Ana Lilia Ramírez · 1 de septiembre de 2026
PLAYAS DE ROSARITO.— Un posible conflicto relacionado con terrenos y actividades inmobiliarias es una de las líneas de investigación que mantiene abierta la Fiscalía General de Baja California (FGE) por la privación de la libertad del empresario Jesús Molina Vargas.
El propietario de Parque Pikin, fue raptado el sábado por la tarde en las instalaciones del centro de atracciones por hombres que portaban armas de fuego; lo localizaron desorientado y con vida unas 24 horas en Playas de Rosarito.

En la conferencia mañanera de este miércoles 26 de agosto, realizada en Playas de Rosarito, la Fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, confirmó que el posible móvil estaría relacionado con el sector inmobiliario, y señaló que la declaración directa de la víctima será fundamental para avanzar en las investigaciones.
“Puede ser una de las líneas de investigación el tema inmobiliario. Lo vamos a establecer y creo que va a ser muy enriquecedora la información que nos brinde el día de hoy (miércoles) la víctima”, declaró.
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Andrade Ramírez explicó que tendría un encuentro con Molina Vargas, quien estaría acompañado por representantes de organismos empresariales del municipio, para recabar más información con el fin de fortalecer la investigación y establecer con mayor precisión qué ocurrió.

El incidente ocurre en un contexto de disputas y conflictos relacionados con la propiedad y regularización de terrenos en Playas de Rosarito.
Empresarios y personas relacionadas con el sector inmobiliario han señalado que existen grupos que buscan apropiarse de predios cuyos procesos de regularización o propiedad presentan conflictos legales.
De acuerdo con una fuente consultada por Animal Político, quien solicitó el anonimato por temor a posibles represalias, algunos de estos grupos buscan terrenos que se encuentran en litigio o en procesos de regularización para intentar apropiarse con ellos.
Sostuvo que las personas involucradas pueden aprovechar procedimientos legales complejos y disputas por la titularidad de los predios.
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Uno de los puntos mencionados en este contexto es el predio donde se encuentra el Parque Pikin, en el kilómetro 42 de la carretera libre Tijuana-Ensenada.
La fuente explicó que en algunos casos, los procesos de regularización pueden generar disputas por la titularidad de los terrenos.
“Debido a esas preinscripciones pueden salir hasta tres dueños; tienes que ir a una junta de conciliación y de eso se aprovechan. Otro factor es que el 60 por ciento de la tierra en Rosarito está regida por la Ley Agraria, que es totalmente diferente a la pequeña propiedad o la propiedad privada”, señaló.
Estas afirmaciones forman parte del contexto aportado por personas del sector y no constituyen hasta ahora una conclusión de la Fiscalía sobre el caso de Molina Vargas.
La Fiscalía también informó que una de las principales fuentes de información para localizar al empresario fue su hijo, Jessy Luis Carlos Molina Camarena, quien proporcionó datos a las autoridades que permitieron avanzar en las labores de búsqueda.
Tras conocer la privación de la libertad, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro activó los protocolos correspondientes e inició las labores de investigación, además de mantener comunicación con los familiares.
Andrade Ramírez confirmó que jurídicamente el caso no era considerado un secuestro, debido a que no existía, hasta ese momento, una exigencia de dinero, rescate o algún otro beneficio a cambio de la liberación del empresario.
La Fiscal señaló que la entrevista directa con Molina Vargas será determinante para conocer detalles sobre lo ocurrido, identificar a los responsables y establecer el móvil.