Un servidor público no puede incorporarse al mecanismo de protección, como busca 'Alito' Moreno

La incorporación de Alejandro ‘Alito’ Moreno, senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al mecanismo de protección —tras la agresión de Gerardo Fernández Noroña en el Senado— no es posible porque la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no contempla que funcionarios públicos pueden ser parte de este mecanismo. 

El priista solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) su incorporación como “ciudadano defensor de los derechos humanos”; sin embargo, la ley establece —en su Artículo 1— que la protección es para personas en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o la promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. 

“En principio, el senador no es ni defensor de derechos humanos ni periodista. Como senador de la República es un servidor público que, en todo caso, se vuelve una persona que puede violar derechos humanos porque es una autoridad”, explicó Andrés Solis, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección. 

También, la ley determina que un servidor público es el ente que comete el delito de daño a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por lo que —de acuerdo con Andrés Solis— “las personas funcionarias públicas sí violan derechos humanos, sí son agresoras”. 

“Los particulares no violan derechos humanos. Quien viola derechos humanos es la autoridad. Los particulares podemos vulnerar un derecho, pero nunca violarlo”, agregó. 

Además de que su labor como legislador y dirigente de un partido político no se suscribe en la defensa de ningún derecho humano, mencionó el periodista. El senador del PRI no puede ingresar al mecanismo de protección de la Segob dada su condición de servidor público que, incluso, ya cuenta con fuero por parte del Estado. 

Para Andrés Solis, la agresión de Fernández Noroña hacia Alejandro Moreno fue en calidad de senador, pero no de ciudadano: “Hay una incongruencia en su propio planteamiento”. 

El miércoles 27 de agosto, Alejandro Moreno y Fernández Noroña protagonizaron una pelea durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, luego de que el priista le reclamó al morenista por no cederle el uso de la palabra en el Pleno. 

El 29 de agosto, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la petición del senador se atenderá conforme a los procedimientos establecidos mediante un análisis de riesgo para determinar si necesita la protección. 

“Es a partir del análisis de riesgo que se haga, como a cualquier persona”, dijo la mandataria, pero el senador no puede ser sujeto de estudio de evaluación porque nunca estuvo en riesgo su vida o su integridad por un acto de defensa de derechos humanos que haya sido vulnerado o violentado, aclaró Andrés Solis. 

Por lo que la acusación de Alejandro Moreno en contra de Fernández Noroña deberá ser a través de la vía civil, penal o parlamentaria. Actualmente, el mecanismo de protección de la Segob tiene incorporadas a más de 2 mil 500 personas. 

“En el caso del senador ni siquiera se le va a aplicar un estudio de revaluación de riesgo, como dijo la presidenta”, comentó. 

En mayo de 2025, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundió un audio en el que supuestamente Alejandro Moreno dijo que a los periodistas “no hay que matarlos a balazos (…) hay que matarlos de hambre”. 

Posteriormente, el dirigente nacional del PRI presentó una iniciativa a la Cámara de Diputados para la creación de la Comisión Nacional de Protección a Periodistas, pese a que durante su periodo como gobernador de Campeche  —de 2015 a 2019— un grupo de periodistas le presentó una iniciativa similar para el estado, la cual fue rechazada por el entonces mandatario estatal.