Tren Interoceánico: “riesgo de fuga” y otras inconsistencias en la detención del exjefe de despacho
Alfredo Maza · 4 de febrero de 2026
Ricardo Mendoza Cerón, exjefe del Departamento de Despacho del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), enfrenta un proceso judicial por los delitos de homicidio y lesiones culposas tras el descarrilamiento fatal del Tren Interoceánico en Oaxaca ocurrido el 28 de diciembre de 2025. Sin embargo, en su vinculación a proceso hubo inconsistencias, tanto en la orden de detención como en la causa oficial del siniestro.
La aprehensión de Mendoza Cerón, el 27 de enero, se fundamentó en una orden dictada por la jueza de control, Diana Isabel Ivens Cruz, del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cintalapa, Chiapas, bajo la causa penal 7/2026. El requerimiento se emitió sin que hubiera un citatorio previo, porque —según la Fiscalía General de la República— el funcionario “se encontraba ilocalizable” y eso representaba un “alto riesgo de fuga”.
Este argumento de la FGR contrasta con la versión de su esposa Mariana Mondragón Sánchez, empleada administrativa, quien niega que su marido estuviera intentando evadirse de la justicia. Recuerda que, inmediatamente después del accidente, Ricardo le llamó sin saber aún la dimensión de la tragedia. La comunicación duró poco, pues su esposo le tuvo que colgar para empezar a coordinar la ayuda para las víctimas. “Le gustaba mucho su trabajo”, asegura.
Días después, Ricardo le marcó nuevamente a Mariana, ahora para avisarle que lo habían aprehendido. Para verlo, viajó desde Guadalajara, su lugar de residencia, hasta Chiapas, donde su marido se encuentra en prisión preventiva en el penal estatal de “El Amate” ubicado en Cintalapa. En el mismo penal está también el otro detenido, Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor del tren.
“Todos sabemos que su tema está complicado”, dice Mariana en entrevista con Animal Político. “Ahí andamos, a ver qué Dios dice, preocupados y ocupados en hacer escuchar su voz”, señala Mariana.
“Riesgo de fuga”, una primera duda sobre la detención
En la orden de aprehensión girada en contra de Ricardo Mendoza Cerón, de 53 años, y dos personas más, a la que Animal Político tuvo acceso, se puede constatar que agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron quienes indicaron que existía un “alto riesgo de fuga” de los imputados, en especial, del exjefe de Departamento de Despacho del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
“Fueron tres veces las que Ricardo compareció ante las autoridades”, asegura su esposa Mariana, refutando la versión de los agentes. “Primero en la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF); después ante la FGR de Matías Romero, Oaxaca, y finalmente, en la FGR en la Ciudad de México.
Hay algo más que le preocupa. Dos semanas después del descarrilamiento del Tren Interoceánico, la Agencia Reguladora (ARTF), instancia donde Ricardo se presentó por primera vez cuando fue requerido, fue sustituida por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), creada por decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum el 13 de enero; es decir dos semanas después del descarrilamiento en el que murieron 14 personas y decenas resultaron heridas. Ante este cambio, a Mondragón no le queda claro si la declaración que su marido rindió ante la ahora reemplazada ARTF, será tomada en cuenta o no.
Otro detalle que la esposa de Mendoza Cerón pide que se revise es la vestimenta que llevaba Ricardo al momento de ser detenido a las 7:29 de la mañana. “Él se dirigía a trabajar”, explica. De hecho, en el registro de la aprehensión se indica que el funcionario vestía lo que parece ser su uniforme: “pantalón color beige, suéter color vino y zapatos color café”.
En el documento de la orden de aprehensión, al que tuvo acceso Animal Político, también advierte que los agentes de investigación reportaron “inconsistencias graves” al momento de buscar a Mendoza Cerón en sus domicilios registrados —dos particulares y uno laboral— en Coatzacoalcos, Veracruz.
Tales inconsistencias son, por ejemplo, que en la calle Díaz Mirón, la numeración proporcionada no corresponde con la real y los vecinos afirmaron no conocer a ninguna persona con el nombre de Ricardo Mendoza Cerón. Tampoco pudieron ubicarlo en su domicilio laboral en la calle Corregidora, colonia Centro, de la misma ciudad, donde se desempeñaba como jefe del Departamento de Despacho del Ferrocarril.
Al respecto, Mariana Mondragón explica que su marido fue contratado apenas siete meses antes del accidente, razón por la que su lugar de residencia sigue aún en Guadalajara y no en Veracruz. En Coatzacoalcos vivía, de manera provisional, en un pequeño departamento.
La acusación por “omisión”
El martes 27 de enero, horas después de la detención de Ricardo Mendoza Cerón, la FGR presentó una primera parte de la investigación del accidente, basada en la información de la llamada “caja negra”, un dispositivo cuya función es documentar todos los movimientos, así como la velocidad y condiciones técnicas del tren.
En esas conclusiones preliminares, se estableció que el descarrilamiento del Tren Interoceánico fue causado por un exceso de velocidad, ya que el tren circulaba a 65 km/h en una zona limitada a 50 km/h, atribuible a la operación del ferrocarril y no a fallas mecánicas o de infraestructura.
En un mensaje a medios, la fiscal Ernestina Godoy Ramos informó que la Fiscalía ejercería acción penal en contra de los responsables de la operación del tren, por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, aunque advirtió que las investigaciones continuarían para deslindar otras responsabilidades.
“Es posible establecer que la normatividad vigente contempla que las personas directamente responsables de la operación del tren deben cumplir y observar las reglas correspondientes. Lo que de las constancias se advierte no sucedió”, aseguró la fiscal sobre los presuntos responsables.
La acusación contra Ricardo Mendoza, quien al momento del descarrilamiento viajaba en la cabina de la locomotora junto al maquinista y el conductor para realizar “labores de supervisión”, se centra en que -de acuerdo con las autoridades- al percatarse del exceso de velocidad, “no accionó la válvula de freno de emergencia para detener el tren”, incumpliendo su “deber de cuidado”.
No obstante, un audio que Ricardo le envió a su esposa el día de su detención, plantea dudas sobre su responsabilidad operativa: “necesito que el ferrocarril, el FIT (Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec), haga un oficio que diga puntualmente que no soy parte de la tripulación, que especifique bien mi puesto. Además, que diga que yo no tengo capacitación para operar los controles de la locomotora y que no estoy autorizado a operar ningún tipo de control en la locomotora”.
Pero Mariana no ha podido dar seguimiento a esa solicitud. Se queja de que la empresa ya no les responde a pesar de que había prometido respaldo legal para su esposo, cuyo puesto -insiste- era “jefe de Departamento de Despacho” y no “Jefe de Controladores”, por lo que que él “no tuvo injerencia directa en el viaje”.
Factores adicionales
Los jefes de Ricardo son los ingenieros Jorge Vázquez Castro, supervisor, y Andrés Jacob Scherrer Mendoza, su superior inmediato y gerente de Transportes del Ferrocarril Istmo de Tehuantepec.
La orden de aprehensión contra Mendoza Cerón señala que aunque el funcionario no formaba parte de la tripulación ordinaria (compuesta por maquinista, conductor y garrotero), el apoderado legal de la empresa ferroviaria confirmó, mediante un oficio, que se encontraba en la cabina específicamente para supervisar a los despachadores, lo que supuestamente lo obligaba a intervenir ante la negligencia del maquinista.
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“Ahora nosotros no contamos con otros abogados (más que los de oficio), pues la verdad, siendo honesta, no tenemos la economía como para estar pagando un abogado y luego pues tan lejos”, dice Mariana, a quien también le inquieta la salud de su esposo pues padece diabetes y problemas intestinales. “Vengo de Guadalajara, y sí fue una travesía llegar hasta aquí (Chiapas)”
El caso seguirá su curso con Mendoza Cerón bajo prisión preventiva en el penal de “El Amate”, en Cintalapa, Chiapas, donde enfrentará un proceso como probable responsable de la muerte de 14 personas y las lesiones de múltiples pasajeros. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de cinco a 20 años de prisión.