Las finanzas de la UAS: pasivos fiscales y 648 millones en compras irregulares
Por Redacción Noroeste / Animal Político · 8 de noviembre de 2023
La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene una matrícula de más de 170 mil estudiantes de preparatoria, profesional y posgrado y emplea a más de 12 mil colaboradores en activo. Su presupuesto es el segundo más importante del estado, solo por debajo del gobierno estatal.
Ese presupuesto, integrado por partidas federales, estatales e ingresos propios, ascendió a 7.3 mil millones de pesos en 2023 y se ha triplicado desde que Melesio Cuén dejó la rectoría en 2009.
Pero a pesar del crecimiento sostenido de los ingresos, las finanzas de la Universidad no están sanas. De 2012 a 2022, período en que el Partido Sinaloense se consolidó como el partido en la cúpula y la burocracia universitaria, y de acuerdo con sus presupuestos de egresos e ingresos, la UAS habría ejercido un presupuesto de más de 63 mil millones de pesos acumulados.
Sin embargo, amparados en el discurso de la autonomía, las autoridades de la Universidad se han negado sistemáticamente a rendir cuentas sobre el ejercicio preciso de ese dinero.
Una nueva ley de educación superior
La publicación de la nueva Ley General de Educación Superior en el periódico oficial del estado de Sinaloa el 1 de marzo de 2022 puso en riesgo esa opacidad y detonó la rivalidad actual entre las autoridades universitarias y el gobierno del estado.
La nueva ley, aprobada por mayoría morenista, contempla dos aspectos que quienes gobiernan ahora la Universidad se niegan a aceptar: una mayor transparencia de los recursos, así como mecanismos más democráticos de elección de sus dirigentes.
En respuesta, las autoridades de la UAS operaron una avalancha de amparos contra la nueva legislación y han resistido por todas las vías el que la Auditoría Superior del estado pueda auditarlas. Tras oponerse, el Rector Madueña y otros funcionarios, fueron acusados por la Fiscalía de Sinaloa por abuso de autoridad y vinculados a proceso en julio pasado.
La versión del equipo jurídico de la Universidad es que la dependencia estatal no tiene competencia legal para revisarla, a pesar de que, la UAS recibe y opera también con recursos públicos estatales.
Pero el problema más grave de las finanzas universitarias es que sus autoridades presupuestan siempre gastar más de lo que reciben, de modo que acumularon un déficit de mil 835 millones de pesos al cierre de 2022. Además, a la misma fecha, la UAS arrastraba 835 millones de pesos en deudas con proveedores y otros 45 millones en obras públicas por pagar, según sus propios estados financieros.
Esa situación sería insostenible de no ser porque la UAS ha recibido recursos extraordinarios del gobierno del estado en turno para cubrir sus obligaciones de nómina, gasto corriente y proveedores cada cierre de año. Tan solo en 2021, la universidad formalizó un convenio por 600 millones de pesos extraordinarios para cubrir sus obligaciones.
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Los pasivos fiscales del cuenismo
Este 2023, el Gobierno del Estado tuvo que hacer frente a un pasivo fiscal de más de 4 mil millones de pesos que la Universidad tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De ese monto, 2 mil 700 millones de pesos corresponden a tres créditos fiscales de los ejercicios 2015, 2016 y 2019, mientras que otros 800 millones de pesos corresponden a los ejercicios 2018, 2020, 2021 y 2022 de adeudo de Impuesto Sobre la Renta.
Todos esos créditos se generaron durante las administraciones de los rectores del pasismo: Juan Eulogio Guerra Liera, también acusado ante la Fiscalía, y Jesús Madueña Molina, separado del cargo.
A septiembre de 2023, el Gobierno del Estado había pagado 1.2 mil millones de pesos por ese concepto, diferidos en parcialidades que van desde los 2.5 hasta los 122 millones de pesos mensuales. Nadie en la universidad ha asumido la responsabilidad de dicha omisión.
Compras irregulares, corrupción y sobreprecios
Durante 2022, la UAS gastó 2.8 mil millones de pesos en proveedores. Y de enero a agosto de 2023 ha ejercido apenas 1.2 mil millones, según consta en la relación de folios fiscales a los que Noroeste tuvo acceso vía solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de Sinaloa (SATES).
La base de datos construida por Noroeste contiene cientos de miles de facturas. Con fines comparativos, Noroeste solicitó esa misma información a la UAS, pero ésta sólo entregó unas decenas de facturas sin especificar los montos de cada una.
De la misma manera, Noroeste solicitó el total de las actas de licitación y adjudicación directa realizadas por el Comité de Compras durante 2022 y la universidad contestó con apenas 7 documentos.
Aún cuando la UAS argumenta ser transparente, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP) la multó en junio pasado por incumplimiento en esta materia. Y la misma Auditoría Superior de la Federación señaló el incumplimiento en difusión, calidad y congruencia de los informes trimestrales de la Cuenta Pública 2022.
El Comité de Adquisiciones
El 21 de febrero de 2021, cuatro meses antes de que Madueña Molina rindiera protesta como rector, el Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa se instaló para definir legalmente los montos mínimos y máximos para asignar compras directas y realizar licitaciones.
El comité estaba integrado por Jesús Madueña Molina, Salvador Pérez Martínez, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadro, Manuel de Jesús Lara Salazar, Porfirio Galindo Martínez, Robespierre Lizárraga Otero y Héctor Melesio Cuén Díaz.
El acta fue firmada en su momento por Manuel de Jesús Lara Salazar, como Secretario de Administración y Finanzas de la rectoría saliente, y quien luego ocupara el cargo de Contralor General.
El documento detalla que las compras se harán por asignación directa desde un centavo hasta 53 mil 772 pesos; y de 53 mil 722 pesos hasta un millón 392 mil 500 pesos por adjudicación directa con invitación a cuando menos tres personas. Mientras que la invitación a cuando menos tres personas, debiendo presentar propuestas mediante cotización por escrito y a sobre cerrado, que serán abiertos en presencia de algún representante de la Secretaría de Transparencia, será por compras de un millón 392 mil 500 pesos, hasta los 3 millones 455 mil 600 pesos. La licitación pública nacional será a partir de los 3 millones 455 mil 600 pesos en adelante.
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Las redes del desfalco
Tras analizar dicha información, construir la base de datos y verificar domicilios, Noroeste descubrió que las operaciones sin licitar y con sobreprecios en las compras de la UAS realizadas a 9 redes de empresas y personas físicas relacionadas con la familia Cuén, funcionarios y empleados de la misma Universidad, alcanzan, hasta ahora, la cifra de 648 millones 270 mil 451 pesos de 2017 a junio de 2023.
Estas redes de proveedores operaron con un mismo patrón: pulverizaron las compras en diferentes razones sociales de empresas y personas físicas relacionadas entre sí y dividieron los montos en miles de facturas para evitar hacer licitaciones públicas. Al comprar así, el Comité de Adquisiciones de la UAS violó su propia ley.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló este mismo comportamiento en su última revisión a las finanzas de la UAS, las denominó compras “fraccionadas” y detectó un posible daño al erario de 128 millones de pesos.
La más importante es una red de cuatro empresas de la familia Cuadras López, con ventas a la UAS por 123 millones de pesos en equipos de cómputo y refacciones, y cuyos socios son una directiva de la facultad de informática de la universidad, Yareli López Sotelo, y su esposo, César Abraham Cuadras.
En segundo lugar en monto, está la red de empresas de la familia López Imperial por 118 millones de pesos, facturados en productos diversos que van desde un jabón hasta un tractor, también sin licitar y pulverizados en miles de facturas.
Le sigue la compra de 107 millones por concepto de equipos de aires acondicionados, refacciones y servicios a tres empresas relacionadas entre sí, de enero de 2022 a junio de 2023, y vinculadas con el empresario Lenin Castro Armenta, quien es además empleado de la universidad en la Dirección Centro de Instrumentos adscrita directamente a la Dirección de Control de Bienes y suministros donde fuera director Héctor Melesio Cuén Díaz hasta abril pasado.
En cuarto lugar, destaca, la empresa de una persona física proveedora de pinturas con sobreprecios de más del 100 por ciento y, coincidentemente, con el mismo domicilio fiscal de José Ángel Astorga Palazuelos, yerno de Melesio Cuén, con ventas a la UAS por 95 millones de pesos. Este negocio fue cerrado después de que Noroeste publicara el caso.
Otros 68 millones de pesos pulverizados en miles de folios, fueron facturados por la persona física María de la Luz Palazuelos Meza por conceptos de carne, pollo, pescado y huevos vendidos con sobreprecios y sin que consten actas de licitación desde el año 2019. Palazuelos Meza vendió, desde un pequeño abarrote, carne de cerdo a precio de res y toneladas de pollo a sobreprecio.
También figura la empresa de un ex socio de Héctor Melesio Cuén Díaz, denominada Publicidad Creativa de Culiacán, por 61 millones de pesos en uniformes y lonas, también con sobreprecios de hasta 40 por ciento en sus productos y sin licitar.
Así como la del joven Rigoberto Barraza Valverde, por 56 millones de pesos en jeans Levi’s vendidos al triple de su precio, camisetas tipo polo y lonas, desde un modesto local en la colonia Tierra Blanca en el que nunca atiende nadie.
También, de enero de 2022 a junio de 2023 y pulverizadas en mil 258 facturas, la UAS contrató más de 14 millones de pesos a Héctor Guadalupe López López por servicios de fumigación, sin que conste acta de licitación o adjudicación directa. Noroeste visitó el domicilio fiscal y encontró una casa habitación abandonada.
Uno de los casos más emblemáticos son las transacciones directas con la inmobiliaria de Héctor Melesio Cuén Díaz, de nombre Luis XV, por conceptos de “alimentos y bebidas” por 1.7 millones de pesos. En un solo día, el 25 de agosto de 2021, la empresa de Cuén hijo facturó 1 millón 145 mil pesos pagados al contado a la Universidad Autónoma de Sinaloa, siendo él mismo director de compras de la UAS.
El dispendio y el desaseo en las compras de la Universidad contrastan con la difícil situación financiera que cada cierre de año sus autoridades comunican. El rescate millonario de la UAS por parte del gobierno estatal es una historia que se repite cada diciembre.
De hecho, apenas el año 2022 el Rector en funciones, Jesús Madueña Molina, solicitó un préstamo de 100 millones de pesos para cumplir con sus obligaciones de cierre de año, además de otros 100 millones que se gestionaron para el mismo propósito con la Federación y el Estado.
Hasta el momento, la institución universitaria no ha ofrecido una explicación o réplica al respecto de las evidencias presentadas por Noroeste en cada una de las investigaciones publicadas, ni ha iniciado procedimiento interno alguno para aclarar dichos casos, aún cuando algunas de ellas ya son acusaciones judicializadas.
Sobre el recién separado Rector Jesús Madueña Molina, y también sobre el anterior, Juan Eulogio Guerra Liera, ya pesa una decena de denuncias de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica ante la Fiscalía General del Estado, así como sobre los Comités de Compras de ambos, por el probable delito de Desempeño irregular de la función pública.
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Propaganda, victimización y desinformación
En lugar de responder a la evidencia pública de la irregularidades en materia de compras, las autoridades actuales de la UAS han elegido otro camino: la victimización, la propaganda y la desinformación.
Un día después de que el rector Madueña Molina fuera separado del cargo, la estructura universitaria fue movilizada en todo el estado para “defender la autonomía” de la institución.
Algo similar sucede en cada una de las audiencias a las que los funcionarios imputados tienen que acudir para responder por las acusaciones que se siguen en su contra. Afuera de los juzgados, la Universidad instala carpas, lleva acarreados que insultan a los periodistas que realizan la cobertura y hacen transmisiones en vivo usando la plataforma de Radio UAS, la radio pública oficial de la Universidad. Sobre estas acciones ya se interpusieron quejas ante el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.
De manera paralela a la comunicación oficial, opera una amplia red de portales y páginas de redes sociales relacionadas entre sí, que simulan hacer periodismo pero sirven para promocionar al Partido Sinaloense; de hecho están vinculadas a él a través de 2 números telefónicos, uno de ellos compartido por el mismo Melesio Cuén en sus cuentas de redes sociales. Esos números se usaron para pagar pautas de contenido desinformativo en Facebook.
Noroeste ha podido documentar que la mayor parte de dicha red de desinformación cobra en la UAS vía nómina o a través de contratos de publicidad oficial.
Las “Cuentas Claras” de Cuén
Pero no solo la universidad despliega propaganda pagada con recursos públicos de manera permanente, el mismo Melesio Cuén ha incursionado en las redes y realiza un podcast semanal que se llama “Cuentas Claras”.
Desde ahí expone sus propuestas y comunica las actividades del PAS; pero sobre todo se defiende, ataca, insulta y denosta a sus críticos. Lo mismo hace desde las ruedas de prensa a las que convoca como líder formal del PAS.
Sus respuestas han ido subiendo de tono y en una reciente fue más allá: amenazó. Visiblemente molesto por un cartón publicado en Noroeste sobre él y sin que mediara pregunta de por medio dijo: “A Noroeste le queda un AK-47”.
Una UAS libre
“Sursum versus” es el eslogan de la UAS. Significa hacia la cúspide y lo simboliza un águila que emprende libre el vuelo.
Marcada por los conflictos estudiantiles y la pugna ideológica por el poder en la segunda mitad del siglo XX, la UAS logró estabilizarse durante las primeras décadas del siglo XXI pero a costa de su libertad.
A pesar de la amplia evidencia publicada, las autoridades actuales de la Universidad argumentan que los procedimientos judiciales que enfrentan son parte de una “persecución política” y que el gobernador Rocha Moya quiere quedarse con el control de la institución para entregársela a Morena.
En un desplegado publicado el pasado 11 de octubre, un grupo de académicos e investigadores de la UAS se pronunciaron por “una universidad de calidad que tenga como piedra angular la innovación, la libertad de pensamiento, la democracia, transparencia y rendición de cuentas…”.
La nueva ley de educación superior abre la oportunidad de que la Universidad de todos los sinaloenses se sacuda el control partidista al que se encuentra sometida, deje de tener dueño y decida ella misma su futuro.