Itzaxaya Campos · 10 de septiembre de 2025
Samara Martínez —activista y paciente de insuficiencia renal crónica en etapa terminal— busca que la eutanasia en México sea legal con la Ley Trasciende. El primer paso para impulsar esta propuesta lo dio a través de la plataforma change.org, que ya acumula más de 57 mil firmas.
“Tengo una enfermedad en etapa terminal y quiero que en México la eutanasia sea legal”, dice Samara en un video de TikTok, red en la que comenzó a difundir la campaña de su iniciativa desde Chihuahua.
Para que la Ley Trasciende sea una realidad, Samara debe presentar la iniciativa al Congreso de la Unión. Hasta la fecha, México prohíbe la eutanasia en el artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud al definirla como homicidio por piedad. Además, incluye esta práctica como suicidio asistido con penas definidas en el Código Penal de hasta 12 años de prisión.
“Creo que todas las personas tenemos derecho a elegir sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestro propio dolor y, sobre todo, terminar con dignidad la última parte de nuestra vida. No es un tema ni de religión ni de fe ni de política, es un tema de dignidad”, comenta en entrevista con El Sabueso de Animal Político.
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La encuesta nacional de la asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad arrojó que 72% de las personas entrevistadas afirmaron que sí se deben aprobar leyes para permitir que las personas enfermas reciban ayuda para terminar con su vida si así lo deciden.
La organización —que ya apoya a Samara en su lucha— destaca que uno de los mayores retos para México es lograr que la muerte médicamente asistida sea una opción porque “hay personas que viven su etapa terminal con un gran sufrimiento. Una muerte digna debiera ser de acuerdo con nuestras preferencias, valores y creencias, acompañada por nuestros seres queridos y con el menor sufrimiento posible”.
La Ley Trasciende tiene como objetivo reconocer el derecho de cada persona a decidir sobre el final de su vida, garantizar una muerte digna sin sufrimiento innecesario y dar acompañamiento médico, ético y humano tanto a pacientes como a familiares con la creación de un comité.
Samara también padece otras enfermedades crónicas como lupus, que —junto con el daño renal— la mantienen conectada a una máquina 10 horas al día. Y se ha enfrentado a dos trasplantes de riñón sin resultados favorables que la llevaron a la diálisis peritoneal como última oportunidad de vida.
En México, una nueva ley se crea con su presentación ante la Cámara de Diputados. Puede ser por parte de la legislatura federal o de los Congresos locales, la Presidencia de la República o como una iniciativa ciudadana.
Posteriormente, se discute y elabora un dictamen. Y, finalmente, los diputados y las diputadas mandan la minuta al Senado para revisar el documento y si lo aprueba entonces lo envía al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Sin embargo, Por el Derecho a Morir con Dignidad afirma que “la sociedad civil parece estar más preparada para hablar de estos temas que nuestros legisladores”, luego de los resultados de su encuesta.
La Ley Trasciende presenta retos como el desconocimiento de las personas que se encargan de legislar en el país, influido por creencias personales, religiosas o tabúes, explica Samara.
“Hablar de la muerte nunca es sencillo, pero es necesario”, dice. Actualmente, dos legisladores —de Movimiento Ciudadano y del PRI— ya se acercaron a Samara y trabaja en conjunto con dos asociaciones civiles con experiencia en la defensa de los derechos humanos.
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Además, adelanta que la Ley Trasciende ya está en proceso de redacción para poder presentarla ante el Congreso e iniciar con el trámite legislativo.
“Empecé esta lucha hace un año, primero aquí en Chihuahua. Toqué base con el Congreso del estado, con senadores del estado, pero evidentemente nadie me hizo caso y ahora decidí recurrir al apoyo y esfuerzo social”, agrega.
En 2022, se llevaron a cabo foros en la Cámara de Diputados, los cuales abordaron discusiones para despenalizar la eutanasia, formalizar un procedimiento legal y garantizar que se trata de una decisión personal. También, la diputada de Morena, Claudia Selene Ávila Flores, impulsó una iniciativa para regular la eutanasia. Pero no hubo avances en las propuestas.
“En los foros jamás se ha invitado a pacientes, entonces va a ser muy difícil entender una realidad externa en donde solamente dialoguen personas que tienen acceso incluso a servicio de salud privilegiada”, menciona Samara.
Aunque en México no está permitida la eutanasia, sí existe la Ley de Voluntad Anticipada, pero no es lo mismo.
Este decreto se publicó sólo para la Ciudad de México en enero de 2008 y establece como voluntad anticipada —en el artículo 149 de la Ley de Salud local— al acto que expresa la decisión de una persona de ser sometida o no a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera natural.
Esta ley indica que la voluntad anticipada otorga cuidados paliativos a personas enfermas en etapa terminal para mantener la calidad de vida y bajo un tratamiento integral contra el dolor, pero sin alterar el curso de la enfermedad.
A diferencia de la Ley Trasciende que busca la acción médica para inducir la muerte de pacientes con enfermedades crónico degenerativas en etapa terminal que lo soliciten. La propuesta incluye un procedimiento regulado y con filtros adecuados para garantizar que la decisión es únicamente de la persona enferma.
Cualquier persona mayor de edad puede firmar la voluntad anticipada sin necesidad de estar enferma o sufrir un accidente, sino de manera preventiva. En este documento es necesario manifestar si se desea o no donar los órganos después de la muerte.
En México, los estados que ya regularon la voluntad anticipada son Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala.
Samara afirma que los pronósticos para que avance la Ley Trasciende son buenos y estima que el proceso lleve hasta un año. No obstante, también trabaja en otra alternativa como el amparo: “Yo no sé si me alcance el tiempo que tengo para verlo materializado”.
De acuerdo con la organización Por el Derecho a Morir con Dignidad, la eutanasia es la administración de fármacos en dosis letal con la intención de causar la muerte a la persona enferma de manera rápida y sin dolor con el fin de liberarse del sufrimiento que considera intolerable.
El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán indica que —en la eutanasia— sólo un profesional de la salud puede ayudar a un paciente a morir cuando su cuerpo ya no responde al tratamiento o cuando la enfermedad está tan avanzada que ya no tiene posibilidad de salir adelante.
A nivel mundial, hay varios países que ya regularon la eutanasia, como Colombia —que reconoce la eutanasia como un derecho fundamental y la efectúa con fármacos—, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Canadá que tienen leyes vigentes. En Suiza, Austria, Alemania, Italia y Estados Unidos está despenalizado el suicido asistido.
En Ecuador se despenalizó la eutanasia apenas en 2024 tras el caso de Paola Roldán, una mujer de 42 años que padecía esclerosis lateral amiotrófica y murió después de demandar una acción de inconstitucionalidad al Código Orgánico Integral Penal de aquel país. Uruguay mantiene avances con la aprobación del proyecto de ley Muerte Digna en la Cámara de Representantes, en agosto. Y la Comisión del Senado de Chile aprobó —este 9 de septiembre— el proyecto de muerte asistida.
“En los países en los que está permitida, los marcos legales suelen incluir evaluaciones médicas, psicológicas y éticas muy rigurosas”, destaca Por el Derecho a Morir con Dignidad.
La organización Por el Derecho a Morir con Dignidad comenzó con la implementación de un “observatorio del dolor” con el objetivo de impulsar políticas públicas a favor de la muerte digna en México.
Es decir, la eutanasia es sólo uno de los medios para acceder al a muerte digna, pero no el único: actualmente, en el país existen los cuidados paliativos, la adecuación del esfuerzo terapéutico, el derecho del paciente a rechazar tratamientos y la voluntad anticipada. Aunque no siempre son suficientes.
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Una de las propuestas que impulsa la asociación es aceptar que la medicina tiene límites y que existen personas que, con total libertad y autonomía, “quieren poner fin a su sufrimiento porque consideran que vivir en determinadas condiciones de salud ya no es una vida digna”.
Para lo que, asegura la organización, se debe privilegiar la autonomía del paciente, incluida en los principios bioéticos de la medicina actual, debido a que el penalizar la eutanasia propicia que muchas personas busquen alternativas peligrosas y violentas.
“Otros piensan que se puede abusar de la eutanasia y se puede influir en las personas vulnerables para que la pidan, pero eso no es así, en los países que está regulada las leyes son muy garantistas. La muerte médicamente asistida tiene reglas y la primera es que la persona la solicite libremente, en pleno uso de sus facultades mentales, sin influencias indebidas”, concluye Por el Derecho a Morir con Dignidad.