Estrategia contra la extorsión: expertos ven avances pero advierten pocos incentivos para denunciar

Ante el crecimiento de los casos de extorsión durante su administración, la presidenta Claudia Shienbaum y su gabinete de seguridad anunciaron una estrategía nacional para combatir ese delito, que contempla cambios legales y facilidades para incentivar la denuncia. Pero expertos en seguridad advierten que hay pocos incentivos para denunciar y riesgo de abusos con la cancelación de líneas telefónicas.

La estrategia contempla una línea nacional para denuncia anónima de casos de extorsión; bloqueo de número asociados a casos de extorsión; bloqueo de cuentas bancarias de personas acusadas; creación de células de inteligencia y unidades especializadas contra ese delito. También, se propone reformar el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso pueda expedir una Ley General contra la extorsión y que este delito pueda ser investigado de oficio, con el fin de evitar poner en riesgo a las víctimas. 

Desde 2018, los casos de extorsión se han mantenido al alza, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Entre enero y mayo de 2025 se registraron 4 mil 882 víctimas de extorsión en el país, la cifra más alta para un periodo similar desde que se tiene registro. Esto representa un incremento del 78% respecto a 2018, cuando sumaron 2 mil 735 víctimas en el mismo periodo.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), señaló que, aunque la estrategia nacional contra la extorsión tiene elementos positivos como actualizar el tipo penal y aprovechar la experiencia de las unidades antisecuestro, lo anunciado hasta ahora son generalidades: “Una estrategia implica objetivos medibles en tiempo, en resultados. Lo que vemos son generalidades”. 

Línea para denuncia anónima de extorsión

Uno de los pilares de esta estrategia es concentrar las denuncias anónimas de extorsión en el teléfono 089, que funcionará como número único nacional, tanto para extorsiones telefónicas como presenciales. Esta denuncia implicará la apertura de una carpeta de investigación y si se denuncia una extorsión presencial, se canalizará a la Unidad Especializada en fiscalías estatales y federal.

El Secretario de Seguridad, Omar Garcia Harfuch, mencionó que los operadores de la línea telefónica 089 contarán con protocolos de actuación ante denuncias de extorsión telefónica y denuncias de extorsión presencial. 

Sin embargo, desde 2011, el gobierno mexicano ha impulsado campañas y número de denuncias sin frenar el delito ni aumentar las investigaciones o los bloqueos de estos números extorsivos, de acuerdo con el informe “La Extorsión Bajo el Caleidoscopio” del Observatorio Nacional Ciudadano. 

“El desempeño de las autoridades no cumple con sus expectativas y necesidades. En muchos casos la respuesta brilla por su ausencia o se limita a difundir información preventiva y números telefónicos para denunciar. En otros casos, la respuesta se activa al momento de la denuncia formal, pero no hay forma de darle seguimiento y las pocas investigaciones no terminan con detenciones ni sentencias condenatorias”, señaló el Observatorio en el informe. 

El director del ONC advirtió que apostar por el 089 como vía principal de denuncia es limitado. “Las personas no denuncian por temor, no denuncian porque hay riesgo real, particularmente cuando hablamos de eh la extorsión presencial. La extorsión telefónica tiene muy bajo el nivel de riesgo real, pero la extorsión presencial es extremadamente alto”, dijo.

Yair Mendoza indica que “En el caso de extorsiones telefónicas o indirectas, las víctimas no tienen certeza sobre la veracidad de las amenazas, y los protocolos de actuación no son tan intuitivos para el ciudadano, pues no son negociadores, por ello ahora se considera dar atención especializada vía telefónica”. Además en contextos violentos, el miedo es un inhibidor de la denuncia y una oportunidad para que micro bandas locales -inexpertas-, vean una ventana de oportunidad para explotar el mercado ilícito de la extorsión”, menciona el investigador.

De acuerdo con la última entrega de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en 2023, la cifra negra —delitos que no fueron denunciados— por extorsión fue del 96.7% lo cual lo coloca como el segundo delito con la mayor cifra negra en el país. Los principales motivos de las víctimas para no interponer una denuncia fueron la pérdida de tiempo y la desconfianza en las autoridades. 

La encuesta detalló que, del total de carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público o Fiscalía estatal, en 47.9% de los casos no pasó nada o no se continuó con la investigación.

Autoridades bloquearán número telefónicos de llamadas de extorsión

En el caso de llamadas extorsivas, el gobierno, mediante una orden judicial, podrá solicitar a las compañías telefónicas la cancelación del número implicado. Mientras que en caso de extorsión presencial, la denuncia dará paso a la apertura automática de una carpeta de investigación en la fiscalía estatal correspondiente.

“Se solicitan órdenes judiciales para el bloqueo de líneas y equipos celulares vinculados a llamadas de extorsión; además de implementar operativos en centros penitenciarios para el aseguramiento de equipos telefónicos empleados por internos para la comisión de dicho delito”, explicó García Harfuch. 

También se realizarán operativos en centros penitenciarios, desde donde muchas de estas llamadas son realizadas. De acuerdo con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, “la mayor parte de las extorsiones telefónicas vienen de las cárceles locales y las cárceles federales”.

La ENVIPE de 2023 también muestra que se cometieron 4.9 millones delitos de extorsión en el país, de las cuales 85.6% de los casos fueron extorsiones telefónicas. Cabe destacar que las víctimas que entregaron el pago de la extorsión un 12.9%, el mayor porcentaje desde 2012. 

Sobre el plan de cancelar de inmediato líneas telefónicas usadas en extorsiones, Rivas consideró que “parece positivo”, pues “nadie entendía por qué un teléfono ya te había extorsionado 380 o 400 veces y no pasaba nada”. Sin embargo, pidió que se haga con cuidado para evitar abusos, como cancelaciones por denuncias falsas.

Las autoridades federales presumieron que las nuevas capacidades de investigación y la solicitud de bloqueo de líneas celulares es posible con la aprobación de la reciente Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, aunque aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo que tampoco ha entrado en vigor. 

Sin embargo, como te contamos, junto a las reformas que modificaron leyes en materia de población, seguridad, desaparición de personas, telecomunicaciones y Guardia Nacional, se creó una ley de inteligencia dará capacidades de vigilancia masiva sin controles al gobierno y representa una amenaza a los derechos humanos como la privacidad y protección de datos personales.

Perseguir de oficio y congelar cuentas bancarias 

Otra de las medidas anunciadas es la persecución “de oficio” de la extorsión, lo que significa que ya no se requerirá una denuncia formal de la víctima para iniciar una investigación.

Pero esta innovación requiere, primero, de una reforma constitucional para dar al Congreso de la Unión la facultad de emitir una Ley General contra la Extorsión que homologue el tipo penal y las penas en todo el país. La iniciativa de reforma fue enviada al Congreso el mismo lunes, y el Ejecutivo federal prevé que el proceso legislativo concluya este mismo año.

Durante la conferencia mañanera del pasado martes 8 de julio, la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, adelantó que la ley general contemplará un tipo penal único para todo el país, con sus agravantes, delitos vinculados y sanciones en la materia para prevenir, investigar y sancionar este delito.  

“Las penalidades se mantienen, o sea, no hay aumento en la penalidad. Lo importante es que ahora se va a perseguir de oficio”, agregó la presidenta Sheinbaum.

Rivas consideró que es positivo que el Congreso pueda emitir una Ley General contra la Extorsión, dado que “hoy los tipos penales son insuficientes” y varían de un estado a otro, lo que limita la acción del Estado. 

Sin embargo, alertó que la reforma no debe derivar en populismo penal: “Eso no sirve cuando tienes el 0% de casos en donde hay plena reparación del daño. Lo que se necesita es la certeza de la sanción”, alertó.

El especialista consideró que perseguir de oficio la extorsión “es muy positivo y sí ha sido efectivo en el combate a otros delitos”, pues actualmente denunciar implica largas horas de espera en el Ministerio Público sin garantías de justicia. Explicó que con este cambio, “con la simple noticia criminal, se activa el Estado para investigar, generar inteligencia y dar una respuesta contundente a este fenómeno”.

En el mismo sentido, Yair Mendoza, investigador del programa de seguridad de México Evalúa, sostuvo que, si bien las fiscalías están saturadas, “hay que dar un paso al frente porque la otra opción es la inacción y eso no ha fomentado la disminución de la extorsión”.

Otro eje importante será el uso de inteligencia financiera. Para ello, se contempla que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias asociadas a redes de extorsión y bloquear líneas o equipos telefónicos utilizados en la comisión del delito.

Francisco Rivas calificó como positiva la medida de congelar cuentas bancarias ligadas a redes de extorsión. “es dificilísimo abrir una cuenta como sociedad civil, no tienes idea. Y una vez que llevas todo tiene que ser aprobado y pasan semanas y todas las veces yo me pregunto cómo es posible que las transferencias bancarias nadie las esté rastreando”, criticó. No obstante, alertó que es clave garantizar que estas acciones no queden solo en el papel.

Prevén observar resultados a finales de año

Según las autoridades federales, el 66% de las extorsiones ocurren en ocho entidades: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

Mendoza explicó que la ciudadanía podrá evaluar si la estrategia funciona hacia finales de año “si la autoridad pone en acción esta estrategia a la brevedad y observamos una tendencia a la baja en este delito, al menos en las entidades federativas ya mencionadas”, siempre que la estrategia cuente con claridad en sus mecanismos de generación de información e inteligencia y coordinación interinstitucional.

En este mismo sentido, el director del Observatorio Nacional Ciudadano explicó que para evaluar si la estrategia funciona, se deberían observar como resultados “la desarticulación de bandas y la recuperación de activos”, así como indicadores hechos a la medida que permitan comprobar si empresarios y ciudadanos realmente han dejado de ser extorsionados.

Para el investigador del programa de seguridad de México Evalúa, el anuncio representa un esfuerzo y considera positivo que se amplíe el abanico de delitos prioritarios para el gobierno federal, dado que no todas las violencias delictivas se limitan al homicidio.

Mientras que Rivas subrayó que la estrategia no contempla un punto crucial: “la urgencia de limpiar las instituciones de procuración de justicia”, ya que quienes denuncian pueden terminar siendo víctimas de delitos más graves como tortura, homicidio o desaparición.