Sindicatos fachada y autoridades coludidas vendían agua ilegal en Edomex; precios subían hasta 59 %
Redacción Animal Político · 25 de octubre de 2025
Organizaciones sociales con fachada de sindicatos y autoridades coludidas fueron señaladas como responsables de una cadena de comercio ilícito de agua en diversos municipios del Estado de México, donde el líquido comercializado no era procesado para potabilizarse y los sobrecostos podían elevar el precio por 10 mil litros hasta los mil 798 pesos.
A través de un comunicado, la fiscalía del Estado de México detalló la Operación “Caudal”, desplegada desde este viernes, indicando que tuvo como objetivo “interrumpir la cadena de comercio ilícito de agua que se registra en municipios del Estado de México (…) para desarticular redes dedicadas al robo y comercialización ilegal del agua, proteger el abasto para la población y restablecer la legalidad en el suministro”.
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La Fiscalía informó que estas acciones fueron llevadas a cabo por “organizaciones sociales con fachada de sindicatos, como los autodenominados Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, ‘USON’; Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, ‘ACME’; ‘Los 300’ y/o ‘Unión 300’; ‘Libertad’; ‘25 de Marzo’, ‘22 de Octubre’ y ‘Chokiza’, entre otros, así como comisariados ejidales, particulares o en complicidad con autoridades”.
Además, señaló que el agua comercializada en estas redes ilícitas no era procesada para potabilizarla. La fiscalía puntualizó que el líquido “sólo la cloraban lo que podía causar afectaciones salubres a la población”, mientras que para la distribución se empleaban pipas de diferentes capacidades, incluso tipo tráiler denominadas “salchichas”, sin permisos obligatorios.
Además, la población era obligada a comprar el agua únicamente a transportistas agremiados, “para lo cual identificaban sus transportes con logotipos y calcomanías”.
Los sobrecostos detectados durante la operación fueron significativos. Según análisis de mercado realizados por la fiscalía, mientras el costo regulado promedio es de mil 131 pesos por cada 10 mil litros para uso doméstico, en Ecatepec el agua se comercializaba con un sobreprecio del 59 %, elevando su precio a mil 798.29 pesos.
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En otros municipios, los sobrecostos también eran elevados: en Cuautitlán, 41.4 % (mil 599.53 pesos); en Tlalnepantla, 32.42 % (mil 497.63 pesos); y en Toluca, casi 10 % (mil 244.1 pesos). Estas cifras aumentaban aún más para usuarios industriales y residenciales de alta plusvalía.
La operación se realizó de manera simultánea en 48 municipios, incluyendo Acolman, Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca, entre otros. En total, se intervinieron 189 inmuebles mediante 142 cateos y 47 inspecciones, localizando 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas.
Durante los operativos se aseguraron 322 transportes tipo pipas y 37 vehículos diversos. Además, se detuvo a siete personas en flagrancia: “dos de ellos por su probable participación en el delito contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública, dos más por portación de arma prohibida, dos por delitos contra el servicio público y distribución del agua, y un sujeto por ataque peligroso y portación de arma prohibida, quien habría accionado un arma de fuego para evitar la inspección de un inmueble en el municipio de Lerma”.
La fiscalía advirtió que estos hechos “son constitutivos de delito conforme al Código Penal del Estado de México, que establece que las principales conductas asociadas a estos ilícitos consisten en la extracción, distribución, suministro y comercialización de agua potable sin la autorización legal correspondiente, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido”.
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Asimismo, se identificaron “prácticas extorsivas, de acaparamiento, despojo de agua, robo, encubrimiento y abuso de autoridad”.
Para llevar a cabo la Operación “Caudal”, se solicitó la ejecución de 152 mandamientos judiciales, de los cuales 142 fueron autorizados, y el Poder Judicial del Estado de México designó jueces especializados para atender la operación “durante más de 72 horas ininterrumpidas”.