Iniciativa no busca legalizar el aborto hasta el noveno mes en la CDMX, entonces ¿de qué se trata?

Tiare Sandoval y Siboney Flores · 3 de noviembre de 2024

Iniciativa no busca legalizar el aborto hasta el noveno mes en la CDMX, entonces ¿de qué se trata?

La diputada por el PAN  América Rangel y el Frente Nacional por la Familia mantienen una serie de dichos en redes sociales asegurando que la iniciativa presentada por Morena en el congreso de la Ciudad de México pretende legalizar el aborto hasta el noveno mes de embarazo. 

Pero, la iniciativa presentada por la diputada morenista Yuriri Ayala con apoyo de las bancadas del PRI, PRD, Partido Verde y Partido del Trabajo, solo busca despenalizar el aborto en la Ciudad de México. 

La legisladora y la organización utilizaron incorrectamente los términos despenalizar y legalizar, pues este último implica aprobar leyes y recursos públicos para que el aborto sea una práctica segura.

Mientras que la iniciativa solo busca que el concepto de aborto sea eliminado del Código Penal de la Ciudad de México para que ninguna mujer o persona con capacidad de gestar tenga que ir a la cárcel por tener un aborto en cualquier etapa de su embarazo, pues se trata de un procedimiento médico. 

Especialistas en derecho y salud reproductiva como Ninde MonRe han explicado que la clave de la iniciativa es que “más que implicar el acceso a abortos voluntarios en cualquier momento de la gestación, lo que busca es que se deje de criminalizar legal, política y socialmente a las personas que abortan y a quienes auxilian en el cumplimiento de proteger la salud”.

En 2007 la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en despenalizar la interrupción del embarazo hasta las primeras 12 semanas de gestación.

La iniciativa no contempla modificaciones al número de semanas límite para interrumpir un embarazo. Sin embargo, las causales de riesgo a la vida y riesgo a la salud fisica o psicologica, y victimas de una agresión sexual pueden acceder al servicio sin importar la semana en la que se encuentran. 

Estos servicios son otorgados mayoritariamente por los servicios públicos de las entidades, mientras que el IMSS y el ISSSTE raramente proveen los servicios independientemente de si la Entidad lo ha despenalizado o no. 

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Al respecto Francisco Cué, coordinador de Incidencia en Política Pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) explica que “tendrá que haber una regulación atendiendo a criterios de orden médica, científica y sobre todo está al pendiente de las características y particularidades de cada caso, de cada embarazo, de cuándo se puede, en qué momento no se puede y si en algún momento es más riesgoso, es más conveniente o no”. 

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¿Cuál es el objetivo de despenalizar el aborto?

La iniciativa pretende cumplir con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de eliminar “el aborto de todas las leyes penales, no aplicar otros delitos equiparados y no promulgar leyes y otras reglamentaciones que restrinjan el aborto basándose en supuestos o en límites de edad gestacional”.

Además, existe un pronunciamiento de la máxima instancia de justicia en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde 2023 declaró que es inconstitucional “el sistema juridico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal”. 

En su conferencia matutina del pasado 28 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció a favor de esta resolución. “La Corte hizo una norma general para todo el país… la Corte ya tiene una orientación en este caso”, afirmó cuando se le cuestionó al respecto. 

Diputada y organización insisten en desinformar 

La diputada Rangel respondió a El Sabueso que “legalmente se podría abortar incluso un día antes del nacimiento y esto no sería castigado”.

Sin embargo, Oriana López Uribe, integrante de las alianzas feministas por la justicia sexual y reproductiva RESURJ y Vecinas Feministas, aclaró que contrario a lo que dice la diputada, “un día antes del parto no es aborto, sino parto inducido”. 

 

Y además explicó que el acceso a la salud para interrumpir un embarazo no debería de estar limitado por el Código Penal. 

“Hemos crecido con en un ambiente que señala automáticamente el aborto como algo que debemos de evitar, entonces debemos quitarnos ese estigma y verlo como lo que es, un procedimiento médico, aunque cuesta tiempo y trabajo”, comentó López Uribe.

El creer que un aborto sólo se debe realizar en el primer trimestre del embarazo “es un problema, porque no se dimensiona toda la diversidad de posibilidades médicas y personales por las que se requieren abortos”, insistió López Uribe. 

Para todas esas situaciones médicas, los hospitales cuentan con un marco normativo que estipula cómo se debe proceder.

El Sabueso contactó a la organización Frente Nacional por la Familia para consultar las fuentes de sus declaraciones, pero no hubo respuesta hasta el momento de la publicación. 

El Frente difundió un video en el que se observa cómo desinformaron al preguntar a la gente “¿qué piensan de la iniciativa de los diputados de despenalizar el aborto hasta los nueve meses?”, ocasionando que ciudadanos emitieran discursos de odio y estigma hacia el procedimiento médico. 

En el mismo video, la organización aseguró que “despenalizar el aborto hasta los 9 meses aumenta en un 2 mil 233% el riesgo de muerte para la mamá”. 

Sin embargo, el IPAS una organización que promueve el aborto seguro, refiere que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el aborto es más seguro que un parto en países desarrollados, donde la interrupción es permitida por la ley y el personal médico es capacitado. 

La tasa de mortalidad por una interrupción es de 2 muertes por cada 100 mil abortos, mientras que las muertes relacionadas con el embarazo y el parto son nueve veces más altas. 

Anteriormente militantes del Partido Acción Nacional también replicaron la misma desinformación en el contexto de acceso al aborto en Michoacán.

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A nivel nacional, ninguna entidad ha legalizado interrumpir el embarazo de manera voluntaria después de las 12 semanas y seis días, equivalente a los tres meses de embarazo.

En el país sólo las causales de riesgo a la vida de la mujer o persona gestante o del producto, riesgo a la salud fisica o psicologica de la persona gestante o que se trate de una víctima de una agresión sexual —establecido en la Norma Oficial Mexicana 046— permiten acceder al servicio médico del aborto sin importar el periodo en el que se encuentran. 

También prevalece una sanción en caso de forzar a una mujer o persona gestante a realizar un aborto.

De aprobarse la iniciativa en la CDMX no habría problema con la armonización federal, pues el delito de aborto se regula en los codigos penales locales, advierte el coordinador de GIRE. 

“El aborto como delito se regula mayormente en los Códigos locales, es decir, se considera que es un delito del fuero común. Está en el Código Penal Federal del delito porque hay ciertas situaciones, por ejemplo, si sucede un aborto en una embajada mexicana o a bordo de una embarcación mexicana, este se tiene que aplicar la legislación del Código Penal Federal y ese es el motivo por el cual existe, pero como delito, se regula sobre todo en los códigos penales de cada entidad federativa porque así lo establece el arreglo constitucional”, menciona Cué.

Iniciativa además propone sanción para aborto forzado

La iniciativa de Yuriri Ayala busca reformar varios artículos del Código Penal de la CDMX y hacer modificaciones al tercer párrafo del artículo 76; reformar la fracción VII; adicionar una fracción VIII al artículo 130, y derogar el capítulo V, los cuales criminalizan y sancionan el aborto.

También agrega una sanción de seis a ocho años de prisión, “cuando se interrumpa el embarazo de una mujer o persona gestante” de manera forzada, dolosa y sin consentimiento voluntario.

“La iniciativa que presentamos hoy en el Congreso, busca derogar del Código Penal local el delito de aborto, honrando la lucha de nuestras abuelas, madres y hermanas quienes abrieron el camino para ejercer este derecho, y también a quienes perdieron la vida porque les fue negado”, señaló la legisladora Yuriri Ayala el 10 de octubre pasado.

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