¿Puede haber juicio político contra Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Arturo Zaldívar?

El diputado de Morena Hugo Eric Flores anunció que desde la Sección Instructora de San Lázaro se revisarán los casos de juicio político pendientes de la Legislatura anterior, entre los que hay denuncias contra los exconsejeros del INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, el presidente del PRI, Alejandro Moreno y el exministro Arturo Zaldívar.

Sin embargo, ambos exfuncionarios electorales respondieron al anuncio con el señalamiento de que por el tiempo que ha pasado desde su salida del INE, ya no son sujetos de un juicio político. Expertos consultados por El Sabueso coincidieron en que de acuerdo con lo que marca la ley no procedería el juicio político en su contra.

Pero, ¿Cómo funciona el juicio político? En El Sabueso revisamos la ley y consultamos a una experta en Derecho para saber cómo funcionan estos procedimientos.

Para entender mejor: Diputados abren la posibilidad para llevar a juicio político a jueces que otorgaron suspensiones a la reforma judicial

¿Qué es el juicio político?

En la Constitución, se establece que el juicio político es un procedimiento para sancionar a servidores públicos cuando sus actos u omisiones causen un perjuicio de los intereses públicos fundamentales.

En este caso, la Cámara de Diputados, a través de la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional, funciona como órgano de acusación y el Senado como órgano de sentencia.

La Sección Instructora se encarga de dar trámite a las denuncias de juicio político y juicios de procedencia –conocidos más como desafueros–. Entre sus funciones están la investigación y reunión de pruebas para acreditar la conducta denunciada. 

En caso de acreditarse y tras una audiencia con el imputado, el expediente se pone a disposición del Senado que se erige como jurado de sentencia, y decidirá si aplica o no la sanción por mayoría de dos terceras partes de los legisladores presentes. En estos casos las sanciones pueden ser separación del cargo e inhabilitación hasta por 20 años para el ejercicio de algún cargo en la administración pública.

Entre las acciones por las que se puede iniciar un juicio político contra un servidor público, se contempla violaciones graves a la propia Constitución, las Leyes Federales o bien, el manejo indebido de fondos y recursos federales. 

La Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos menciona que estas actos u omisiones:

• El ataque a las instituciones democráticas
• El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal
• Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales
• El ataque a la libertad de sufragio
• La usurpación de atribuciones
• Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones
• Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior
• Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal o de la Ciudad de México y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y de la Ciudad de México.

Los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político son: Senadores y diputados del Congreso de la Unión; ministros de la Suprema Corte; consejeros de la Judicatura Federal; secretarios de Despacho, el fiscal General de la República, magistrados de Circuito y jueces de Distrito; la persona consejera Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del INE; magistrados del Tribunal Electoral.

También se contempla a integrantes de los órganos constitucionales autónomos; directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

A diferencia del juicio político, el de procedencia se refiere al proceso para retirar la protección constitucional –o fuero– a un funcionario de alto nivel ante las denuncias de haber cometido un delito penal y ponerlo a disposición de las autoridades jurisdiccionales.

‘Alito’ Moreno, Murayama, Córdova y hasta Gertz, con denuncias

Después de la sesión de la instalación de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores explicó que se dará prioridad a los ocho expedientes que llegaron en esta legislatura, todos ellos contra jueces y ministros de la Corte que se pronunciaron contra la reforma judicial.

Tras ellos se atenderán los casos contra Alejandro Moreno, así como los exconsejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama; y el exministro Arturo Zaldívar, pendientes de la legislatura pasada.

Sin embargo, explicó Abril Jiménez Garrido, especialista en Derecho de la FES Aragón de la UNAM, para Córdova y Murayama ya se terminó el plazo para poder iniciarles el proceso de juicio político.

Si bien hay una denuncia contra ellos presentada en enero de 2021 por el entonces diputado del PT Gerardo Fernández Noroña por tener ingresos superiores a los del presidente, así como por emitir lineamientos para la reelección legislativa, entre otras supuestas violaciones a la Constitución y leyes federales, el trámite del juicio no ha comenzado.

Mientras que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama dejaron sus puestos en el INE el 3 de abril de 2023. El artículo 114 de la Constitución establece que el juicio político sólo procede contra funcionarios en activo y exfuncionarios durante el primer año fuera de su encargo.

“Estamos hablando de que en este caso, el órgano acusador y sentenciador tendría como máximo haber ejercitado el proceso en abril del año 2024. Ya prácticamente llevamos medio año más”, dijo Jiménez Garrido.

La académica señaló que el caso es similar para el exministro Zaldívar, pues dejó el cargo el 15 de noviembre de 2023. Por lo que para aún ser válido, el proceso de juicio político en su contra tendría que comenzar antes del próximo viernes 15. Zaldívar fue denunciado por senadores de oposición por presuntamente haber presionado a jueces para solucionar asuntos a favor de la administración federal. 

Para el caso de Alejandro Moreno, Flores detalló en entrevista radiofónica que hay varios expedientes tramitados por la Fiscalía General de Campeche por delitos cometidos cuando fue gobernador de esa entidad entre 2015 y 2019.

En este caso, explicó Jiménez, habría que revisar si se trata de un juicio político o un juicio de procedencia, como el que se inició en su contra en agosto de 2022, pero que no avanzó por falta de acuerdos en la Sección Instructora. La Fiscalía de Campeche solicitó el juicio de procedencia contra Moreno por presunto enriquecimiento ilícito.  

El legislador morenista también mencionó que en la Sección Instructora hay casos contra el fiscal General de la República, Alejando Gertz Manero, y el fiscal de Morelos, Ulises Carmona Gándara –quien ya pasó por un proceso de desafuero que fue aprobado en la Cámara de Diputados pero que el Congreso de Morelos resolvió no acatar–, aunque no dio más detalles sobre su contenido.