Dinero inactivo en cuentas bancarias: reforma no da “licencia” al gobierno, pero sí implica riesgos

La senadora Lilly Tellez acusó en Twitter que si alguien tiene cuentas bancarias de ahorro debe asegurarse de hacer movimientos ya, porque “el gobierno de Morena tiene licencia para robarle su dinero y darlo al ejército”. 

Sin embargo, el proyecto de decreto para modificar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, impulsado por Morena, en realidad no establece una “licencia” para que el gobierno tome directamente y de inmediato el dinero de cualquier cuenta de ahorro. 

Dicho proyecto busca que los montos de cuentas bancarias —de ahorro, inversión, cheques, nómina y débito— que no tengan movimientos durante tres años seguidos puedan ser transferidos a una cuenta concentradora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para después ser utilizados en beneficencia o seguridad pública. 

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Aunque la interpretación de Téllez no es precisa, especialistas consultados sí critican que esta propuesta de reforma no deja en claro algunos puntos importantes, como si los cuentahabientes podrán reclamar el dinero una vez que llegue a una cuenta concentradora, o si se transparentará en qué tarea en específico se usa el recurso, pues al destinarse a seguridad pública las autoridades podrían negarse a la comprobación de gastos. 

El proyecto fue revisado y aprobado por los diputados. Falta que lo revise el Senado. 

La medida de transferir dinero de cuentas sin movimientos no es nueva, pues está en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito desde 2008. Sin embargo, estas son las disposiciones que proponen agregar los morenistas:

• Que ya no sean seis sino tres años el periodo de inactividad de cuentas para que puedan tomarse sus fondos. 
• Que ya no se mida la cantidad de dinero por el salario mínimo, sino por la unidad de medida y actualización (UMA). 
• Que los montos de cuentas mayores a los equivalente a 540 UMAS —aproximadamente 51 mil 800 pesos— sean destinados a cuestiones de seguridad pública.

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Acá te contamos todos los detalles:

¿Cómo funciona actualmente?

Especialistas nos ayudaron a armar este ejemplo de cómo funciona ahora mismo la Ley de Instituciones de Crédito: 

1. En 2008, Juanita deja de hacer movimientos en su cuenta bancaria, no deposita ni hace retiros. Por ello, el banco comienza a cobrar entre 50 y 100 pesos mensuales como concepto de “comisión”.
   
2. Es 2011 y Juanita sigue sin hacer movimientos en su cuenta bancaria, así que el banco reporta la cuenta como “inmovil” ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al hacer eso, debe mandar todo el dinero de Juanita a una cuenta concentradora de la dependencia federal.
   
3. La secretaría tendrá el dinero de Juanita en esa cuenta concentradora entre 2011 y 2014. Por tener el dinero resguardado le cobrará un interés mensual que es igual al aumento porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor de ese mes.
   
4. Por ley, Juanita tiene entre 2011 y 2014 el derecho de llegar a cualquier sucursal del banco y decir “mi cuenta está vacía, yo no he movido nada en años y sí tenía dinero”. El banco debe de revisar su caso y explicarle que pasó con su dinero.
   Al mismo tiempo debe realizar un trámite ante la secretaría para exigir la devolución de su dinero, por supuesto, descontando los intereses y las comisiones que se generaron en el transcurso del tiempo. Los expertos consultados reconocen que ese proceso es burocrático y cansado porque tiene que acreditar con una serie de papeles que ella es la propietaria de la cuenta.
5. Si Juanita no se dio por enterada de nada entre 2008 y 2014, el banco, 90 días antes de que se acabe el 2014, le buscará para notificarle del hecho, en el domicilio que tiene registrado, pero si no la encuentra la dará como notificada. Por eso la importancia de tener el domicilio actualizado ante las entidades bancarias. 
   
6. Si Juanita no reclamó el dinero en ese periodo y tampoco contestó al llamado del banco, entonces la secretaría destina el dinero para la beneficencia pública. 

¿Qué se plantea en el proyecto de reforma?

Según el proyecto de reforma, una vez que el dinero llegue a la cuenta concentradora de la secretaría podría ser utilizado para cuestiones de beneficencia pública o seguridad pública.

Si el monto correspondiente de la cuenta no excede las 540 UMAS, un aproximado de  51 mil 800 pesos, será utilizado para la beneficencia pública. 

Si la cuenta supera el monto se irá a la Secretaría de Seguridad “para que se realice políticas y acciones de combate a la delincuencia”, y a su vez este se entregue entre autoridades de seguridad federales, estatales y municipales. 

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Por ello, los especialistas consultados explican que la redacción de la reforma no deja claro  que la cuenta concentradora de la Secretaría de Hacienda debe tener tres años el monto ahí; lo pueden utilizar para cuestiones de seguridad y después omitir en qué se gastó y solo señalar al cuentahabiente que no se puede informar por cuestiones de seguridad nacional. 

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó hacer otro ajuste a la reforma. En su conferencia mañanera, dijo que el dinero no debería destinarse a seguridad, sino a programas sociales y salud.

Especialistas advierten que reforma implica posible opacidad 

El investigador de la Universidad de Guadalajara Antonio Ruiz Porras explica que cuando el dinero de las cuentas es utilizado para asuntos de seguridad y delincuencia “normalmente no es información pública; entonces, significa que lo que se pierde es transparencia en el uso de los recursos”. 

“Por ahora no queda claro qué sí va a poder transparentar o no; entonces, creo ahí hay un hoyo legal en el sentido de que no queda claro”, agrega Porras. 

En esto coincide Rafael Arenas, director en Asesores Profesionales Contadores, que reconoce que se podría prestar a una discrecionalidad del uso de recursos. 

“No es únicamente el monto de recursos, sino como realmente van a aplicar, si en los recursos normales suele haber falta de transparencia, pues cuando el monto no se encuentra definido por la ley de ingresos de la federación puede haber mayor opacidad, hablamos de una bolsa adicional”, enfatiza Arenas. 

El economista Enrique Quintana, en su editorial de W Radio, considera que esta reforma ocurre debido a que se aprobó la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028 para hacer las funciones de seguridad pública, y en ello se planificó un fondo para fortalecer instituciones pero hasta el momento no tiene un monto asignado. 

“Pareciera que una de las fuentes para financiar quiere ser el asunto de las cuentas olvidadas”, enfatiza Quintana.

Difieren de la propuesta: muchos ciudadanos pueden verse afectados con la medida

Los especialistas consultados consideran que es muy poco el periodo que da la autoridad para reportar el dinero, por lo que muchos ciudadanos se ven perjudicados. 

“Por ejemplo, una persona que fallece y por tanto jamás vuelve a usar la cuenta y sus herederos no se enteran sino hasta algún tiempo después de que había algunos ahorros que podían disponer del dinero”, explica Porras. 

“También puede ser que hay un litigio legal por divorcio y muchas veces las cuentas se movilizan por años. Un pleito legal de cualquier tipo puede durar años, aunque los titulares de las cuentas estén vivos…  igual, decidió irse al extranjero por algunos años y cuando regresa descubre que nada se quedó y cuando digo gente que se fue al extranjero, por ejemplo, pensemos en los migrantes que se van a Estados Unidos”, agrega el académico. 

Rafael Arenas explica que la medida incluso se podría considerar expropiatoria. “Es un castigo por no mover mi dinero, si yo quiero tener un plazo fijo de cinco años, sigo siendo dueño de ese dinero”, dice el contador. 

“No creo que una persona por el hecho de no mover el capital lo debe de perder… a lo mejor un dinero que dejé allí porque me interesa para ciertos aspectos al futuro, no lo quiero mover, porque se lo quiero dar a mis deudos en materia de testamentos”, dice Arenas. 

Al respecto, el economista Enrique Quintana señala que el plazo de la reforma pareciera muy breve en comparación con otros países, pues, por ejemplo, en España el mecanismo existe pero tiene un plazo de 20 años de espera para que los cuentahabientes reclamen y en Suiza es de 60 años.