Redacción Animal Político · 21 de enero de 2026
El periodista Ernesto Martínez fue agredido y amenazado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, mientras intentaba hacer una cobertura en la Maxipista Culiacán–Mazatlán, el pasado 19 de enero.
De acuerdo con la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, Martínez acudió a la Maxipista Culiacán–Mazatlán a cubrir un enfrentamiento entre los agentes y personas civiles, en donde murió una persona.
Cuando comenzó a grabar, los elementos de seguridad se le acercaron para exigirle que dejara de hacerlo. Ernesto Martínez, quien trabaja para el medio digital Los Noticierista, les dijo que es periodista y que estaba realizando su labor; sin embargo, los policías lo ignoraron y comenzaron a golpear su carro para exigirle que se bajara.
Al bajar del vehículo, los agentes comenzaron a agredirlo físicamente; lo tomaron del cuello y le rompieron su chaleco rotulado de trabajo. Además, le exigieron que les diera su celular.

Los policías le tomaron fotografías sin su consentimiento, acompañado de amenazas, según declaró a Artículo 19. Le dijeron que lo grababan “para ir por él a su casa”.
Ante estos hechos, la organización exigió a la Secretaría de Seguridad de Sinaloa atender su obligación nacional e internacional de respetar y proteger la labor de las personas periodistas, lo que implica también capacitar de manera sistemática a los agentes policiales sobre el derecho a la libertad de expresión y prensa.
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A la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado, que realice una investigación exhaustiva y diligente, de conformidad con el protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión.
Artículo 19 recordó que, de acuerdo con los Principios sobre Libertad de Expresión, las amenazas y la destrucción de materiales de los medios de comunicación constituyen una violación directa a la libertad de expresión; por tanto, es deber de los Estados prevenir e investigar estas agresiones.

A mediados de enero, la periodista María Luisa Ruíz fue detenida en el municipio de Santiago Miahuatlán, en Puebla, por presunta usurpación de funciones, luego que no acreditara el medio para el que labora, y grabara a los policías durante un operativo en la vía pública.
La reportera se encontraba en el centro de Santiago Miahuatlán, cuando comenzó a documentar con su teléfono una movilización policial. Elementos municipales se aproximaron para exigirle “acreditación” y cuestionar su labor; posteriormente, ordenaron su detención y la trasladaron en una patrulla a la comandancia pese a que les dijo en diversas ocasiones que era periodista y sólo estaba haciendo su trabajo.
De acuerdo con el testimonio recabado por Artículo 19, la periodista denunció jaloneos, empujones y golpes durante su ingreso a instalaciones municipales, así como amenazas de ser remitida al Ministerio Público.