Niñas y mujeres hondureñas víctimas: fotos hackeadas y divulgadas por Telegram

La ausencia de una ley específica en Honduras, la inexistencia de un protocolo estatal de atención y el nulo filtro por parte de la plataforma de mensajería Telegram son los componentes ideales que propician violencia digital de género en el país. Este problema incluye la divulgación no consentida de imágenes íntimas, la extorsión a menores de edad y la humillación pública dentro de los círculos sociales.

Pese a que esta situación ya fue denunciada múltiples veces por las mujeres que lo han sufrido, hasta ahora no se ha dado respuesta oportuna ni de las autoridades ni de la empresa Telegram, que es por donde circula la mayoría del contenido no consentido.

Este tipo de problema conlleva daños sociales y psicológicos profundos en las víctimas y sus familias.

Según cuenta Iris Alas, activista contra la violencia de género e integrante del Laboratorio Ciudadano de Honduras, algunas mujeres incluso llegaron a quitarse la vida presionadas por el infierno que representa la violación a su intimidad.

“Una niña de 14 años se suicidó luego de que publicaron sus fotos sin consentimiento en un grupo. Ella vivía en un lugar chiquito donde toda la gente la conocía y la presión fue insoportable”, relata Alas quien conoció el caso por parte de los familiares de la víctima.

Según un mapeo realizado por el Laboratorio Ciudadano, desde diciembre de 2020 hasta marzo de 2022, se habían divulgado fotografías de al menos 550 mujeres y niñas de Honduras sólo en uno de los múltiples grupos de Telegram por donde circula este contenido obtenido de forma maliciosa. El informe analizó el canal “Catranuds” que se define como un sitio de intercambio de contenido íntimo de mujeres que incluye la divulgación de sus nombres y links a sus redes sociales.

Ecosistema de misoginia

El último caso de violación a la privacidad fue monitoreado este 14 de mayo de 2023, en el canal Catranuds de Telegram. Se compartieron sin autorización fotografías de una menor de edad y además se divulgaron sus datos personales, incluido su nombre y su número de teléfono. Este canal tiene actualmente aproximadamente 50 mil suscriptores y no es el único de su tipo.

Laboratorio Ciudadano detectó al menos 14 grupos por donde circula contenido similar. La premisa compartida en todos estos espacios es la misma: las mujeres merecen ser expuestas por tomarse fotos o dejarse grabar.

Algunos de estos grupos ofrecen incluso el servicio de obtener fotografías de alguien en específico, a solicitud del cliente.

La técnica usada para robar fotografías a las mujeres

Según el relevamiento que hizo Laboratorio Ciudadano, existen al menos dos técnicas de ingeniería social que usan para hacerse del contenido privado.

El primero es a través de una cuenta hackeada en Instagram desde donde hacen ofertas laborales supuestamente para la marca de ropa Bershka. Piden a las mujeres ingresar a un formulario de Google para obtener sus datos de correo electrónico y contraseña. Con esta información acceden a Google photos y se roban las imágenes sin que la persona se de cuenta.

El segundo método es escribirle a través de una cuenta de Instagram y decir a las víctimas que sus fotos están en un blog y que para enviarle el link ellas tienen que enviar su dirección correo y dar acceso poniendo el código de seguridad o un número.

Ausencia legislativa

Pese a que en el 2019 se realizó una modificación puntual al Código Penal para contemplar la violencia digital, la norma es poco contundente pues las penas son menores y el procedimiento de denuncia es demasiado burocrático. Laboratorio Ciudadano junto a las activistas contra la violencia de género digital de Honduras impulsan la aprobación de la “Ley Olimpia” basada en la icónica legislación mexicana que es específica para estos casos
de violencia digital.

Además de la ausencia de legislación puntual, no existe ningún protocolo de asistencia adecuada a las víctimas que viven este proceso en soledad como si se tratara de casos aislados y no de una red digital misógina que opera en el país con impunidad.

Muchas jóvenes han intentado abrir procesos judiciales pero peregrinan con sus casos sufriendo revictimización y sin encontrar justicia.