UIF desbloquea cuentas bancarias de Rocha Moya por orden de tribunal federal
Noroeste / Animal Político · 13 de noviembre de 2026
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) levantó parcialmente el bloqueo de dos cuentas bancarias del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en las que recibe los pagos de tres pensiones.
Las cuentas permanecían inmovilizadas desde mayo de ese año, cuando se dieron a conocer las acusaciones por narcotráfico en su contra en Estados Unidos.
Autoridades federales indicaron que la determinación se tomó en acatamiento de una medida cautelar otorgada por una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, luego de que Rocha Moya promoviera un juicio contra su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas del sistema financiero mexicano.
Otros instrumentos financieros ligados al exgobernador permanecen inmovilizados.
En las cuentas bloqueadas el gobernador con licencia recibe pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez, informó Hacienda en un comunicado.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que, en el marco de un procedimiento judicial promovido por un ex funcionario del gobierno de Sinaloa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió una suspensión provisional que permite el acceso a ministraciones futuras derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez”.
La resolución establece que Rocha Moya podrá disponer únicamente de las ministraciones del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa, al tratarse de recursos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones.
La SHCP también precisó que la medida no implica un acceso total a las cuentas bancarias, por lo que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera permanecen sujetos a las restricciones correspondientes.
Las acusaciones contra Rocha Moya
El bloqueo de las cuentas del gobernador con licencia tuvo su origen el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la existencia de una acusación penal y de órdenes de aprehensión giradas por una jueza federal de Nueva York contra nueve políticos y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con operaciones de tráfico de fentanilo atribuidas a la facción de Los Chapitos.
El 1 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo y el 18 de mayo la UIF anunció su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas, derivada de los alertamientos emitidos por los bancos mexicanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el congelamiento y señaló que se trataba de una medida preventiva que opera de forma automática en casos de esa naturaleza.
El 21 de agosto, Rocha Moya retomó brevemente la gubernatura, un día después solicitó licencia indefinida y el día 23 de agosto el Congreso del Estado aprobó la solicitud.
De forma paralela, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación que sigue en integración, mientras el Gobierno de México estimó que requería más pruebas de Estados Unidos para ejecutar una detención provisional con fines de extradición.
Para el Departamento de Justicia, Rocha Moya continúa como prófugo de la justicia, al igual que los demás exfuncionarios implicados que no han sido detenidos, entre ellos el senador federal Enrique Inzunza, contra quienes la Corte del Distrito Sur de Nueva York giró órdenes de arresto.
En la acusación, un gran jurado atribuye al exgobernador tres cargos de conspiración para cometer actividades de tráfico de drogas y delitos violentos con armas de fuego, relacionados con su presunta colaboración con Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos mayores de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, para facilitar el envío de fentanilo y otras drogas a territorio estadounidense.
Dos ex funcionarios de su administración acusados en el mismo proceso, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, se entregaron de forma voluntaria a las autoridades estadounidenses y trabajan acuerdos de colaboración.