Fideicomisos del Poder Judicial: ¿Cuáles quiere eliminar Morena?
Siboney Flores y Arturo Daen · 17 de octubre de 2023
Morena busca eliminar fideicomisos con saldo de 8 mil 500 millones de pesos para pensiones complementarias de mandos superiores y medios, personal operativo, además de magistrados y jueces jubilados del Poder Judicial, lo que ha desatado protestas y el anuncio de amparos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que no serán afectados derechos de trabajadores, pero especialistas y partidos de oposición mencionan lo contrario. A continuación te explicamos cuáles son los fideicomisos del Poder Judicial que están en riesgo de desaparecer, sus montos y cuáles han sido los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación:
¿Qué son los fideicomisos y por qué se usan?
Especialistas nos explicaron que los fideicomisos son instrumentos financieros en los que instancias públicas o privadas ‘guardan fondos’ en una bolsa destinada a un fin específico, pero cuyos montos mientras no sean gastados también generan rendimientos.
Hasta el segundo trimestre de 2023, Hacienda reportó 178 fideicomisos vigentes, 138 en operación y otros 40 en proceso de extinción. La Secretaría del Bienestar, por ejemplo, tiene un fideicomiso ‘del Bienestar’ para garantizar la entrega del programa de apoyo.
Estos fideicomisos se alimentan de los recursos presupuestales aprobados por diputados y diputadas, y la dependencia que los usa tiene la ventaja de que si al finalizar el año no se emplearon los recursos se quedan en la ‘bolsa’, e incluso pueden crecer.
Esto da mayor control de los recursos, más allá de los vaivenes políticos y la discusión anual entre partidos para asignar presupuesto.
“Básicamente te garantiza no correr el riesgo de que te vayan a recortar el presupuesto en un determinado año, y te quedes sin la capacidad de financiar un programa en cuestión”, explica Jorge Cano, experto en los programas de Gasto Público en México Evalúa.
Para la abogada constitucionalista Melissa Ayala, el uso de los fideicomisos “permite una mejor planeación y proyección de esos recursos para el fin que se le ha atribuido”.
Aunque por otro lado especialistas también han señalado el riesgo de la opacidad al utilizar fideicomisos, y Morena critica en la iniciativa del legislador Mier el manejo discrecional de recursos públicos que puede tenerse con estos instrumentos, aunque también sean utilizados por secretarías del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En ese sentido, legisladores de oposición han acusado que la iniciativa, más que buscar la transparencia y ahorro, busca ‘castigar’ al poder Judicial y afectar su autonomía, por las resoluciones que ha emitido respecto a reformas del gobierno actual.
¿Qué fideicomisos que quiere eliminar Morena, se afectan derechos laborales?
En la iniciativa de Morena se plantea eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial.
Entre ellos tres relacionados con pensiones “complementarias”, es decir, montos de pensión que se suman a los que asigna por ley el ISSSTE a funcionarios públicos, y que son financiados con recursos provenientes de los fideicomisos.
Estos son: de Pensiones Complementarias para Mandos Superiores, que van de director general a secretario de estudio, aunque no considera a ministras y ministros en retiro, y que hasta junio de 2023 tenía un saldo de 832 millones de pesos.
También los de Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo (saldo de 2,972 millones), y otro de Pensiones complementarias de magistradas y jueces jubilados (4 mil 722 millones).
Más de la mitad de los recursos que pretende quitar Morena son de fideicomisos enfocados en pensiones, y el de mandos superiores es el de menos recursos.
Y si bien dichas prestaciones son “complementarias”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación defendió que “no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos de las personas trabajadoras en el PJF que ya cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación de cada fideicomiso, así como de quienes eventualmente cumplirán con ellos”.
La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que desde la creación de estos fideicomisos de pensiones complementarias se estableció que su entrega no sería obligatoria ni permanente, lo que también refirió el presidente.
“Entiendo el planteamiento (de López Obrador) porque podemos pensar que si hay fideicomisos que no son obligatorios, entonces al no ser obligatorios se podrían eliminar y no debería de pasar nada”, refirió Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM.
“El tema es que una vez que se han creado, aunque no fueron obligatorios constituyen obligaciones ya respecto a los trabajadores, y los trabajadores a la inversa ya tienen derechos adquiridos”, agregó.
El artículo 123 de la Constitución, explica que ninguna ley se puede aplicar en forma retroactiva. “(La eliminación de los fideicomisos) implicaría su aplicación de forma retroactiva porque se estarían afectando los derechos de los trabajadores”.
El padrón de la SCJN de beneficiarios del fideicomiso de pensiones complementarias para mandos superiores tuvo al 30 de septiembre de este año a 26 beneficiarios.
El de mandos medios a 188.
Y en el caso del Fideicomiso Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces jubilados, en el reporte del segundo trimestre del año se observaron 385 beneficiarios.
Entre los fideicomisos con el mayor monto presupuestal, y que busca eliminar Morena, también está el del Consejo de la Judicatura Federal para el Desarrollo de Infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal, con un saldo de 4 mil 308 millones hasta junio de 2023.
“Los recursos de ese fideicomiso se utilizan para financiar, como su nombre indica, la implementación de obligaciones derivadas de reformas constitucionales y legales como la reforma laboral, así como de la suscripción de tratados internacionales, como es el caso del T-MEC, específicamente, en esa materia”, refirió la Suprema Corte.
Así, la extinción de este fondo afecta directamente a la implementación de las reformas y, por lo tanto, a los compromisos del Estado mexicano”.
Otro de los fideicomisos es el de Mantenimiento de Casas Habitación de Magistrados y Jueces, para proveer una vivienda a magistrados de Circuito o jueces de Distrito cuando se les asigne a órganos jurisdiccionales con distinta residencia a la de su domicilio actual.
“Con lo que se evita que dichos funcionarios judiciales establezcan relaciones de tipo comercial para contar con una vivienda con personas que, a la postre podrían ser parte en juicios federales”, se refiere en el Diario Oficial, aclarando en otro documento que dicha vivienda que les asignen seguirá siendo de dominio público, y que al ser trasladados de nuevo, retirarse o incluso ser sancionados deben dejar dicho inmueble.
En el caso de este fideicomiso, no se ubicó en línea el listado de padrón beneficiarios.
ASF criticó en 2019 que no se usan los recursos en los fideicomisos
Como refiere la iniciativa de Morena, la Auditoría Superior de la Federación observó en 2019 que aunque el Poder Judicial tiene recursos en los fideicomisos apenas usa anualmente una fracción mínima de ellos, y en cambio se seguía recurriendo al presupuesto.
“Se considera que la operación de los fideicomisos de la SCJN y del CJF no se ajusta a criterios de racionalidad dada la muy baja utilización de sus recursos, lo cual ha sido una constante, en los últimos 10 años, ya que, en promedio, solo se ha utilizado el 4.8% de sus disponibilidades, destacando los fideicomisos relativos a pensiones complementarias, cuyo financiamiento ha sido efectuado mayormente con recursos de los propios presupuestos de dichos órganos en lugar de hacer uso de los recursos disponibles con los que cuentan dichos instrumentos financieros, originando ello que las disponibilidades se hayan incrementado casi 4 veces en los últimos 10 años, lo cual representa un incremento de 11,538.2 millones de pesos”, señaló la Auditoría.
Un año después, en el caso de los fideicomisos “Pensiones Complementarias Mandos Medios y Personal Operativo” y “Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior” de la SCJN, refirió que el 90% de los recursos ejercidos para ese fin en 2019 se financiaron con el presupuesto de la SCJN con cargo a la partida de gasto 15301 “Prestaciones de Retiro”. Y solo el 10% con dinero de los fideicomisos.
No hay evidencia de que sean para lujos de jueces y ministros
En el medio público Canal 11 se difundió que parte del dinero de los fideicomisos es para que jueces “reciban dos vehículos blindados tipo suburban con valor de seis millones de pesos, un gasto anual de 22 mil pesos en gasolina, seis celulares y tres ipads”.
Una narrativa similar a la que se refiere en la exposición de motivos del legislador Ignacio Mier, en su caso citando una columna de opinión de Salvador García Soto, quien a su vez refiere que obtuvo la información de “fuentes del gobierno federal”.
En una revisión, no se encontró ninguna fuente documental con ese desglose de gastos, sólo los reportes de saldos de fideicomisos y en la mayoría de ellos de beneficiarios, también sin encontrar que alguno de ellos beneficia actualmente a ministras o ministros, como señaló la SCJN.
¿Es buena idea eliminarlos?
Jorge Cano, experto en los programas de Gasto Público en México Evalúa, menciona que si el presidente López Obrador considera que hay opacidad con los fideicomisos, la mejor opción es obtener más mecanismos de transparencia, pero no eliminarlos.
La misma organización especializada en el análisis presupuestal expresó en un comunicado que no está a favor de “procesos arbitrarios de extinción de fideicomisos públicos” y sin procesos estrictos de evaluación.
En el caso de los fideicomisos del PJF, apuntó, se deberían considerar aspectos adicionales, dadas las posibles afectaciones a su independencia.
“Reafirmamos nuestra preocupación en torno al potencial recorte al presupuesto del PJF y a la posible adopción de una reforma que pretende eliminar sus fideicomisos. Nos parece que, de aprobarse, se erosionaría la división de poderes, se pondría en riesgo la independencia judicial y se deterioraría aún más el derecho de los mexicanos de acceder a una justicia pronta y expedita”.