Clausuran granja porcícola en Yucatán por descarga de aguas residuales; tenía denuncias desde 202
Redacción Animal Político · 9 de septiembre de 2025
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró este martes de forma total y definitiva la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, en Mérida, Yucatán, debido al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas, la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de sus lodos.
En un comunicado, la Profepa indicó que a partir de la clausura, se buscará que la granja se enfoque en la reparación de los daños ocasionados en la zona, a través de la elaboración de un estudio de daño ambiental y dando seguimiento al proceso de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio.
Las denuncias contra las granjas porcícolas
Desde 2021, organizaciones de la sociedad civil y comunidades mayas habían presentado denuncias contra granjas porcícolas debido a su impacto negativo en el medio ambiente. Entre las principales afectaciones denunciaron problemas graves de contaminación en sus pozos de agua, en los cenotes, en la producción agrícola local, al ecosistema, biodiversidad, y a la salud.
La Profepa ha realizado visitas de inspección a granjas porcícolas de Yucatán en los municipios Muna, Mérida, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén, Maxcanú, Suma, Sotuta, Progreso, Tekax, Tixpéhual, Abalá y Kopomá.
Dentro de estas acciones, Pecuaria Peninsular fue una de las granjas inspeccionadas y a la que se le han impuesto diversas medidas correctivas.
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“Este caso es fundamental para la Profepa; conocemos la lucha de años de las comunidades de la zona, quienes han padecido los impactos y las afectaciones a su calidad de vida y a su entorno. Las vecinas y vecinos de esta empresa se han amparado, han hecho denuncias, han buscado la justicia con autoridades de todos los niveles y hoy la Profepa trabaja con ellos para lograr esta clausura definitiva”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
La Profepa destacó que atender la problemática sobre los impactos de las granjas de cerdos en la Península de Yucatán es una prioridad, así como el atender a las comunidades afectadas y asegurar que se cumpla su derecho al medio ambiente forma parte de nuestro compromiso con la justicia ambiental.
“Continuaremos trabajando con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y la salud pública, y para evitar violaciones del derecho humano al medio ambiente y para regular de forma efectiva a este sector”, señaló.
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