Redacción Animal Político · 5 de mayo de 2025
José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, detenido por el caso del Rancho Izaguirre tuvo su primera audiencia este domingo, en la cual se le imputaron los delitos de delincuencia organizada en agravio de la colectividad, desaparición forzada, reclutamiento, trata y explotación de personas y abuso de autoridad.
Al edil, quien se reservó su derecho a declarar, se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso penal y su defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional por 144 horas más para recopilar pruebas.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), el reclutamiento de personas, que eran llevadas a distintos ranchos en Jalisco entre ellos el Izaguirre, era operado por José Gregorio Hermida, alias “El Lastra” y que ya se encuentra detenido, y por Gonzalo Mendoza Gaitán, alias “El Sapo” o “El 90”, ambos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Testimonios de víctimas refieren que el presidente municipal operaba como reclutador de las víctimas, señalan haberlo visto en fincas del CJNG, entre ellas el Rancho Izaguirre, y que recibía 70 mil pesos mensuales por su colaboración con el grupo criminal.
Murguía Santiago también habría destinado policías municipales y armamento para vigilar los ranchos usados como centros de adiestramiento, para buscar a las personas que lograban escapar o para llevar nuevas víctimas, según los testimonios presentados por el agente del ministerio público de la FGR.
Otra de las declaraciones que más han llamado la atención es en el que se acusa al alcalde, al “Lastra” y a otro sujeto apodado “El Rojo” de haber manipulado “una bolsa negra y grande” con segmentos humanos en su interior y haberla arrojado al fuego.
Cabe destacar que la FGR señaló que desde marzo había una orden de aprehensión en contra del alcalde, la cual no fue ejecutada por la fiscalía local por lo que la dependencia federal decidió ejecutarla a través de la Agencia de Investigación Criminal.

Carlos Santos, abogado del alcalde, informó que en esta primera audiencia “solo se escucharon los datos de prueba por parte de la fiscalía” y que su versión la presentarán el viernes, día en que está previsto que continúe el proceso.
Por su parte, Movimiento Ciudadano, partido al cual pertenece Murguía Santiago desde 2021, por invitación directa del exogbernador Enrique Alfaroi según él, respaldó al funcionario y llamó a las autoridades a comprobar las acusaciones.
“Confiamos en que el presidente municipal de Teuchitlán demostrará que actuó siempre en el marco de la ley. La ciudadanía lo eligió su representante y luego refrendó su confianza para que gobernara durante un segundo periodo: ese respaldo habla de los resultados de su gestión”, dice el comunicado.
Al ser cuestionada sobre el caso del edil de Teuchitlán, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que será la FGR quien se encargue de dar más detalles sobre la investigación.
“Como ustedes saben, nosotros pedimos que la Fiscalía atrajera el caso, y es el fiscal quien tiene que informar cuáles son las pruebas de este vínculo delincuencial del presidente municipal”, mencionó.
La mandataria también mencionó la carta que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco le envió después de la reciente conferencia de Alejandro Gertz Manero, en la que descartaron la versión del fiscal quien aseguró que el Rancho Izaguirre no fue usado como crematorio clandestino.
“Le pedí a la secretaria de Gobernación que piedra haber por lo menos un llamado del fiscal con este grupo de buscadores, de buscadoras, Guerreros Buscadores, y hubo una llamada de teléfono con la presencia de la fiscal de Víctimas, Irene Herrerías, con ellos, para poder seguir teniendo comunicación y que ellas puedan expresar libremente lo que encontraron”.

El Rancho Izaguirre fue descubierto por la Guardia Nacional el 18 de septiembre de 2024 en un operativo en el que se detuvieron a 10 personas, se rescataron a dos hombres y se localizaron los restos de uno más.
Posteriormente, a inicios de marzo, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaron a la finca y reportaron el hallazgo de restos óseos, ropa, zapatos, maletas y otros objetos personales así como puntos que habrían servido como hornos clandestinos para la cremación de cuerpos.
De acuerdo con el fiscal Gertz Manero, no hay pruebas de que el rancho “fuera utilizado como un lugar de cremación”, lo cual fue refutado por las personas buscadoras, quienes aseguraron contar con pruebas “contundentes” que se encuentra en posesión del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.