Redacción Animal Político · 5 de febrero de 2026
El sector minero exigió la aparición con vida de diez trabajadores privados ilegalmente de su libertad en Concordia, Sinaloa, y urgió al Estado a frenar la creciente violencia en las regiones mineras, al advertir que la inseguridad se ha vuelto un riesgo permanente, que la impunidad no puede normalizarse y que es urgente garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes laboran en esta industria.
En un comunicado difundido este miércoles, las organizaciones expresaron su “profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad” de los trabajadores, hecho ocurrido en un estado que desde hace meses enfrenta una espiral delictiva derivada de la disputa interna del Cártel de Sinaloa.
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Las agrupaciones señalaron que la inseguridad en los territorios mineros se ha vuelto parte de un fenómeno sostenido y advirtieron: “Este lamentable hecho no es aislado. La inseguridad que enfrentamos diversos sectores en las regiones mineras se ha convertido en un riesgo permanente”.
También rechazaron cualquier señalamiento que los vincule con estructuras criminales al afirmar que “hemos sido víctimas de la misma, tanto mineros, trabajadores, habitantes de comunidades, periodistas y contratistas”.
Las organizaciones dieron a conocer los nombres de los trabajadores cuya aparición con vida demandan: José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antonio Jiménez Nevárez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valle y Miguel Tapia Rayón.
“Nos solidarizamos plenamente con sus familias, colegas y comunidades, y reiteramos que cada persona que trabaja en la minería merece condiciones de seguridad y dignidad para desempeñar su labor”, afirmaron.
En su comunicado, el Colegio de Ingenieros de Minas, la Camimex, la Cámara de Comercio del Canadá en México y los clústeres y asociaciones mineras de Sonora, Zacatecas, Sinaloa y Chihuahua —así como Mujeres WIM de México— reiteraron su colaboración con las autoridades, subrayaron que “lo más importante es la vida de nuestros compañeros mineros”.
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El posicionamiento del sector se difundió días después de que la desaparición múltiple se hiciera pública. Según la información conocida el 30 de enero, los ingenieros fueron interceptados en Concordia, un municipio históricamente minero y actualmente atravesado por el repliegue de comunidades, el control territorial de grupos armados y el silencio oficial. “Se los llevaron y nadie nos dice nada”, denunció una familiar en el programa de Ciro Gómez Leyva en RadioFórmula.
El caso se enmarca en la guerra interna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, detonada tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024. Hasta el 27 de enero, esta confrontación había dejado 2 mil 734 homicidios dolosos, 3 mil 167 personas privadas de la libertad, 3 mil 243 detenciones y 169 abatidos, según cifras oficiales.
La incertidumbre entre las familias crece con el paso de los días. María Salazar, esposa de uno de los ingenieros, relató: “No ha habido nada, no ha habido reportes, ya han sido siete días y no nos dicen nada, ni la empresa, ni las autoridades”.
Contó que la última comunicación ocurrió la noche previa a la desaparición y que ni siquiera saben qué ropa vestían los trabajadores. “Estamos muy desesperados… no es una persona ni dos, son diez trabajadores que salieron para traer alimentos a sus casas”, dijo en RadioFórmula.
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La empresa Vizsla Silver, operadora del Proyecto Pánuco donde laboraban, confirmó que los diez forman parte de su plantilla y señaló por escrito: “Nuestra prioridad absoluta es la seguridad y la liberación con bien de nuestro personal”. La compañía evitó proporcionar detalles adicionales debido a que las investigaciones continúan.
La Fiscalía de Sinaloa informó el 29 de enero que abrió una carpeta por desaparición cometida por particulares y que el 27 de enero realizó un cateo autorizado por un juez, donde localizó indicios sin especificar.
Los trabajadores estaban adscritos al Proyecto Pánuco, un desarrollo minero de plata que la empresa describe como “el mayor recurso primario de plata de alta ley sin desarrollar en el mundo”. Tras los hechos, Vizsla Silver suspendió temporalmente algunas actividades en la zona como medida preventiva.