Querétaro: colectivas interponen amparos y acompañan abortos pese a criminalización

Querétaro es una de las siete entidades de México que todavía criminalizan el aborto y uno de los estados con las legislaciones más restrictivas en autonomía reproductiva. Basta con recordar el caso de Esmeralda, una adolescente de la comunidad indígena de Huimilpan que fue víctima de violación en 2023; tras la violencia sexual por parte de un familiar suyo tres años mayor, quedó embarazada pero no lo sabía hasta que tuvo un aborto espontáneo en 2024, a sus 14 años de edad.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro la criminalizó y abrió una carpeta de investigación en su contra por homicidio calificado a pesar de que el feto murió varios días antes de ser expulsado, según un peritaje médico. Pese a que finalmente no estuvo en prisión porque los cargos en su contra fueron retirados el 30 de octubre de 2024, tampoco ha recibido justicia por la violación de la que fue víctima.

Y aunque distintas colectivas y asociaciones civiles se organizan para que las mujeres y personas con posibilidad de gestar puedan ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, el Congreso local, en el que el Partido Acción Nacional (PAN) perdió su mayoría en ese 2024, sigue sin legislar a favor de la interrupción del embarazo.

“Es la primera legislatura en donde se tuvo la posibilidad de que Acción Nacional no tuviera la mayoría absoluta pero ni aún así ha sido posible avanzar en el catálogo de derechos humanos. Por mucho tiempo Acción Nacional no lo ha permitido, pero actualmente Morena tampoco”, señala en entrevista Alejandra Martínez, profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Tras las elecciones de junio de 2024, la LXI Legislatura del Estado de Querétaro quedó instalada el 26 de septiembre de 2024 e integrada por 25 diputadas y diputados locales. Actualmente, Morena tiene 10 legisladoras y legisladores, es el grupo parlamentario mayoritario; le sigue el PAN con siete integrantes en su bancada.

“Aunque el Congreso tenga mayoría de un partido más progresista aún así es muy difícil que pasen las iniciativas. No hablamos de un nuevo derecho que estamos esperando que alguien nos conceda, hablamos de un derecho que ya tiene un reconocimiento internacional”, distingue sobre el aborto Perla Santos, presidenta de la asociación civil Colectiva las apapacho, en entrevista.

El Código Penal para el Estado de Querétaro, en los artículos 137, 138, 139, 140, 141 y 142 aún criminaliza de forma absoluta el derecho a decidir porque no lo ha despenalizado a partir de un plazo de ciertas semanas de gestación. Es decir, todavía menciona al aborto como un delito que alcanza hasta tres años de prisión para quien causa la muerte al producto, de la concepción hasta antes del nacimiento, salvo cuando el embarazo sea resultado de una violación o la interrupción del embarazo por “culpa” de la persona embarazada. 

“Teníamos muchísima esperanza cuando supimos que ya íbamos a tener una mayoría de partidos de izquierda en el Congreso pero no son suficientes los esfuerzos individuales, no hay una coordinación entre ellos en torno al tema del aborto”, lamenta en entrevista Mayra Dávila, fundadora de Adax Digitales A.C. sobre Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). 

Congreso queretano ha evitado la despenalización del aborto

Tras el análisis de un amparo presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y otras organizaciones locales de Coahuila, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo en un comunicado del 6 de junio de 2021 que el sistema jurídico que regula el delito de aborto en el Código Penal Federal es inconstitucional.

Por lo tanto, cuando la nueva legislatura llevaba casi un mes, el diputado por Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, y la fundadora de la asociación civil Adax Digitales, Mayra Dávila, presentaron una iniciativa de ley el 31 de octubre de 2024. Su objetivo era reformar el Código Penal para el Estado de Querétaro y la Ley de Salud estatal en materia de interrupción del embarazo, durante las primeras 12 semanas de gestación.

Sin embargo, el 30 de octubre de 2025, ya en la  LXI Legislatura del Estado de Querétaro, los diputados panistas Enrique Correa y Guillermo Vega aprobaron un dictamen en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia que rechazaba la despenalización del aborto. Morena se justificó con que la sesión fue convocada para analizar asuntos pendientes, sin informar que se votaría en comisiones la propuesta por el derecho a decidir que todavía debe votarse en el Pleno.

Correa, como secretario de dicha comisión, se atrevió a decir que “la despenalización del aborto que pretende la iniciativa en análisis, genera un agravio irreparable en contra del bien jurídico tutelado”, refiriéndose al derecho a la vida. Por el contrario, activistas se manifestaron en el Congreso local con pancartas y consignas y acusaron que la decisión se tomó sin abrir espacios de deliberación pública y a la sesión fueron convocados grupos religiosos y antiderechos.

“Este es un tema urgente que se tiene que atender, por lo que se propone una atención integral en cuanto a educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos y aborto legal”, expresó Dávila en su momento, según un comunicado.

Este año, en febrero de 2026, la entonces secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, pidió al Congreso de Querétaro aprobar la interrupción del embarazo, como lo ordenó la SCJN. La funcionaria fue cuestionada por la prensa local sobre el derecho a decidir, al término de la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución de 1917 en la entidad. 

Pero el 19 de marzo de 2026, integrantes del Frente Nacional por la Familia, acudieron al Poder Legislativo a entregar 64 mil 497 firmas ciudadanas por la no despenalización del aborto en Querétaro, manifestando su oposición a las iniciativas de ley sobre el derecho a decidir presentadas en esta Legislatura. Los diputados del PAN fueron quienes las recibieron, según un comunicado.

“No solamente tiene que ver con la legislatura, grupos al interior de Querétaro eclesiásticos, políticos, económicos también forman parte de estas presiones para evitar que el tema del aborto avance”, agrega la académica Alejandra Martínez.

Además, el 1 de abril de 2026, activistas entre las que se encontraba Mayra Dávila, de Adax Digitales A.C., fueron impedidas para ingresar a la sesión donde se llevaba la elección de la Mesa Directiva para evitar que manifestaran su inconformidad ante retrasos en materia de despenalización del aborto, entre otras políticas públicas. En esa ocasión, el diputado por Morena, Sinuhé Piedragil, fue electo presidente de la Mesa Directiva del 2 de abril al 1 de octubre de 2026.

Sinuhé Piedragil recientemente declaró a medios de comunicación locales que la discusión acerca de la despenalización del aborto quedará pendiente durante su gestión. “¿Para qué llevar una discusión polarizada?”, dijo. 

“Incluso el gobernador o personajes políticos, figuras públicas o autoridades en funciones en entrevistas han comentado estar en contra totalmente de este derecho”, insiste Perla Santos, de Colectiva las apapacho, sobre Mauricio Kuri y actuales congresistas del PAN como Juliana Hernández.

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Acompañamiento y amparos: otras estrategias por el derecho a decidir en Querétaro

Si la despenalización del derecho a decidir por la vía legal no ha tenido avances en Querétaro, colectivas y asociaciones civiles han impulsado la despenalización social mediante el acompañamiento para abortar con medicamentos y la despenalización jurídica a través de amparos. 

“La despenalización social ha sido una de las partes fundamentales a la que organizaciones y colectivas le han apostado: marchar en las calles, interrumpir con medicamentos desde casa; y también todo lo referente a estrategias jurídicas”, reconoce Alejandra Martínez, investigadora-profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Precisamente en dicha universidad se conformó en 2018 la colectiva las apapacho. Aunque fue hasta 2020 cuando como egresadas de carreras de ciencias sociales constituyeron la asociación civil que ha brindado información y donado medicamentos para abortar a alrededor de mil personas, la mayoría mujeres cisgénero pero también personas de la diversidad sexogenérica. 

“Para nosotras fue muy importante definir qué era el acompañamiento. Lo identificamos como un abrazo, como apapachar el derecho a decidir”, cuenta la presidenta Perla Santos. Para las apapacho es importante difundir que el aborto es un proceso más de la vida reproductiva de las personas, así como el embarazo o la menstruación. 

Adax Digitales A.C. también lleva años sosteniendo un banco de misoprostol, un medicamento para interrumpir el embarazo. Se trata de una asociación civil feminista que surgió en la Sierra Gorda de Querétaro, es decir, en la periferia del estado, y que ahora cuenta con voluntarias en distintos municipios. 

En 2023, Adax Digitales A.C. presentó el amparo 1093/2023 en colaboración con GIRE para declarar inconstitucionales los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto en Querétaro. El 11 de abril de 2024 recibió una resolución favorable en primera instancia y, por lo tanto, diputadas y diputados locales tenían que derogar los artículos 137, 138, 139, 140, 141 y 142, relacionados con la penalización. 

Pero el Congreso estatal ingresó el recurso de revisión 192/2024 argumentando que estaban invadiendo sus facultades y el asunto llegó hasta la ponencia del magistrado federal Alois Rütter Castro. En agosto de 2026, la asociación civil tramitó una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación para avanzar a una sentencia firme.

No obstante, la resolución del magistrado “se redujo a declarar inconstitucionales los artículos que criminalizan el aborto, sí, pero el darle acceso a los servicios médicos de salud para la interrupción del embarazo en el Estado solamente fue para la asociación que fue a juicio, es decir, a Adax Digitales. Todavía falta especificar a quién de la asociación, si a todas las afiliadas o solamente quienes están en el acta constitutiva y quitó la obligación de los diputados de derogar los artículos que criminalizan el aborto en Querétaro”, explica Mayra Dávila sobre esta declaratoria de inconstitucionalidad.

La fundadora de ADAX Digitales considera que la discusión debe enfocarse en establecer qué alcance tendrá la inconstitucionalidad. Hasta la fecha, el Congreso de Querétaro mantiene igual el Código Penal a pesar de que los artículos que criminalizan el aborto ya son inconstitucionales.

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