Redacción Animal Político · 3 de junio de 2026
Los gobiernos de Nanchital, donde fue privada de la libertad la periodista Roxana Guzmán Ramírez, e Ixhuatlán del Sureste, en Veracruz, anunciaron operativos de fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno tras el secuestro de la comunicadora.
“En estas labores participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y demás corporaciones competentes, en el ámbito de sus atribuciones”, señala el comunicado del Ayuntamiento de Nanchital.
En los mensajes se indica que estas acciones tienen como objetivo fortalecer las tareas de vigilancia, prevención y atención de “los hechos que actualmente son materia de investigación”, así como reforzar las labores para garantizar la seguridad y el Estado de derecho.

Asimismo, hicieron un llamado a la población a mantener la calma, permitir el desarrollo de los operativos y evitar la difusión de rumores o información no confirmada.
Este martes 2 de junio, la periodista Roxana Guzmán Ramírez, reportera y directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad por hombres armados en su domicilio, ubicado en el municipio de Nanchital.
A través de redes sociales se difundió un video en el que se observa a tres sujetos armados y con el rostro cubierto forzando la puerta de una vivienda para ingresar de manera violenta. En las imágenes se aprecia cómo los individuos irrumpen en el lugar apuntando a las personas presentes.

A más de 24 horas de que se confirmara oficialmente la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez en Nanchital, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, no se ha pronunciado al respecto.
Durante este periodo, la mandataria morenista únicamente ha compartido una publicación sobre un evento de empresas del sector de hidrocarburos, otra sobre la pavimentación de la carretera Isla–Santiago Tuxtla, una más relacionada con un programa local de salud y compartió una nota de El Financiero.

La organización Artículo 19 exigió a las autoridades veracruzanas implementar de manera inmediata acciones para localizar a la comunicadora, así como considerar su labor periodística como una línea prioritaria de investigación y aplicar el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Amnistía Internacional emitió un pronunciamiento en el mismo sentido: “El secuestro de una periodista no solo pone en riesgo su vida, libertad e integridad; también representa una amenaza a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada”.