Itzaxaya Campos · 18 de julio de 2025
El Instituto Nacional Electoral (INE) no está obligado a entregar el padrón electoral para la creación de la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, prevista en la Ley General de Población que entró en vigor este jueves 17 de julio. Sin embargo, los datos del padrón electoral sí se podrán consultar por autoridades de seguridad para la búsqueda de personas desaparecidas.
Las dudas sobre esta posibilidad surgieron luego de que el martes 15 de julio, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, fuera cuestionada en conferencia de prensa sobre la posible entrega de los datos del padrón electoral para crear el nuevo documento de identidad.
La funcionaria respondió que el instituto defenderá dicha información aunque también aclaró que no había una solicitud para compartir los datos biométricos con el gobierno federal. “No hay nada que nos obligue en este momento; sin embargo, si hay iniciativas de coordinación, habrá que atenderlas”, agregó.
Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno no ha solicitado el padrón electoral al INE. “Ni está en la ley, nadie ha hablado ni del padrón electoral, ni de la lista nominal”, comentó.
“Lo que hay es una coordinación, una colaboración para la seguridad y la procuración de justicia en nuestro país, que ya existía y que ahora se va a solicitar; a través de la ley, pues permite que sea más expedita”, aseguró.
El Artículo 91 Bis de la Ley General de Población, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el miércoles 16 de julio, indica que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben transferir datos biométricos para la integración del Registro Nacional de Población (Renapo), a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob). Otro mecanismo de recopilación será la instalación de módulos con este objetivo.
Sin embargo, el INE no tiene la obligación de proporcionar datos biométricos del padrón electoral al ser un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, de acuerdo con el Artículo 41 de la Constitución.
“El INE no pertenece a ningún orden de gobierno, sino que es un órgano autónomo. No está por encima de los órdenes de gobierno, sino que está fuera de su área de acción. Aunque el poder constituyente siempre puede modificar las condiciones del INE como órgano autónomo”, aclaró Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey.
Hasta el 10 de julio, el padrón electoral del INE contiene el registro de 99 millones 659 mil 448 personas que solicitaron su inscripción en territorio nacional y extranjero con la finalidad de obtener su credencial para votar con fotografía y así ejercer su voto.
Los datos biométricos resguardados por el padrón electoral son: nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento, género, fotografía, firma, CURP, clave de elector y las 10 huellas dactilares de los ciudadanos. Desde 2001, el INE solicita las huellas dactilares y los rasgos faciales.
El especialista en temas electorales detalló que el INE sí puede compartir sus bases de datos como ocurre con bancos o instituciones financieras, pero que antes debe haber un mandato de ley o convenios previos.
Por ejemplo, el decreto que reforma la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas –también publicado el 16 de julio– menciona en el Artículo 12 Sexies que el INE deberá permitir la consulta inmediata de datos biométricos como firma, huellas dactilares, fotografía y cualquier información identificativa y domicilio de los ciudadanos.
Pero este acceso sólo será a las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República (FGR), al Ministerio Público, a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las Comisiones Locales de Búsqueda. Además, la consulta de estos datos será con previo convenio, pero únicamente con el fin de comenzar trabajos de investigación, búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas.
Al referirse al tema de la CURP con datos biométricos, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en su conferencia matutina del 16 de julio que la entrega de estos datos es voluntaria, pero esto es engañoso.
“¿Qué es lo que estamos planteando? Fortalecer la CURP como parte de una identidad nacional que nos permita para todo tipo de temas, pero en particular para el tema de seguridad, poder ir avanzando. Y, por cierto, es voluntario el tema de los biométricos”, comentó.
En su conferencia de este 17 de julio aclaró que “hay muchos registros que se hicieron desde antes como una cuestión voluntaria” y añadió que no hay fecha oficial para tramitar la nueva CURP con datos biométricos.
“No, no está en ese plan la ley, sino lo que se quiere construir es una base de datos con resguardo de todos los datos personales por motivos de alguna investigación”, indicó.
La Ley General de Población indica que la CURP con datos biométricos es obligatoria para todas las personas de nacionalidad mexicana o extranjera en condición de estancia regular en el país.
Este documento estará conformado por nombres y apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento y nacionalidad, así como huellas dactilares y fotografía. Además, deberá ser en formato físico y digital.
Aunque la ley establece que la entrega y transferencia de datos biométricos será con autorización y consentimiento de su titular, también indica que será el documento nacional de identificación obligatorio.

Puntualiza que la CURP con datos biométricos deberá ser empleada en procesos de validación y autenticación de la identidad de las personas en medios digitales, y que todo ente público o particular estará obligado a solicitar el documento en la prestación de sus trámites y servicios.
Asimismo, marca sanciones tanto a los tres órdenes de gobierno como a particulares que incumplan con este trámite. La multa puede ser de hasta 2 millones 262 mil 800 pesos.
Los datos biométricos serán integrados en el Renapo a través de la Plataforma Única de Identidad para consulta, validación y gestión de la CURP.
La CURP con datos biométricos servirá como llave para trámites y servicios tanto gubernamentales como privados, y todas las autoridades tienen un plazo de 90 días, a partir de la publicación del conjunto de leyes en el DOF, para cumplir con los mecanismos necesarios para la integración de datos biométricos.
Esto significa que la Segob tiene hasta el 14 de octubre para la creación de la Plataforma Única de Identidad, en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Y hasta el 13 de noviembre para establecer el Programa de Integración al Registro Nacional de Población de los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes.
Especialistas en protección de datos personales han asegurado que el principal reto para la creación e implementación de la CURP con datos biométricos es obtener el consentimiento ciudadano para el uso de sus datos.