidios dolosos, Guerrero 16.7, Morelos 16.4, Sinaloa 16.3, Baja California 11.9, Guanajuato 11.3, Chihuahua 11.1 y Tabasco 10.
Mientras que los estados de Tabasco, Baja California Sur y Sinaloa son los que tuvieron el mayor aumento en el número de homicidios. Se trata de un alza del 262.3%, 202.7% y 72%, respectivamente, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El balance publicado por México Evalúa muestra que Claudia Sheinbaum decidió continuar con el discurso de pacificación de López Obrador a través de la entrega de apoyos economicos, pero existe una diferencia notable: el papel de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, un mando civil y no militar.
Esta dependencia arrancó actividades buscando combates frontales o debilitamientos operativos, para lograr la desarticulación de redes del crimen organizado. Una de las acciones más destacadas fue la “Operación Enjambre” en el Estado de México, para detener funcionarios municipales coludidos con el crimen organizado.
A diferencia de López Obrador, la nueva mandataria reconoció que en algunos territorios del país la seguridad pública municipal se encuentra al servicio del crimen organizado.
Pero al aplicar operativos como el “Enjambre” no se han contemplado las posibles agresiones hacia autoridades municipales que se niegan a la colusión, ni a los posibles planes de reacción del crimen organizado, principalmente cuando se trata de combate directo entre organizaciones y elementos de seguridad. Tampoco se presentaron indicadores de gestión, para tener metas claras y viables en el combate al crimen organizado, advierte el informe.
A nivel estatal, el gobierno federal reconoce que las entidades que ameritan una mayor intervención en materia de seguridad son Sinaloa, Guerrero, Colima y Michoacán. Aunque su nivel de atención y presencia de recursos de seguridad ha sido desequilibrada.
“Se está priorizando la violencia del crimen organizado medida por homicidios dolosos sin considerar una visión integral del problema”, apunta México Evalúa.
Otras de las situaciones que el gobierno federal no contempla son los posibles reacomodos territoriales del crimen organizado, ni el inicio de la política antiterrorista contra los cárteles mexicanos del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.
Frente a esto, la organización México Evalúa recomienda que el gobierno federal conforme políticas no violentas como medida de combate, “pues es un hecho que el Estado no podría administrar más de un conflicto a la vez, como el que se está viviendo en Sinaloa”, advierte la organización.
También aconseja la protección de funcionarios públicos municipales, la construcción de capacidades para las policías municipales y estatales —en lugar de militares—, el fortalecimiento de las instituciones locales de seguridad y justicia, encapsular a organizaciones relevantes que actualmente no participan en el conflicto, y la creación de políticas en contra de la violencia política criminal, que podría ocurrir durante los procesos electorales para definir los cargos del Poder Judicial.