Radios comunitarias exigen que FGR investigue homicidio del comunicador Salomón Ordóñez en Puebla

El Comité Nacional de Radios Comunitarias, Indígenas y Afromexicanas condenaron el asesinato de Salomón Ordóñez Miranda, director del medio de comunicación Shalom Cuetzalan, en Puebla, y exigieron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.

El homicidio del comunicador está directamente relacionado con su labor periodística y no se trata de un caso aislado, señala la organización en una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los relatores especiales de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos y sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión.

“A Salomón lo mataron por comunicar desde y para su pueblo. Por su palabra clara, crítica y comprometida. Por nombrar las injusticias, por defender el territorio, por decir la verdad. No se trata de un hecho aislado: es parte de una violencia sistémica contra quienes ejercemos la comunicación comunitaria e indígena en México”, dice el comunicado.

Por ello, exigieron que la FGR atraiga el caso y lo investigue a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, conforme al artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El asesinato de Ordóñez Miranda, ocurrido el 23 de junio en Cuetzalan, Puebla, se suma a una “larga lista” de agravios en contra de periodistas y comunicados que “han quedado en la impunidad” y son resultado de un “Estado que ha sido omiso, negligente e incluso cómplice”, por lo que se necesitan acciones concretas e inmediatas, demandó el Comité.

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De igual manera mencionaron que la “supuesta ‘no censura” del gobierno no basta si los comunicadores indígenas y afromexicanos viven en contextos de violencia constante, además de que la llamada “cuarta transformación” no ha frenado las agresiones, hay persecución por parte de gobiernos locales, sumado a la presencia de empresas extractivas que operan sin regulación.

Ante esta situación, también exigieron que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y el Sistema Público de Radiodifusión elaboren “mecanismos de protección “específicos, diferenciados y culturalmente pertinentes”.

En ese sentido igual demandaron que el gobierno diseñe e implemente una política pública de comunicación comunitaria “con enfoque en derechos humanos, intercultural y de justicia social”, como está establecido en la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT y en la ONU.

“La vida de un comunicador indígena no vale menos que la de cualquier otro periodista. Nuestra voz no es marginal: es la voz legítima de los pueblos que siguen vivos y resistiendo”, concluye el posicionamiento.