Diana Soto · 23 de enero de 2025
Las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump en su nuevo periodo presidencial afectarán a los migrantes sin documentos que viven en Estados Unidos, quienes ya podrán ser detenidos en lugares que eran considerados “sensibles”, como escuelas e iglesias.
Estas políticas buscan incrementar las detenciones y deportaciones de migrantes en Estados Unidos, actos que deberían respetar el debido proceso. Sin embargo, especialistas advierten que con ellas las personas migrantes podrían enfrentar actos ilegales de las autoridades, hostigamiento y vulneración de sus derechos humanos.
Donald Trump declaró emergencia nacional en la frontera sur el pasado 20 de enero al considerar que “muchos de estos extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos representan amenazas importantes para la seguridad nacional”.
Esta declaratoria permitirá que “las famosas redadas ingresen a las zonas de protección, por ejemplo, escuelas e iglesias, que antes estaban como centros de protección en caso de que alguna persona tuviera órdenes de deportación o que la autoridad migratoria estuviera persiguiendo”, explicó Gabriel Mares, abogado migratorio.
Así lo confirmó también el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado que señala que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ya podrían ingresar a estos espacios para cumplimentar acciones migratorias, una prohibición que se mantenía desde 2011.
Pese a las órdenes que buscan incrementar la detención, los migrantes siguen manteniendo el derecho al debido proceso, coincidieron el abogado migratorio y Milton Muñóz, investigador de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
“Aquellas personas indocumentadas que ya llevan cierto tiempo viviendo en Estados Unidos tienen este derecho al debido proceso, que significa que no pueden ser detenidos inmediatamente y expulsados del país, sino que tienen derecho a pelear por sus casos ante Cortes de migración”, señaló.
En este sentido, al ser detenida, una persona migrante tiene que ser notificada de su condición en Estados Unidos y del inicio de un proceso en su contra, no puede ser sujeta a tratos inhumanos, encarcelamiento sin justificación, aislamiento, torturas o al retiro de sus salarios devengados.
También deben tener acceso a un abogado y a servicios de salud en caso de una emergencia, mientras se encuentran a disposición de las autoridades estadounidenses.
“Lo van a detener, lo van a llevar a un centro de detención y van a iniciar su proceso para deportar o devolverlo a su país. (Ahí es necesario) el poder tener el derecho a un abogado, y a un proceso en donde se le dé su derecho de defensa y audiencia para poder defender esa situación”, señaló Mares.

También lee: Iglesia católica recibirá en sus espacios a migrantes deportados por Trump Estados Unidos
Estados Unidos se ha salido de varios acuerdos migratorios mundiales, pero aún hay acuerdos internacionales que debe cumplir sobre protección a infantes y mujeres, por su pertenencia a Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).
Aunque el respeto a acuerdos y derechos sería el escenario ideal, el investigador destacó que las detenciones ilegales a migrantes sí se han presentado con las redadas. Incluso, detalló que podrían esperarse capturas de migrantes en sus propios domicilios.
“Cuando realizan la redada empiezan a aplicar criterios de fenotipo para solicitarles papeles y una vez que las personas no pueden presentar papeles que les permitan la estancia en Estados Unidos, regularmente sí los detienen (…) esto tendría que ser temporal para ahí darles la notificación, por desgracia creo que no va a ocurrir”, explicó.
El pasado 22 de enero, el Congreso de EU aprobó la Ley Laken Riley que otorga al ICE la potestad de emitir órdenes de detención y custodia para migrantes que comentan delitos como robo, hurto, agresión a un agente de la ley, algún delito grave o cualquier delito que tenga como resultado la muerte o lesiones corporales.
Si bien, lo “estados santuarios” como California mantienen políticas que impedirían a organismos como el ICE llevar a cabo acciones migratorias en la entidad, Trump también firmó una orden que les retira los recursos federales.
Los especialistas detallaron que con estas acciones de Trump podría aumentar la criminalización de aquellas personas que no cumplan con el aspecto clásico de una persona estadounidense y tenga características fenotípicas de Latinoamérica.
“Como mayor ejemplo, tenemos precisamente el primer periodo de Donald Trump donde surgieron más grupos de odio”, destacó el investigador.
También señalaron que podría aumentar el acoso y la vulneración de derechos de los migrantes, así como la negación de servicios de salud y educación en entidades que acepten las nuevas políticas migratorias de Donald Trump.