Tribunal Federal ordena devolver tierras a familias indígenas desalojadas en San Luis Potosí
Animal Político · 2 de julio de 2026
Un Tribunal Federal ordenó la restitución inmediata de las viviendas y tierras de cultivo a las familias indígenas náhuatl y tének que fueron desalojadas del predio La Peña, en la comunidad de Agua Fría, municipio de Tampamolón Corona, San Luis Potosí. La medida fue concedida mediante una suspensión provisional con efectos restitutorios mientras continúa el juicio de amparo promovido por los habitantes.
La resolución fue emitida dentro del Recurso de Queja 195/2026 y establece que las familias deberán regresar al predio en las condiciones en que se encontraba antes del desalojo. El Ministerio Público adscrito a Tampamolón Corona será el encargado de realizar la diligencia de restitución y de informar al Juzgado Quinto de Distrito sobre el cumplimiento de la medida.
Como parte del fallo, el Tribunal también instruyó la intervención del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que deberá proporcionar intérpretes en lenguas náhuatl, tének y maya para garantizar que las personas beneficiarias comprendan el desarrollo del procedimiento y puedan ejercer plenamente sus derechos.
La decisión judicial se originó después de que las familias promovieran un juicio de amparo al señalar que fueron desalojadas sin haber sido notificadas ni escuchadas previamente dentro del proceso penal por el presunto delito de despojo. El Tribunal determinó que, además del interés público en la procuración de justicia, también debe garantizarse el respeto al debido proceso y a los derechos de las comunidades indígenas.
Desalojo derivó en denuncias por daños y afectaciones
De acuerdo con los antecedentes del caso, los habitantes aseguran haber ocupado de forma pacífica un predio de más de 200 hectáreas durante más de 30 años, donde construyeron sus viviendas y desarrollan actividades agrícolas para su sustento.
El pasado 9 de junio de 2026 se llevó a cabo un operativo para ejecutar una orden de restitución sobre una parte del terreno. Tras esa intervención, más de un centenar de familias fueron desalojadas y posteriormente denunciaron presuntas agresiones, detenciones, así como daños en viviendas, cultivos y árboles frutales.
Al resolver el recurso, el Tribunal consideró que mantener a las familias fuera del predio podría afectar derechos fundamentales como la vivienda, la alimentación y el mínimo vital, por lo que ordenó su restitución provisional mientras se analiza el fondo del juicio de amparo.
Aunque el litigio continúa en los tribunales federales, la suspensión provisional obliga a las autoridades responsables a ejecutar de inmediato la restitución de las viviendas y parcelas a favor de las familias indígenas beneficiadas, en tanto se emite una resolución definitiva sobre el conflicto agrario.