Violencia agrava desplazamiento forzado: Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Sinaloa, los más afectados

El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) y organizaciones acompañantes advierten sobre un incremento de casos de desplazamiento forzado interno en distintas regiones del país, en un contexto de violencia e inseguridad que, sostienen, se ha intensificado en entidades como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo.

De acuerdo con el pronunciamiento, el fenómeno se ha agudizado ante la operación de grupos criminales con alta capacidad de fuego y control territorial en diversas regiones. Las organizaciones señalan que las personas en condición de desplazamiento enfrentan incertidumbre jurídica y falta de atención integral por parte de los distintos órdenes de gobierno.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el estado de Chihuahua. El 24 y 25 de febrero, en menos de 24 horas, más de 200 familias fueron desplazadas de manera forzada desde la zona serrana de la seccional de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, región colindante con Durango y Sinaloa, sostiene el colectivo.

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Las familias, encabezadas en su mayoría por mujeres, niñas y niños, se trasladaron hacia la ciudad de Hidalgo del Parral. Hasta el cierre de febrero, el número de personas desplazadas continuaba en aumento, según el recuento de las organizaciones.

El colectivo indicó que desde noviembre de 2025 organizaciones civiles en Chihuahua han documentado un “éxodo silencioso”, con la llegada diaria de una o dos familias provenientes de comunidades serranas hacia centros urbanos del estado.

Sin embargo, subrayan que la atención institucional ha resultado insuficiente y limitada, al considerar que autoridades municipales y estatales han minimizado la gravedad de las emergencias.

En el comunicado, las organizaciones también refieren otros casos recientes. En el municipio de Apatzingán, Michoacán, señalan que existe un reglamento municipal especializado para la atención de emergencias por desplazamiento forzado interno, publicado el 30 de octubre de 2024, que no ha sido aplicado por el gobierno local desde su entrada en vigor.

En Guerrero, mencionan un evento ocurrido en el municipio de Tecoanapa, en la región de la Costa Chica, dos semanas antes de un operativo federal para detener a un líder criminal, Nemesio Rubén Oceguera Cervantes, El Mencho.

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En esa zona, afirman, una comunidad completa salió de manera precipitada ante enfrentamientos armados, pese a la presencia de la Guardia Nacional y elementos militares. A la fecha, sostienen, no existe un registro oficial de las personas desplazadas ni planes de atención humanitaria o de reasentamiento temporal.

Piden garantías de protección y atención humanitaria

El colectivo advierte que, aunque en años recientes se han desarrollado instrumentos a nivel federal y estatal para evaluar riesgos y necesidades de poblaciones desplazadas, México no cuenta con una ley general en materia de desplazamiento forzado interno ni con políticas públicas integrales que garanticen protección efectiva, investigación de los hechos de violencia y condiciones adecuadas para la atención humanitaria inmediata.

Las organizaciones sostienen que la actuación de los gobiernos locales, estatales y federal influye en el aumento de nuevos eventos de desplazamiento, debido a la ausencia de esquemas preventivos, de atención o mitigación integral, así como por la negación del fenómeno en diversas entidades.

Ante este escenario, el colectivo hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para reconocer la dimensión del problema y establecer rutas de atención institucional claras.

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Entre sus exigencias se encuentran: garantías de protección y atención humanitaria para las familias desplazadas en Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo; acciones interinstitucionales para la reubicación temporal de comunidades; y, en el caso de Chihuahua, la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional con representación de víctimas y organizaciones acompañantes, con el fin de definir criterios operativos y de evaluación de retornos que garanticen la seguridad de las familias y la construcción de soluciones duraderas.

El colectivo subrayó que los instrumentos legales especializados resultan insuficientes si no se traducen en acciones concretas, partidas presupuestales adecuadas, personal especializado y mecanismos sistemáticos de atención.