Marlén Castro/Amapola Periodismo · 20 de marzo de 2024
Los policías estatales Francisco “N” y Sigifredo “N”, implicados en el asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, fueron vinculados a proceso esta noche del martes por un juez federal.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) se indaga su probable participación en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambos calificados, al haber sido cometidos con ventaja.
“El 08 de marzo pasado, el Ministerio Público de la Federación (MPF), inició una carpeta de investigación por los posibles delitos cometidos con relación a la muerte de un joven estudiante, al mismo tiempo que ejerció la facultad de atracción de una diversa carpeta de investigación radicada en la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con motivo de los hechos suscitados la noche del 07 de marzo en Tixtla, Guerrero, en los que resultó un estudiante fallecido y dos estudiantes afectados por integrantes de la Policía Estatal, al advertirse violaciones a sus derechos humanos“, informó la dependencia en un comunicado.
A la defensa de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, también le informaron que sigue sin conocerse el paradero del policía señalado de ser quien disparó y mató a Yanqui Kothan la noche del jueves 7 de marzo.
De acuerdo con el coordinador del Centro de Derechos de las Personas Víctimas de Violencia Minerva Bello, el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio y del abogado del caso, cuyo nombre se reserva por seguridad, la defensa de los policías trató de evitar la vinculación, para lo cual sostuvo que los implicados actuaron en legítima defensa.
El sacerdote informó que de parte del abogado de la familia de la víctima se aportaron 34 medios de prueba que implican a los policías como presuntos responsables.

En ellas hay evidencias de que nunca hubo agresión de parte de los tres jóvenes que viajaron en la camioneta de Tixtla a Chilpancingo, tal como se ve en el video grabado por el C4.
El mismo video aporta la evidencia de que los policías actuaron con uso excesivo de letalidad.
A los policías estatales se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se autorizó un periodo de cinco meses para la investigación complementaria