Pensiones, Acapulco, elección judicial e ISSSTE: Gobierno ‘acomoda’ destino de fideicomisos judicial

Para becas, mejorar servicios de salud o para la elección judicial. Desde que el gobierno federal impulsó en 2023 la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial —que en total suman fondos por más de 16 mil millones de pesos—, Andrés Manuel Lópéz Obrador y Claudia Sheinbaum han hablado de dar distintos fines a esos recursos, según la coyuntura. 

La orientación más reciente que se anunció para el uso de estos recursos fue el 23 de febrero, cuando de gira por Durango, la presidenta reiteró que “todo ese recurso [de los fideicomisos del poder judicial] va a ir para fortalecer al ISSSTE”. 

Aunque también es verdad que el gobierno federal se ha visto imposibilitado de disponer de los fondos de estos 10 fideicomisos, pues aún no se lleva a cabo su restitución total.

La Corte informó que Banobras devolvió en diciembre 853 millones 913 mil 710 pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), correspondientes a la totalidad de los recursos del Fondo Jurica. Claudia Sheinbaum ha dicho que estos recursos se utilizarán en su totalidad para solventar la elección del Poder Judicial.

El saldo total de los 6 fideicomisos de la Suprema Corte asciende a los 6 mil 241 millones de pesos. Mientras que los cuatro fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suman 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos.

Sin embargo, en enero Nafin informó que está “impedida legalmente para cumplir con las instrucciones de la Corte y del CJF”, esto debido a que están vigentes diversas suspensiones definitivas otorgadas por órganos jurisdiccionales. Nafin precisó en la tarjeta informativa que, de no cumplir con las suspensiones otorgadas, podría incurrir en “conductas delictivas”.

De becas y pensiones a los damnificados de Acapulco

El 11 de mayo de 2023, López Obrador anunció su intención de eliminar los fideicomisos del Poder Judicial, argumentando que millones de pesos en estos fondos sólo servían para mantener “privilegios” de ministros, jueces y magistrados. Aquel día afirmó que el dinero sería destinado a becas para estudiantes de familias de bajos recursos.

Meses más tarde, el 18 de octubre de 2023, el expresidente incluso sugirió distribuir los fondos entre los estados y consultar a la población sobre su uso. “Que se entreguen 400 millones –son 15 mil– a cada estado de los 32 y que se consulte a la gente en qué utilizar los 400 millones, y se entregue a los estados. Hay tantas necesidades”, dijo López Obrador en aquella ocasión.

Tan sólo unos días más tarde — el 23 de octubre— López Obrador retomó de nuevo la propuesta de utilizar esos recursos en apoyos para estudiantes y especificó que se trataría de “dos millones de becas”.

Sin embargo, el 31 de octubre de 2023, en medio de la crisis causada por el huracán Otis en Acapulco, López Obrador cambió de postura y sugirió al Poder Judicial que destinara esos recursos a la reconstrucción del puerto.

Estados, pensiones y elecciones judiciales

Luego, en febrero de 2024, la entonces secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, planteó el uso de estos recursos como complementos para el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

“El tema de los fideicomisos del Poder Judicial. Una vez que concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar”, dijo Alcalde. 

De hecho, esto quedó estipulado en el Decreto del Fondo de Pensiones para el Bienestar en el que se establece que el patrimonio de este fondo estará constituido por “los productos y aprovechamientos que se generen … de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación”.

Posteriormente, el 27 de septiembre de ese mismo año, a unos días de dejar el cargo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que los recursos provenientes de esos fideicomisos podrían destinarse a pagar las elecciones del Poder Judicial.

“Todo aquello que tienen en los fideicomisos los del Poder Judicial … de ahí puede salir. No es que vayan a costar 20 mil millones de pesos las elecciones, pero ahí hay recursos suficientes”, dijo López Obrador.

Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia en octubre de 2024, se ha propuesto destinar los fideicomisos en tres direcciones. 

En octubre del 2024 Sheinbaum retomó la idea de que los fondos fueran utilizados para la reconstrucción de Acapulco. “Los fideicomisos del Poder Judicial … en su momento se pidió que se usaran para Acapulco, a lo mejor de nuevo podemos usarlos para Acapulco”, dijo la presidenta el 22 de octubre de 2024 luego del impacto del huracán John.

No obstante, el 31 de ese mismo mes, aseguró que los recursos financiarían el costo de las elecciones del Poder Judicial.

Ya en 2025, el gobierno de Sheinbaum cambió nuevamente su postura. En enero, la presidenta anunció que los fondos se destinarían a mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la salud del ISSSTE. 

En aquella ocasión afirmó que “para poder completar alrededor de 10 mil millones de pesos que se requieren para mejorar las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores de la salud del ISSSTE” alrededor de 7 mil 500 millones de pesos vendrían “de los fideicomisos del Poder Judicial”.

Sin embargo, el 10 de febrero también afirmó que pondrían a disposición del Instituto Nacional Electoral ”poco más de 800 millones de pesos que se han recuperado de los fideicomisos del Poder Judicial, de la Corte”.

Una serie de declaraciones que hasta la fecha se han quedado en eso, en dichos, sin que se concrete el uso de los recursos que había acumulado el Poder Judicial. 

El 2 de enero de 2023, Norma Piña asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cambió la relación entre dicho poder y el Ejecutivo. Cuando la Corte invalidó diversas reformas clave del gobierno de López Obrador, como la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el mandatario reclamó corrupción dentro del Máximo Tribunal. 

Finalmente, el expresidente impulsó una reforma para que los integrantes del Poder Judicial sean elegidos por voto popular. Dicha reforma además ordenó la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.