Entrevistas y debates: ¿qué se permite en campaña a candidatas y candidatos al Poder Judicial?

Comienzan las campañas de candidatas y candidatos para renovar 881 cargos del Poder Judicial de la Federación. Durante dos meses podrán difundir sus propuestas y sus trayectorias, y hacer llamados al voto entre la ciudadanía. 

Es el inicio oficial de este periodo de promoción, aunque desde noviembre varios aspirantes a un cargo, incluidas las tres ministras en funciones, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, realizaron giras y participaron en eventos y entrevistas para promover su trayectoria y prometer cambios, aunque sin hacer llamados al voto.

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Para las campañas las y los aspirantes deberán respetar varias reglas y ajustar sus gastos de promoción al tope máximo que fijó el Instituto Nacional Electoral (INE). Para los aspirantes a la Suprema Corte, las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina Judicial, el monto máximo es de 1 millón 468 mil 841.33 pesos.

En el caso de las magistraturas de las salas regionales del TEPJF, el tope es de 881 mil 304.80 pesos; quienes aspiran a una magistratura de circuito podrán gastar hasta 413 mil 111.63 pesos, y los aspirantes a jueces no deberán rebasar los 220 mil 326.20 pesos, según aprobó el INE este jueves. Los aspirantes están obligados a reportar los gastos que realicen en sus actividades de propaganda.

¿Qué pueden hacer las y los candidatos?

De acuerdo con los Lineamientos que aprobó el INE sobre los procesos sancionadores y para la fiscalización de las elecciones judiciales, la campaña son los actos que pueden hacer las y los aspirantes para presentar sus propuestas, hablar de sus trayectorias profesionales, méritos, su visión de la función jurisdiccional y la impartición de justicia. Además, claro, de pedir el voto a la ciudadanía. 

Para ello, las personas candidatas podrán celebrar reuniones y asambleas presenciales, además de grabar spots para radio y televisión que se difundirán en los tiempos oficiales del INE. También podrán difundir su propaganda en sus páginas de redes sociales, aunque tienen prohibido pagar para ampliar su alcance.

Algo que, por ejemplo, hizo la ministra Yasmín Esquivel en noviembre, cuando El Sabueso identificó un gasto de 32 mil pesos para promover su contenido en las plataformas de Meta: Facebook e Instagram.

Además, los materiales con propaganda que entreguen a la ciudadanía deben estar impresos en papel, con materiales biodegradables y que no contaminen ni puedan ser nocivos para la salud.

Por otro lado, el contenido de sus mensajes debe cuidar no cometer actos de violencia política de género, evitar difundir calumnias contra sus adversarios y no atentar contra el interés superior de la niñez.

Entre sus gastos, los aspirantes pueden tomar cursos de preparación para crear contenido para medios de comunicación y redes sociales.

Otra restricción es que su contenido no podrá hacer referencia a partidos políticos, ni ser similar al de la identidad de fuerzas políticas.

Tampoco tienen permitido entregar tarjetas o cualquier material con la promesa de un beneficio inmediato o posterior, como pagos en efectivo o en especie, despensas o transferencias de recursos.

¿Pueden dar entrevistas o participar en debates?

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que los candidatos sí pueden ofrecer entrevistas a medios de comunicación, pero sólo de carácter noticioso. Además, está prohibido que se contraten este tipo de espacios en los medios de comunicación. El INE realizará un monitoreo de propaganda en el que podrá identificar estos contenidos.

Mientras que los lineamientos también señalan que los candidatos podrán participar en debates gratuitos organizados por instituciones privadas, públicas o sociales, siempre que sean en condiciones de equidad, como que se invite a todos los aspirantes a un mismo cargo y que tengan el mismo tiempo para sus participaciones.

Recursos para la campaña y restricciones para el gasto

Los candidatos a un cargo en la elección judicial sólo podrán hacer uso de recursos propios para sufragar los gastos de su campaña, como traslados, hospedajes y viáticos, y tienen prohibido recibir financiamiento de un tercero o hacer uso de recursos públicos.

Por lo que ni funcionarios públicos ni partidos políticos pueden entregar recursos financieros o en especie, o pronunciarse públicamente en apoyo de ninguna de las candidaturas.

No obstante, desde los meses previos a la campaña, diversos aspirantes como Lenia Batres o Yasmín Esquivel participaron en eventos organizados por legisladores o gobernantes de Morena.

Tampoco podrán realizar promoción fuera del territorio nacional, ni contratar espacios propagandísticos en radio y televisión, ni en espacios físicos, impresos o digitales como espectaculares, bardas, vallas publicitarias o paradas de autobuses.

Otra de las restricciones es que no pueden contratar la realización y difusión de encuestas o estudios de opinión durante la campaña, y no podrán hacer propaganda ni difundir encuestas de salida desde el final de las campañas hasta el cierre de las casillas, el día de la votación.

En caso de cometer alguna falta, las sanciones van desde una amonestación pública, una multa de hasta 565 mil 700 pesos, e incluso la pérdida de registro de la candidatura. El miércoles 19 de marzo, el TEPJF ordenó al INE modificar sus lineamientos en materia de fiscalización para ampliar la sanción de pérdida del registro para que pueda aplicarse por cualquier falta cometida durante la campaña, según qué tan grave sea.