Conservacionistas de la rana de madriguera denuncian inconsistencias en acciones del gobierno

A unos días de que se dicte sentencia por el amparo que organizaciones ambientales interpusieron en contra de las autoridades municipales de Aguascalientes, denuncian inconsistencias sobre las reformas aprobadas al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL).

La sentencia será dictada en el Juzgado Séptimo de Distrito luego de que las organizaciones ambientales que forman parte de la Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes (ADN-A) interpusieron un amparo contra las modificaciones regresivas al POEL.

En un comunicado, la Alianza ADN-A advierte que existen inconsistencias en los informes presentados al juez por parte de las autoridades municipales de Aguascalientes.

Pese a que las autoridades municipales ya confirmaron que sí redujeron las áreas de conservación; organizaciones de la Alianza alertan que el gobierno intenta justificar su decisión con el argumento de que se aumentaron las áreas de protección. 

“Sin embargo, no han demostrado que esta medida sea equivalente ni suficiente para evitar daños ambientales”, señalaron las organizaciones denunciantes.

“La reducción de áreas de conservación es un hecho que ellos mismos reconocen. Pero, hasta ahora, no han podido explicar por qué decidieron hacerlo ni qué criterios científicos los llevaron a tomar esa decisión”, dijo Carlos Romo, presidente del Colegio de Ciencias Ambientales y miembro de la ADN-A.

Municipio intenta evadir responsabilidades ambientales

Además de las inconsistencias para argumentar el motivo por el cuál el municipio de Aguascalientes aprobó las reformas realizadas al Programa de Ordenamiento Ecológico Local, integrantes de la Alianza alertan que el gobierno intenta evadir su responsabilidad en la protección de la rana de madriguera.

Dentro de sus argumentos señalan que la conservación de esta especie es de competencia federal.

En esta nota te contamos que desde hace dos décadas investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes iniciaron investigaciones sobre la rana de madriguera como un esfuerzo de la academia por luchar en favor de su preservación. 

Su población pasó de mil 400 individuos en 2010, a sólo 60 ejemplares en 2020.

Pese a que las autoridades municipales señalan que la conservación de la ranita compete al gobierno federal, en Aguascalientes cuentan con la Ley de Protección Ambiental para el Estado que obliga a los municipios a regular y proteger el medio ambiente dentro de su territorio.

La Alianza advierte en un comunicado que “este intento de deslindarse es injustificable”.

Para Romo, la afirmación de las autoridades municipales es preocupante al señalar que no tienen responsabilidad sobre la conservación del hábitat de la rana de madriguera. 

“No solo es falso, sino que demuestra una falta de compromiso con el equilibrio ecológico de Aguascalientes”, agregó.

Exigen compromiso y acciones concretas al municipio

Evadir responsabilidades destinadas a la conservación de la biodiversidad en Aguascalientes, para las organizaciones preocupa que las autoridades municipales señalen que, por haber participado en la consulta pública del POEL se les impida impugnarlo, a pesar de que en ese espacio hicieron notar las medidas regresivas antes de su aprobación. 

MarianaÁvila, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGAGS) e integrante de la ADN-A explicó que la consulta pública es un derecho ciudadano, no un mecanismo para legitimar decisiones ya tomadas ni una renuncia implícita al derecho de defensa”.

También afirmó que, el haber participado en la consulta no implica que la población deba estar de acuerdo con el resultado. 

“Si el gobierno realmente escuchara a la ciudadanía, habría tomado en cuenta las observaciones técnicas que se presentaron”, afirmó Ávila.

Desde la Alianza ADN-A sus integrantes exigen al gobierno municipal lo siguiente:

• Reconocer públicamente que el POEL debe rehacerse bajo criterios científicos y participativos.
• Iniciar estudios para declarar nuevas áreas protegidas en la zona de la rana de madriguera y otras áreas afectadas.
• Asumir su responsabilidad en la protección ambiental, en lugar de intentar trasladarla a la federación.
• Garantizar que los mecanismos de participación sean espacios reales de incidencia y no simples formalismos para validar decisiones previamente tomadas.

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