Jesús Ramírez critica al Poder Judicial y casos de personas sin sentencia

Arturo Daen · 5 de noviembre de 2024

Jesús Ramírez critica al Poder Judicial y casos de personas sin sentencia

El coordinador de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez, criticó que en 2023 los poderes judiciales federales y locales solo dictaran 47 mil sentencias -según un censo del Inegi-, mientras fueron procesadas más de 330 mil personas a las que no se les garantizó “justicia rápida ni expedita”.

Pero el funcionario federal omitió mencionar que el partido en el gobierno, Morena, ha impulsado desde el sexenio pasado aumentar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, mecanismo que lleva a más personas a la cárcel, aunque no se haya probado su culpabilidad.

“Datos duros del Poder Judicial para Pájaro Político: Según INEGI en 2023 el Poder Judicial Federal y Estatales procesaron a 332,306 personas indiciadas. De éstas solo 47 mil obtuvieron sentencia, es decir para el 85.7% de procesados no tuvo justicia rápida ni expedita”, publicó Ramírez en respuesta a esta verificación del Sabueso:

Sheinbaum y Jesús Ramírez difunden datos falsos y engañosos sobre el Poder Judicial Federal

En julio de 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados de su Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal, en los que señaló que 86 mil 984 personas, el 37% de la población privada de la libertad, no tenía sentencia

En otras palabras, que 4 de cada 10 internos permanecía en la cárcel pese a ser considerado inocente

De esta población sin sentencia, 38 mil 533 personas habían sido recluidas con el mecanismo de prisión preventiva oficiosa.

Otro punto del dicho de Ramírez es que en el censo de impartición de justicia del Inegi no se precisa en qué año fueron las detenciones e imputaciones de las 47 mil personas para las que hubo sentencia, en relación a los más de 332 mil 306 procesados en 2023.

El censo del Inegi mostró que hay una tendencia al alza de las personas sentenciadas en causas penales resueltas por el Poder Judicial de la Federación. Mientras en 2018 se reportaron 10 mil 761 personas sentenciadas, para 2023 estas sumaron 13 mil 890. 

También se registró en 2023 un nivel récord de asuntos resueltos por los juzgados y tribunales del Poder Judicial Federal, más de 1 millón 471 mil, principalmente casos administrativos y laborales:

Poder Judicial
Fuente: Inegi

Esto, mientras en comparación con 2018 se dio una baja en términos reales de los recursos presupuestales ejercidos por el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales: 

Presupuesto del Poder Judicial
Crédito: Inegi

También hay que considerar la sobrecarga de trabajo para personas juzgadoras y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, en 2023 los órganos jurisdiccionales iniciaron con un rezago de 531 mil 571 asuntos, a los que se sumaron 1 millón 473 mil 133 nuevos asuntos. 

De esos 2 millones 025 mil 283 asuntos, se resolvieron 1 millón 413 mil 724, por lo que al final de 2023 los asuntos pendientes aumentaron a 610 mil 782, un crecimiento de 14.9%.

Por otro lado, durante 2023 los órganos jurisdiccionales del CJF recibieron 1 millón 545 mil 681 asuntos, lo que equivale a que cada persona juzgadora y magistrada resolvió 944 asuntos en promedio.  

Además, ante las cifras de Jesús Ramírez, organizaciones que defienden Derechos Humanos, como Elementa, criticaron que en los procesos para hacer justicia también debe considerarse el papel de las fiscalías, cuya mejora no consideró la reforma judicial del plan C de Morena.

“La falta de sentencias también responde a la ineficacia de las fiscalías, que en muchos casos no aportan pruebas sólidas para sustentar sus acusaciones. Esto genera procesos judiciales largos, perjudicando a personas que enfrentan extensos períodos de prisión sin resolución”, publicó Elementa.

“El éxito del Poder Judicial, local o federal, no debería evaluarse únicamente por el número de sentencias dictadas, sino por la calidad y satisfacción que las personas obtienen en el acceso a la justicia”.