Daniela Martínez Martínez · 20 de enero de 2025
La compañía Meta —que posee y opera las plataformas de Facebook, Instagram, Threads y la aplicación de mensajería de WhatsApp— realizó cambios en las políticas de sus redes sociales sobre “conductas que incitan al odio”. Según especialistas y organizaciones, las modificaciones impulsan discursos antiderechos y antidemocráticos, que afectan directamente a grupos históricamente vulnerados.
Ahora no se sancionará a usuarios que acusen de “enfermedad mental” a personas por su orientación sexual; usen lenguaje insultante para hablar de personas de la comunidad LGBTQ+ o migrantes, y comparen mujeres con objetos. Tampoco estará restringido decir: “creo que los hombres son superiores a las mujeres”.
Esto como parte de una estrategia para “volver a nuestras raíces respecto a la libertad de expresión en Facebook e Instagram”, según dijo Mark Zuckerberg, director de la compañía.
Pero Vladimir Chorny, investigador de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), consideró que estos cambios no deberían verse como un avance en libertad de expresión, sino como un alineamiento con la ultraderecha, ya que afectan de manera focalizada a minorías o poblaciones marginadas.
Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, externó que en realidad permitir el odio en línea limita la libertad de expresión, y puede causar daños en el mundo real.
Asimismo, un conjunto de organizaciones a favor de los derechos humanos en Estados Unidos dirigió una carta a Zuckerberg en donde afirman que “la nueva política de conducta de odio permitirá ahora mucho más contenido anti-LGBTQ, racista, antimigrante y capacitista en los servicios de Meta a nivel mundial”.
Meta dijo que ahora se enfocará en “infracciones graves” como terrorismo, explotación infantil y fraude. Y además cerrarán su programa de verificación en Estados Unidos, reemplazándolo con “notas comunitarias” similares a las de X.
Para leer más: Meta, empresa de Zuckerberg, cierra su programa de verificación de datos en EU, a días de la toma de protesta de Trump
Explicaron que estos cambios de política pueden tardar algunas semanas en implementarse por completo. Sugieren que se aplicarán globalmente, aunque podrían estar restringidas en algunas regiones, como la Unión Europea, donde podrían ir en contra de la Ley de Servicios Digitales que protege los derechos digitales de los usuarios.
La nueva versión de esta política fue publicada el pasado 7 de enero y puedes verla aquí. En ella se muestra tachado con rojo todo lo que eliminaron, y subrayado con azul lo que agregaron.
Entre los cambios, Meta agregó que sus reglas “están diseñadas para permitir espacio para este tipo de discurso”, en referencia a ciertos usos de lenguaje excluyente o insultante.
La nueva versión reconoce el uso de lenguaje excluyente de género o sexo en debates sobre acceso a espacios y roles laborales. También permite llamados a la exclusión o términos ofensivos al hablar de los derechos de personas transgénero, la inmigración, la homosexualidad o incluso insultos hacia un género específico.

Especialistas y medios de comunicación señalan que estos cambios responden no sólo a motivos económicos y a una oposición a la regulación de plataformas, sino también a una alineación ideológica con el republicano Donald Trump ante su regreso a la presidencia de Estados Unidos.
“Pareciera que hay un alineamiento ideológico entre Zuckerberg y los discursos de ultraderecha y los gobiernos”, dice Vladimir Chorny, y hace referencia a la entrevista del empresario con Joe Rogan, en donde Zuckerbeg defiende la “energía masculina”. Incluso menciona en la entrevista: “creo que tener una cultura que celebre la agresión un poco más tiene sus propios méritos”.
Ahora está tachada la parte en donde se restringía comparar a “las mujeres como objetos del hogar o propiedades u objetos en general” ni llamar a “las personas transgénero o no binarias como ‘eso’”.
También lee: El Fact-Checking no es censura: es una herramienta que empodera ciudadanos
También se permite generalizar que un grupo específico de personas tienen alguna enfermedad, o que la propagan, y decir que todo un grupo de personas son delincuentes. Y se quitó la parte que limitaba las declaraciones que niegan la existencia de un grupo de personas, o que dicen que este no debería de existir.

Vladimir Chorny advirtió que el odio en línea puede trasladarse a la violencia física, como ocurrió con el grupo étnico de los rohingyas en Myanmar. Explicó que rumores en redes los acusaban de transmitir una enfermedad sexual, lo que desató una ola de violencia contra ellos.
Esta desinformación —ahora permitida por las políticas de Meta, que ya no restringen la generalización de que un grupo tiene una enfermedad— culminó en matanzas generalizadas y crímenes de odio contra la comunidad, como documenta un informe de Amnistía Internacional.
Además, ahora se pueden hacer acusaciones de enfermedad mental o “anormalidad” basadas en género u orientación sexual, justificadas por discursos políticos y religiosos.

Los especialistas y organizaciones también alertan que el término en inglés “transgenderism”, utilizado en las nuevas políticas, es una palabra ligada a discursos transfóbicos. Esta es usada por grupos extremistas para argumentar que la identidad transgénero no es una cuestión de género, sino meramente ideológica.
Quitaron también las restricciones sobre afirmaciones de inferioridad. Ahora no se limita decir “los hombres son superiores a las mujeres”, así como los términos “fenómeno” o “anormales”. Tampoco están limitadas las expresiones como “desprecio” y “odio”, incluso si muestran intolerancia a características protegidas —como raza, género, orientación sexual o religión—.

El especialista de R3D nos explicó que un aspecto que puede ser positivo en las nuevas políticas es el de disminuir el uso de sistemas automatizados para la moderación de contenidos, ya que estos llegaban a censurar discursos de personas defensoras de derechos humanos, o de grupos vulnerables.
Pero se abrió la puerta a discursos que está demostrado que afectan a grupos vulnerables, en lugar de tomar medidas como tener mayor rendición de cuentas o transparencia, sobre cómo se construyen los algoritmos y si generan sesgos o discriminación.