¡Conmigo no! París no autoriza el cambio de residencia social que Airbnb

París no está para juegos cuando se trata de defender el derecho a la vivienda. La justicia francesa acaba de soltar un martillazo histórico al imponer una multa récord de 585,000 euros (algo así como 690,000 dólares) a una inmobiliaria que decidió que era más rentable hospedar turistas que cuidar a personas vulnerables.

En una ciudad donde los alquileres suben como la espuma y los habitantes huyen hacia la periferia, este fallo no es solo una sanción económica; es un mensaje de guerra contra la gentrificación descontrolada.

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De refugio social a “apartamento instagrameable”

La historia detrás de la multa indigna a cualquiera. El edificio, ubicado en el distrito IX de la capital francesa, tenía una misión noble: funcionaba como una residencia social para personas en situación de precariedad. Sin embargo, tras ser adquirido a finales de 2022, el inmueble sufrió una transformación radical (e ilegal).

Para finales de 2023, la inmobiliaria ya había borrado rastro de la labor social, convirtiendo el espacio en 11 alojamientos turísticos listos para ser alquilados en Airbnb. El problema (además de la falta de ética) fue que nunca solicitaron la autorización de cambio de uso exigida por la normativa parisina.

“Es la multa más grande impuesta contra un arrendador”, celebró Jacques Baudrier, concejal de Vivienda de París. Además del pago, el tribunal ordenó el cese inmediato de la actividad.

París se queda sin parisinos

La ofensiva legal del ayuntamiento tiene una razón de ser: la crisis demográfica. Las cifras oficiales son alarmantes:

• Éxodo masivo: Entre 2012 y 2023, París perdió casi 140,000 habitantes.

• Ritmo de pérdida: Unos 12,000 parisinos abandonan la ciudad cada año, cansados de los precios imposibles y la falta de oferta.

• El enemigo: Se estima que existen al menos 25,000 alojamientos turísticos ilegales operando en la capital.

Una “brigada de choque” contra los pisos ilegales

París no piensa quedarse de brazos cruzados. Esta misma semana, el ayuntamiento anunció la creación de una brigada especial de 150 personas dedicada exclusivamente a cazar alojamientos que operen fuera de la ley.

Este esfuerzo se suma a una legislación más estricta aprobada por el Parlamento francés en noviembre de 2024 para regular las plataformas tipo Airbnb. Y los resultados se están notando en las arcas y en los tribunales:

• En 2025, la justicia impuso un total de 2.4 millones de euros en multas.

• En lo que va de 2026, ya se está cerca de superar el primer millón de euros en sanciones.

La vivienda fue el tema central de las pasadas elecciones municipales de marzo. Mientras los turistas buscan la “experiencia parisina” en un balcón con vista a la Torre Eiffel, los locales pelean por no ser expulsados de sus propios barrios. La multa récord de esta semana demuestra que, al menos en París, la casa se respeta.