Congreso de NL abre investigación en juicio político contra el gobernador Samuel García
Animal Político · 26 de junio de 2026
Con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó este viernes la apertura de la etapa de diligencias e investigaciones dentro del proceso de juicio político contra el gobernador Samuel García y se declaró en sesión permanente para continuar con el procedimiento.
El acuerdo autoriza a la comisión a requerir informes financieros, declaraciones patrimoniales, actas constitutivas, información fiscal y copias certificadas de contratos a más de 60 dependencias, organismos paraestatales y universidades públicas, con el propósito de investigar la presunta triangulación de recursos públicos vinculada con diversas empresas y firmas jurídicas señaladas en la denuncia.
Durante la sesión, la presidenta de la Comisión Anticorrupción recordó que el gobernador presentó el pasado 23 de junio el informe por escrito previsto en la Ley de Juicio Político, documento que ya fue incorporado en versión pública al expediente. Explicó que, tras analizar esa respuesta, correspondía continuar con la fase de investigaciones y diligencias contemplada en el procedimiento.
El acuerdo aprobado establece que la denuncia incorpora elementos de prueba que requieren actuaciones directas por parte del Congreso y, por ello, instruye la solicitud de información a autoridades estatales y federales, entre ellas el Instituto Registral y Catastral, la Contraloría General del Estado, la Secretaría de Economía federal, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como decenas de dependencias del gobierno estatal, organismos descentralizados y universidades públicas.
Además, la comisión rechazó suspender el procedimiento mientras se resuelven los incidentes promovidos por la defensa del mandatario. En el acuerdo se argumenta que la existencia de esos recursos no impide continuar con las diligencias de investigación y que la resolución de dichos incidentes deberá emitirse antes del dictamen final.
Previo a la votación, la discusión evidenció diferencias entre los integrantes de la comisión respecto al alcance de las investigaciones.
La diputada Sandra Pámanes cuestionó que el acuerdo ampliara de manera considerable el número de instituciones a las que se solicitará información, al señalar que la denuncia original únicamente contemplaba nueve dependencias. “La solicitud de juicio político presentada por Morena solamente solicitaba documentales de nueve instituciones o dependencias y el actual que tenemos aquí enfrente de nosotros lo solicita a 60 instancias más”, afirmó.
La legisladora sostuvo que esa ampliación representa un exceso por parte de la comisión y retrasará el procedimiento. También argumentó que la respuesta presentada por el gobernador no fue analizada de fondo y reiteró que, a su juicio, la denuncia carecía de pruebas suficientes desde su presentación.
Más adelante insistió en que el procedimiento no se ha desarrollado conforme a la Ley de Juicio Político y sostuvo: “Lo que se presentó fue una solicitud de juicio político sin pruebas y quien acusa o denuncia está obligado a probar”.
En contraste, el diputado Mario Soto anunció que respaldaría el acuerdo al considerar necesario reunir mayores elementos antes de emitir una resolución. Explicó que su voto respondía a la necesidad de que el procedimiento cuente con información suficiente y manifestó que permanecerá atento al desarrollo de las investigaciones para que se conduzcan conforme a derecho y sin convertirse en un instrumento de negociación política.
Por su parte, la diputada Grecia Benavides defendió la actuación de la comisión y sostuvo que el Congreso únicamente está ejerciendo las facultades que le otorga la ley para revisar el manejo de recursos públicos. “Aquí no estamos condenando ni sancionando a nadie”, expresó.
Añadió que la apertura de la investigación no implica prejuzgar sobre la responsabilidad del gobernador, sino reunir la información necesaria para determinar si las acusaciones tienen sustento. “Que quede claro que no es ni golpeteo, que no es ni persecución, sino que se trata de transparentar el ejercicio del presupuesto del Estado de Nuevo León”, afirmó.
