Detienen en EU a regidor de Río Bravo, Tamaulipas, por presunto fraude electrónico millonario

Un juez federal de Estados Unidos autorizó la detención en ese país de Bernardo Gómez Guajardo, regidor en el cabildo de Río Bravo, y su esposa, Lesley “Ch”, por su presunta participación en un fraude electrónico millonario relacionado con apoyos económicos entregados durante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con la investigación, la pareja, junto a tres personas más — Sandra “P.” (60), de Rancho Viejo; Rolando “S.” (51), de Harlingen; y Edgar “G.” (45), de Brownsville — presentaron solicitudes fraudulentas al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y al Programa de Préstamos por Desastres Económicos (EIDL), alterando documentos fiscales y comerciales para inflar los montos acreditados.

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Los recursos obtenidos —un total de 685,800 dólares, equivalentes a más de 11 millones de pesos— no se destinaron a empresas afectadas, sino que fueron desviados hacia gastos personales, inversiones privadas, criptomonedas y cuentas individuales.

El fraude electrónico es un delito grave en Estados Unidos. De confirmarse su responsabilidad, cada implicado podría enfrentar hasta 20 años de prisión, multas de hasta 250 mil dólares y la obligación de reintegrar la totalidad de los fondos desviados.

Las detenciones colocan en el ojo del huracán a la administración municipal, sobre todo por la relación de Bernardo “G” con el alcalde Miguel Ángel Almaraz.

Bernardo Gómez Guajardo forma parte del cabildo de Río Bravo y fue postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), ocupando la cuarta regiduría del Ayuntamiento 2024–2027.

Otros casos de fraudes en Tamaulipas

Respecto a antecedentes de casos similares en Tamaulipas, hay varios hechos relevantes. La Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas detectó un fraude al erario superior a 2 mil millones de pesos, cometido entre 2012 y 2016 por exfuncionarios y empresas fachada vinculadas entre sí.

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Además, en mayo de 2025, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción había acumulado casi 800 carpetas de investigación contra exfuncionarios, especialmente durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, con un daño estimado al erario de más de 500 millones de pesos.

También se reportó un desfalco millonario al sistema de pensiones de los trabajadores del estado (IPSSET), atribuido a la administración de Egidio Torre Cantú, por más de 2,500 millones de pesos.

Aunque el caso del regidor Bernardo es inédito por su vínculo directo con esquemas estadounidenses, forma parte de una lista de casos de presunta corrupción y fraude entre funcionarios en Tamaulipas.