Impugnaciones: quién las procesa y en qué casos se pueden anular casillas o una elección

La candidata presidencial de “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, dijo que impugnará la elección presidencial y los partidos políticos que integran esta coalición revivieron la consigna “voto por voto”, reclamando supuestas fallas y que no hubo equidad en la contienda.

 

Partidos políticos y candidaturas de elecciones locales y federales tienen derecho a presentar inconformidades por lo que consideren irregularidades graves, o incluso delitos electorales que pudieron interferir en los resultados y en el derecho de la ciudadanía a votar libremente. 

Por eso, te explicamos qué es una impugnación y  en qué casos se pueden anular casillas o incluso una elección, según la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral y lo que nos mencionaron especialistas. En el caso de impugnaciones de cargos a nivel local, también se debe tomar en cuenta la legislación estatal correspondiente. 

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¿Qué es una impugnación y a quién le corresponde resolverla?

La ley mencionada regula el sistema de medios de impugnación para garantizar que los procesos electorales y de participación ciudadana se sujeten a los principios de constitucionalidad y de legalidad.

“Un recurso de impugnación es el medio que tienen los partidos políticos y otros sujetos para inconformarse de algo, y ese algo, en este caso, es el resultado de una elección”, explica el analista político Ernesto Guerra, en entrevista con El Sabueso. 

Existen diferentes medios de impugnación en dicha ley, pero exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procederá.

El artículo 50 establece que a través del juicio de inconformidad se puede impugnar la elección presidencial y la de diputaciones o senadurías, sin importar si son de mayoría relativa o representación proporcional. Ya sea que se impugnen los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, las declaraciones de validez y el otorgamiento de constancias de mayoría, entre otros. 

Según un comunicado, del 13 al 21 de junio el INE entregará a la Sala Superior del TEPJF los 300 cómputos distritales de la elección presidencial para que los resguarde y resuelva las impugnaciones que se presenten.

“Las impugnaciones las resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de las salas regionales o la Sala Superior, no es ante el Instituto Nacional Electoral, el INE es sólo la autoridad administrativa en nuestro país encargada de realizar elecciones, pero la instancia máxima de decisión en materia electoral a nivel constitucional se llama TEPJF”, aclara Guerra.

¿Quién puede presentar una impugnación?

El artículo 13 de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que los representantes de partidos políticos, las personas ciudadanas y candidatas sin importar si son independientes, y las organizaciones políticas o de ciudadanas, pueden presentar una impugnación. 

En el caso particular del juicio de inconformidad, el artículo 54 indica que sólo podrá ser promovido por los partidos políticos y las candidaturas, exclusivamente cuando por motivos de inelegibilidad no les otorguen la constancia de mayoría o de asignación de primera minoría. 

En entrevista con El Sabueso, el consultor y analista político Fernando Dworak advierte que es un derecho inconformarse por los resultados de una elección, pero en el caso de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez la diferencia entre el primer y segundo lugar es muy amplia.

El 6 de junio, los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmaron la victoria de Sheinbaum con 35 millones 923 mil 996 votos, equivalentes a  59.75%  de las preferencias, mientras que Gálvez obtuvo el 27%. 

“Se podrían quizá calibrar unos cuantos miles de votos, pero comenzar a cambiar 19 millones de votos está fuera de cualquier expectativa”, señala Dworak.

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Según el artículo 55, la demanda del juicio de inconformidad deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica de los cómputos. 

Las impugnaciones deben identificar el acto que se impugna, mencionar los agravios que causa y los preceptos que se violan, y aportar pruebas. Por ejemplo, documentales públicas como actas oficiales de las mesas directivas de casilla o los cómputos que consignen resultados electorales; o técnicas, como fotografías o videos.

“Los juicios electorales derivados de los resultados de las elecciones de diputaciones y senadurías deben quedar resueltos el 3 de agosto, y los derivados de la elección del titular de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el 31 de agosto, ambos días del año de la elección”, se lee en el artículo 58.

¿Cuándo pueden anularse casillas o elecciones?

Con base en el artículo 56 de la ley en cuestión, las sentencias que resuelvan los juicios de inconformidad podrán tener efectos tales como confirmar el acto impugnado; declarar la nulidad de la votación en una o varias casillas o de la elección, además de modificar los cómputos distritales, revocar constancias y entregarlas a quien resulte ganador. 

El artículo 75 establece que las casillas pueden anularse por conductas que afecten los principios constitucionales y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados. En el listado aparece instalar una casilla en un lugar distinto al correspondiente, entregar el paquete electoral fuera de los plazos establecidos, permitir votar sin credencial o a alguien cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, ejercer violencia física o presión sobre las personas integrantes de la casilla.

 

Los artículos 76 y 77 establecen las razones por las cuales se puede anular una elección de diputación por mayoría relativa o senaduría, que es la apuesta de la coalición “Fuerza y Corazón por México” para tratar de impedir que Morena y sus aliados logren mayoría calificada en el Congreso:

1. Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad mencionadas en el artículo 75 se acrediten en por lo menos 20% de las casillas en la entidad de que se trate y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos, o 
2. Cuando no se instale 20% o más de las casillas en la entidad de que se trate y la votación no hubiere sido recibida, o 
3. Cuando los dos integrantes de la fórmula de personas candidatas que hubieren obtenido constancia de mayoría fueren inelegibles

A su vez, la Constitución mexicana en su artículo 41 establece la nulidad de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes como que se exceda el gasto de campaña en 5% del monto total autorizado  y que la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar sea menor a 5%; se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de lo previsto en la ley, o se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Sobre la inequidad en la contienda de la que habla la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Ernesto Guerra advierte que es necesario probar que se atentó contra este principio en modo, tiempo, lugar e impacto. También recuerda que en su momento la Comisión de Quejas y Denuncias del INE y el TEPJF han avalado sanciones al presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer pronunciamientos electorales a favor de su partido y en contra de la oposición. 

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Fernando Dworak sugiere a la ciudadanía mantenerse informada sobre las impugnaciones tras la elección de 2024, aunque insiste en que hay nulas posibilidades de revertir la elección presidencial.

“Conservemos la calma, es bueno que comencemos a pensar en cuestiones cómo qué pasó en las elecciones, por qué los partidos fallaron, comenzar a exigir responsabilidades, a hacer cálculos de por dónde van a ir las próximas reformas. El tema de la impugnación no va a llegar muy lejos legalmente”, asegura.