Redacción Animal Político · 20 de mayo de 2026
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó que, tras las detenciones de seis exfuncionarios y autoridades en los municipios de Atlatlahucan y Cuautla, presuntamente vinculados con una red de extorsión y delincuencia organizada, los ayuntamientos serán gobernados de manera temporal por las sindicaturas municipales mientras avanzan los procesos legales correspondientes.
En un mensaje en redes sociales, la mandataria expresó que el gobierno de Morelos “en estos municipios, brindará acompañamiento para preservar la gobernabilidad y el debido desarrollo de las funciones públicas”.
El mensaje se emitió después de que el Gabinete de Seguridad federal informara este miércoles sobre un operativo en Morelos en el que se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra seis exfuncionarios y autoridades municipales presuntamente vinculadas con una red de extorsión y delincuencia organizada en la región oriente del estado.

De acuerdo con la información presentada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas contra Agustín N, presidente municipal de Atlatlahucan; Irving N, expresidente municipal de Yecapixtla; Horacio N, secretario municipal de Cuautla; Pablo Adrián N, empresario y exoficial mayor de Cuautla; Jonathan N, tesorero de Cuautla; y Rubí N, excandidata a la alcaldía. También se indicó que continúa la búsqueda de Jesús N, presidente municipal en funciones de Cuautla.
El funcionario federal detalló que las investigaciones los relacionan con delitos contra la salud, tráfico de armas y esquemas de colaboración con grupos delictivos en la región oriente de Morelos, dentro de una línea de indagación vinculada con cateos y acciones coordinadas en la entidad.
En el mismo informe se señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera incluyó a 32 personas —22 personas físicas y 10 personas morales— en la lista de personas bloqueadas vinculadas con esta misma estructura investigada en la entidad, así como la ejecución de medidas contra una estructura vinculada a la célula conocida como “Los Linos” y a presuntos esquemas de corrupción municipal.
Harfuch explicó que en la región oriente de Morelos, particularmente en Cuautla, se identificaron actividades de extorsión que afectaban a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos mediante amenazas, cobros de cuota y presiones de grupos delictivos.
Agregó que estas acciones derivaron de denuncias ciudadanas y reportes sobre cierres de negocios y exigencias de pagos ilegales, lo que dio inicio a trabajos de investigación de gabinete y campo.
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Sobre el desarrollo de las investigaciones, el titular de la SSPC indicó que “se iniciaron trabajos de investigación de gabinete y campo para identificar a los responsables, sus redes de apoyo y posibles vínculos con autoridades o actores locales”.
El funcionario federal añadió que a mediados de abril se reforzó la estrategia de seguridad en Morelos por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que permitió incrementar el estado de fuerza de instituciones federales y ampliar capacidades de inteligencia e investigación.
Como parte de esa estrategia, el 6 de mayo se realizó un operativo en Yautepec, donde fueron detenidas ocho personas vinculadas a la célula delictiva “Los Linos”, entre ellas un presunto líder identificado como Rodolfo N, alias “Don Ramón”. En ese hecho, personal federal fue agredido por integrantes del grupo, lo que derivó en un enfrentamiento con saldo de una persona fallecida y dos elementos lesionados.
Harfuch señaló que las acciones informadas este miércoles derivan de la continuidad de las investigaciones y de la coordinación entre la Unidad de Inteligencia Naval, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de inteligencia militar, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.
También se informó que la FGR obtuvo órdenes de cateo en seis domicilios ubicados en Morelos y uno más en Querétaro, así como mandamientos judiciales contra diversos objetivos relacionados con delitos de extorsión, delincuencia organizada, tráfico de armas y delitos contra la salud.
Las instituciones participantes en la operación incluyen a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
Harfuch indicó que las investigaciones continúan para determinar posibles vínculos entre estructuras criminales y autoridades locales, así como redes de protección institucional, al señalar que “esta línea de investigación forma parte de las indagatorias para determinar posibles vínculos, redes de protección, intercambio de información o colaboración con estructuras delictivas”.