Morena lo niega, pero calificadoras y especialistas advierten impacto económico de reforma judicial

La reforma al Poder Judicial de la Federación propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del llamado “Plan C” sí tendría impactos presupuestarios y en la economía de México que ni la iniciativa ni los dictámenes los han considerado, advierten calificadoras, institutos, organizaciones y especialistas. 

Entre los impactos presupuestarios directos estarían el costo de organizar una elección por voto popular de ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces y sus campañas, y el de garantizar prestaciones laborales a trabajadores del Poder Judicial, al extinguir sus fideicomisos. 

Mientras que la reforma también tendría efectos en la economía mexicana, según especialistas, por ejemplo en la Inversión Extranjera Directa (IED), el crecimiento y hasta en posibles multas por el incumplimiento de tratados, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

Incluso ya han existido impactos económicos visibles. El peso mexicano se depreció frente al dólar estadounidense hasta un 10% tras las elecciones del 2 de junio, aunque ya se ha estabilizado, de acuerdo con la agencia calificadora Fitch Ratings. 

Además de López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum e Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, han negado el riesgo presupuestal y económico.

“Nos parece que este ha sido uno de los temas más olvidados en la discusión que se tuvo en los diálogos que antecedieron en las últimas semanas. Tanto el impacto que esta reforma va  a tener en las finanzas públicas, así como el impacto en el tema económico”, mencionó Mariana Campos, directora general de México Evalúa, en la conferencia de prensa Impacto económico, desafíos y recomendaciones de la reforma judicial. 

Si bien los dictámenes y sus impulsores aseguran que no habría afectación a los derechos de las y los trabajadores y personas juzgadoras del PJF, la reforma no garantiza la estabilidad laboral de quienes resulten electos y tampoco la cobertura de derechos laborales de quienes actualmente trabajan ahí y cuyas plazas serían rescindidas.

Puedes consultar: “No representa riesgo” Sheinbaum defiende reforma judicial ante recomendaciones de calificadoras para no invertir en México

El impacto presupuestario de elecciones y los riesgos para las campañas

La reforma al PJF no detalla el costo que tendrá en el presupuesto público la organización de las elecciones por voto popular para elegir a más de mil 600 ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces, más allá de señalar que se usarían los recursos de los 14 fondos y fideicomisos del PJF (aunque también se aprobó que estos fondos serían para pensiones del Bienestar). 

El dictamen más reciente contempla además el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral para trabajadores del Poder Judicial. 

Pero al no haber recursos de los 14 fondos y fideicomisos del PJF porque se utilizarán para la implementación de la reforma, tendría que asignarse dinero adicional del presupuesto de egresos anual.

La reforma menciona también que durante las campañas, las y los candidatos a estos cargos que serían de elección popular tendrían derecho de acceso a radio y televisión y a participar en debates. Sin embargo, estaría prohibido el financiamiento público o privado y los partidos políticos no podrían realizar actos de proselitismo pero no hay más detalles. 

“La propia iniciativa nos indica que esta elección popular va a ser sin financiamiento pero sí con campañas, ¿cómo hacer campañas sin financiamiento? Resulta muy riesgoso pero además, me pongo a pensar yo como persona juzgadora, ¿qué puedo ofrecer en una campaña? Creo yo que cualquier persona juzgadora tendría que ofrecer ‘voy a aplicar la ley, voy a resolver conforme a los estándares de derechos humanos’ pero ¿si todos van a ofrecer lo mismo?”, cuestionó María Emilia Molina, magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C., en la conferencia de prensa Impacto económico, desafíos y recomendaciones de la reforma judicial. 

El que no exista financiamiento para las campañas abriría la posibilidad de que las personas candidatas a elección entren en contacto con grupos de interés e incluso de financiamiento ilegal a través del crimen organizado.

“Lo que la reforma dice es que no va a haber impacto presupuestal pero se están poniendo en la mesa nuevos procesos, por ejemplo, para escoger a candidatos, y el hacer campañas, por más mínimas que sean, por supuesto que tiene costo”, alertó Mariana Campos, directora general de México Evalúa.

Impactos económicos de la reforma judicial 

Desde el 24 de julio de 2024, Fitch Ratings advirtió en un comunicado las afectaciones a la inversión, los negocios y las empresas que generaría la aprobación de la reforma judicial.  

“Las reformas judiciales propuestas en México podrían afectar negativamente el apetito de inversión y el entorno de negocios de las empresas no financieras si su implementación impide la autonomía y calidad del sistema judicial”, se lee en un comunicado de la agencia calificadora.

La financiera Morgan Stanley degradó la calificación de México en el ámbito de inversiones.

“Bajamos la calificación de México a infraponderada tras la propuesta de reforma judicial que el Ejecutivo envió al Congreso. Creemos que reemplazar el sistema judicial debería aumentar el riesgo, así como las primas de riesgo de México y limitar el gasto de capital. Eso es un problema, ya que la relocalización de empresas está alcanzando cuellos de botella clave”, detalla un informe especial.

El 20 de agosto, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas publicó un comunicado en el que sostiene que la reforma judicial disminuiría la confianza y seguridad jurídica de los inversionistas. 

Y ese mismo día, México Evalúa señaló en un comunicado que la reforma judicial tendrá impactos económicos por la incertidumbre jurídica que no han sido dimensionados. 

Por ejemplo: “la consecuente fuga de inversiones, la elevación del costo de bienes y servicios derivada de la disminución de la competencia y la inhibición de la inversión, el costo de paralizar los juicios en curso, el costo de los tiempos en lo que se asumen las nuevas administraciones judiciales, así como multas por el incumplimiento de tratados, por mencionar algunos”. 

De acuerdo con la directora general de esta organización, la reforma atentaría contra el cumplimento del T-MEC.

“Atenta contra tres capítulos específicos: el 14, que habla de que la inversión tiene que ser tratada de manera equitativa y lo que nos hace la falta de independencia e imparcialidad en las cortes es que esta inversión no sea tratada de manera equitativa; también tenemos como problemática el 23, en referencia a lo laboral; y el capítulo 27, que hace referencia a las políticas anticorrupción”, enlistó Mariana Campos.

Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de regulación y competencia de México Evalúa, incluso explicó que con la reforma judicial México podría catalogarse como una economía de no mercado donde el gobierno interviene, lo que va en contra del T-MEC.

“Además, la propuesta de reforma pone en peligro el derecho de propiedad, lo que afecta el interés de inversionistas. No habría protecciones”, afirmó Moreno durante la conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum, presidenta electa, fue cuestionada en la conferencia de prensa del 21 de agosto sobre el impacto económico de la reforma judicial pero contestó que los inversionistas no tienen de qué preocuparse.

“México es soberano y los inversionistas no tienen que tener ninguna preocupación, por el contrario, vamos a tener un mejor sistema de justicia en México. Quien conoce el Poder Judicial, incluidos inversionistas, saben los problemas de corrupción que hay ahí. Y si hemos dicho que uno de los mayores problemas que tuvo México históricamente es la corrupción, pues no creo que ningún inversionista extranjero o nacional esté a favor de la corrupción”, respondió. 

Para saber más: Calificadoras y bancos internacionales advierten riesgos ante aprobación de la reforma judicial de AMLO y Sheinbaum

Reforma no garantiza respeto a derechos laborales

Otro impacto económico de la reforma judicial es reducir los salarios de las personas juzgadoras del PJF para que no sea mayor a la establecida para el Presidente de la República. 

En la iniciativa sí se establece que el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral tendrán que pagarse con recursos del presupuesto de egresos de cada año, al extinguirse los fondos y fideicomisos del PJF. 

Sin embargo, la reforma rompería con la garantía de la estabilidad laboral o permanencia en el encargo por la amenaza constante que enfrentarían las personas juzgadoras de ser enjuiciadas por el Tribunal Disciplinario que sustituya al Consejo de la Judicatura Federal. Ante este órgano se podrían denunciar hechos cometidos por funcionarias y funcionarios que pudieran ser sancionables para que los investigue.

“Éste podrá sancionarlos por causas muy amplias, como por fallar en contra de algo tan vago como el ‘interés público’. Es decir, significa que podrán ser sancionados incluso por hacer bien su trabajo”, se lee en el comunicado de México Evalúa.

Claudia Aguilar, abogada y socia directora del despacho Aguilar Barroso y Asociados S.C., asegura que el debilitamiento de la profesión traería consigo una fuga de talentos que impactaría en la economía de México. Además, señaló que no se ha calculado el costo de los derechos laborales de quienes serían despedidos.

“No se ha hecho el cálculo de pensar en cesar a personas juzgadoras federales, de liquidar y despedir a las personas juzgadoras que tienen en promedio 10 años de carrera judicial, muchas tienen mucho más. A todas, nada más por ser trabajadores, habría que indemnizarlos, ese cálculo tampoco está hecho y claramente tiene un impacto presupuestal, un impacto negativo en las finanzas de este país”, dijo Aguilar.