Animal MX · 4 de marzo de 2026
La violencia contra las mujeres con discapacidad es un problema poco documentado en México y a nivel internacional. Las circunstancias que enfrentan muchas veces no cuentan con recolección de datos oficial, lo que complica la visibilización de la problemática y, por lo tanto, el acceso e implementación de medidas.
“En cuanto al tema de violencias, las mujeres con discapacidad tenemos muchísimas más probabilidades no solo de vivirlas, sino de, además, no poder escapar”, dice Jen Mulini, mujer indígena mexicana con discapacidad, activista, periodista, conferencista y hablante de náhuatl.
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Mulini cuenta que las mujeres con alguna discapacidad (a diferencia de los hombres) son víctimas de un cruce específico de circunstancias que las colocan en especial vulnerabilidad ante la violencia y el abuso por discapacidad y género.
ONU Mujeres documentó esta problemática a nivel mundial y señala que las mujeres y niñas con discapacidad están frente a una situación de género y condición entrecruzada y agravada por estereotipos que generan discriminaciones, especialmente sobre ellas.
“No sólo no saben dónde denunciar, sino que muchas veces no saben que están viviendo una situación de violencia”, señala Mulini.
En la encuesta del Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad (CIDIP) del 2021, el 92% de las mujeres que vivieron violencia no denunciaron. Esto no es falta de ganas, es falta de procesos claros, acompañamiento y accesibilidad.
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la edición 2026 fue sometida en marzo de 2025 a consulta pública para la actualización de la metodología. No obstante, la encuesta del 2021 incluyó por primera vez a las mujeres con discapacidad y como parte de los hallazgos encontró que al menos 7 de cada 10 mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia.
Sin embargo, en el webinar llevado a cabo por El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en colaboración con DILO Escuelas Incluyentes A. C. y documentado en el sitio del Gobierno de México llamado “La interseccionalidad en el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad”, Yereli Rolander, de CIDIP, señaló que el 100% de las mujeres con discapacidad, es decir, todas han vivido algún tipo de violencia.
El 60% no había contado con información o formación de género, discapacidad y violencia de género. El 90% no obtiene información sobre derechos sexuales y reproductivos”.
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Este disparidad en porcentajes puede ser explicada a través del boletín ‘Desigualdad‘ publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), que reconoce una subestimación en las cifras de violencia hacia las mujeres y las niñas con discapacidades y limitaciones, porque ellas “no necesariamente pueden responder directamente cuestionarios”.
“Como parte de un proyecto llamado Liderazgos Solidarios, visitamos casas donde no nos dejaban entrar o decían que ahí no vivía nadie con discapacidad”, relata Jen Mulini.
El proyecto que nos cuenta Jen es un ejemplo de que muchas veces estas violencias no necesariamente están reflejadas en las estadísticas.
Sin embargo, los resultados de la ENDIREH sí nos ayudan a dimensionar oficialmente el panorama para las mujeres con discapacidad en México.

Según la encuesta del CIDIP, en México hay 22 millones de mujeres mayores de 15 años con discapacidad o limitación; 16.3 millones sufrieron algún incidente de violencia en algún momento de su vida.
También, 9.8 millones vivieron violencia en los 12 meses previos a la encuesta que se realizó en 2021.
Las mujeres con discapacidad sufren más violencia que las mujeres sin discapacidad o limitaciones. Los resultados de esta encuesta del INEGI también detallan que el 72.6% (alrededor de 7 de cada 10) de las mujeres con discapacidad sufrió violencia, frente al 66.7% de las mujeres sin discapacidad.
Los números aumentan con las mujeres mayores de 60 años con discapacidad: el 41.5% de encuestadas reportaron algún incidente de violencia, frente al 14.6 % de mujeres sin discapacidad.
Eso quiere decir que las mujeres con discapacidad son un grupo con un índice de violencia superior frente a otros grupos de atención prioritaria.
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Las violencias que enlista la ENDIREH, están catalogadas en física, psicológica/emocional, patrimonial, económica y sexual, mismas que se pueden desarrollar en los ámbitos escolares, laborales, de pareja, familiares o comunitarios.
Sin embargo, no necesariamente visibilizan todas las violencias a las que son sometidas las mujeres con discapacidad, pues también se enfrentan a situaciones de explotación laboral, mendicidad forzada y la negación de las atenciones que requieren.
Por ejemplo, el Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad (CIDIP) señala en un informe que a nivel sexual y reproductivo algunas violencias que viven las mujeres con discapacidad están normalizadas, aceptadas y promovidas por la sociedad, como abortos sin consentimiento o anticoncepcion y esterilización forzada.
El CIDIP también destaca que la violencia a las personas con discapacidad permanece oculta e incluso normalizada a causa de los múltiples prejuicios, estereotipos y estigmas.
En el tema económico, las mujeres con discapacidad también son víctimas de la brecha de género. Según la encuesta del ENDIREH, sólo el 30% son activas económicamente (frente al 50% de participación de los hombres con discapacidad). Sin independencia económica, no hay autonomía para salir del ciclo de violencia.

Otras situaciones que no son contempladas, y no necesariamente se reflejan en las encuestas, son las violencias institucionales de las que también pueden ser víctimas las mujeres con discapacidad.
La mayoría de los refugios para mujeres víctimas de violencia no cuentan con infraestructura accesible ni personal capacitado en lengua de señas o asistencia personal, dejando a las mujeres con discapacidad sin un lugar seguro a donde escapar.
El informe de CIDIP apunta que hasta un 80% de mujeres con discapacidad que viven en instituciones están expuestas a violencia de personal sanitario, de servicio o cuidadores.
Y si las mujeres intentan salir de ese lugar donde son violentadas, se enfrentan a otro problema: “No hay refugios con accesibilidad para que las mujeres con discapacidad puedan salir de los espacios violentos”, nos explicó Jen Mulini.
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“No hay presupuesto para la accesibilidad, no solo las mujeres con discapacidad no pueden comunicarse, no tienen redes de apoyo. Hay un abismo muy grande para que puedan pedir ayuda y si quieren escapar, por parte del gobierno, no hay quien las reciba”, señala.
Jen menciona que incluso el hecho de denunciar se convierte en una experiencia violenta cuando acuden a fiscalías o ministerios públicos que no necesariamente fueron pensados con una mirada inclusiva.
“¿Qué está pasando en la fiscalías? ¿Con qué tipo de servicios cuentan? Si es una mujer con discapacidad motriz usuaria de silla de ruedas, es accesible, pero ¿si es una persona sorda puede llegar un intérprete?”, cuestiona Jen.
Para la marcha de este 8M “La Contingenta de Mujeres con Discapacidad y Aliadas” reclama el derecho a entender y ser entendidas.
“No hay justicia si la fiscalía tiene escalones, si las denuncias no están siendo acompañadas desde una perspectiva de género y discapacidad, si no hay interpretación en lengua de señas mexicana o lengua indígena o si los formatos de lectura fácil son inexistentes”.
Como parte de los cruces de vulnerabilidad, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 reporta que a las mujeres con discapacidad se les niega con mayor frecuencia el acceso a apoyos sociales y atención médica oportuna.
“Nuestra violencia ha sido normalizada históricamente bajo el pretexto de que ‘necesitamos cuidado’, cuando lo que necesitamos es autonomía y respeto a nuestra voluntad”.
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Para Jen Mulini, además de visibilizar la situación, un inicio sería conocer la experiencia de las mujeres con discapacidad y crear redes; entender que difícilmente cuentan con apoyo y, debido a eso, es menos probable que puedan escapar de la violencia.
Pero además, falta la vinculación de las instituciones con las personas con discapacidad para que los instrumentos como encuestas y políticas públicas estén diseñadas de manera inclusiva.
Y sobre todo, es necesario un cambio social acerca de cómo vemos a las personas con discapacidad, hacer equipo y aprender a enriquecer con la diversidad.
“Si no se vuelve este ciclo vicioso de la violencia económica, la violencia en las calles, la violencia de pareja… y todas las violencias juntas”, finaliza la periodista.
Este 8M 2026, puedes unirte a la Contingenta de Mujeres con Discapacidad y Aliadas, que participará en la marcha en la Ciudad de México.
