Jorge Ávila. Jasso | Tula, Hidalgo · 19 de febrero de 2026
Unas mil 500 personas trabajan a marchas forzadas para recuperar la planta cementera de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul, ubicada en el pueblo de Jasso, en Tula, Hidalgo. Al mismo tiempo, una brigada de trabajadores con equipos de soldadura y láminas de hierro blinda cada uno de los posibles accesos al lugar, incluida cada reja y hueco. La misma escena se repite en el estadio, auditorio y salón de usos múltiples.
Así es la situación en la cementera —propietaria histórica y fundadora del equipo de futbol del mismo nombre— a seis días del operativo policial en el que 33 personas fueron detenidas y que configura el más reciente capítulo en una larga disputa por la representación legal de la cooperativa.

La intervención respondió a una restitución ordenada por un juez del Estado de México en favor de Víctor Manuel Velázquez, actual presidente del Consejo de Administración, quien anunció el inicio de una nueva etapa y la recuperación legal de las instalaciones, que por cinco años estuvieron en poder de un grupo liderado por Federico Sarabia Pozos, dirigente de un grupo de socios que buscan el control de la empresa, hoy preso.
En ese periodo, la Cruz Azul perdió el 45 por ciento de su producción. El panorama sigue sin ser alentador.
Durante un recorrido hecho por Animal Político en las instalaciones se constataron diversos daños y carencias, desde la falta de un regulador, hasta el robo de la transmisión de un motor, así como estragos en equipos que cuestan millones de dólares.
“Hay que hacer estudios (…) hay equipo que tiene más de 20 años, quizá ya no hay piezas y comprar equipo nuevo puede tardar hasta 24 meses su entrega”, explica José Antonio Mucio Monroy, encargado del suministro de energía eléctrica.
Desaparición de equipo, una subestación eléctrica que requiere de grandes inversiones, meses de análisis y peritajes necesarios dificultan que la cementera vuelva a estar en pie produciendo al ciento por ciento en seis meses o un año. “Hay piezas que requieren hasta dos años para su manufactura”, reconoce Mucio Monroy.

Cooperativistas de Jasso —junto a otros provenientes de Puebla, Aguascalientes, Ciudad de México y Oaxaca— llegaron a la planta desde el 12 de febrero, día en que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con autoridades de Hidalgo, tras una orden judicial, tomaron el control del lugar para entregárselo a sus actuales administradores.
Como si se tratara de una película de acción, quien se acerca es recibido por hombres vestidos de pantalón caqui y chamarras oscuras, casquete corto o gorra, cualquiera diría que son militares retirados. Algunos portan armas de alto calibre, pasean con pastores belgas y otros usan armas de gotcha, de las que disparan balas de pintura. Es el equipo de seguridad que resguarda las instalaciones.
“Es el que nos acompaña en todas las plantas”, dice un socio para justificar la presencia de un equipo de elementos privados de seguridad en las calles de una ciudad que no termina de superar los momentos de tensión que ha vivido, relacionados con la disputa por la cementera de la Cooperativa Cruz Azul.
En su momento, por allá de 2020, en plena pandemia de coronavirus, quienes se encontraban a cargo de la seguridad privada “se vendieron”, lo que facilitó que el grupo liderado por Guillermo Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez, exdirector general de la cooperativa, tomara la cementera.
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Paradójicamente, Billy Álvarez, quien por más de 32 años fue una figura icónica del cooperativismo en México, y quien se encuentra en prisión, es ahora repudiado en su propia tierra. Un busto de su padre, don Guillermo Álvarez Macías, permanece tapado por una bolsa de basura, en un intento de olvidar el pasado.
Autopatrullas sin placas, vehículos “rinos” blindados y artillados con equipo para repeler agresiones y brigadas de trabajadores que resguardan las instalaciones son la estampa de lo que pasa ahora en la Cruz Azul: un territorio que estuvo en guerra y que ahora busca una tregua.
Basta recordar los ocho muertos que dejó un enfrentamiento el 27 de abril de 2022, cuando un grupo de personas, proveniente del Estado de México, intentó tomar por la fuerza las instalaciones.

Mario Francisco Morán Lagunes, gerente general de la planta de Cementos Cruz Azul Lagunas, Oaxaca, con más de 34 años de servicio, señala directamente al grupo liderado por Billy Álvarez no sólo de los daños, sino de haber usufructuado de manera ilegal millones de pesos de la cementera durante más de año y medio, desde 2022 hasta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le quitó la energía.
El funcionario acusa del deterioro y las pérdidas directamente a Federico Sarabia, Guillermo Morales, Gabriel Jiménez, Alfredo Valdez, Alan Valverde, Héctor Ortega, Miguel Ángel Trejo, Ignacio Trejo, José Godoy, Hilario González, así como a alguno de los líderes del movimiento, que mantuvieron bajo su poder la planta insignia de la cooperativa.
“Desconocemos quién inyectaba dinero”, afirma Morán Lagunes. “Hay quien dice que es dinero que se robó Víctor Garcés; otros, que era del crimen organizado o de algunos jubilados que querían tener el control”.
Por año y medio —relata— el grupo disidente obtuvo ganancias de miles de millones de pesos. “Modificaron el logo de la cementera y vendían producto de mala calidad”, asegura.
Además, acusa, crearon una administración paralela, apoyada por empresas factureras. “Pedimos que se investigue dónde quedaron esos millones de pesos, más de 7 mil”.
Fue en 2022 cuando la CFE retiró el servicio de la planta. Entonces, quienes mantenían el poder llevaron equipo para intentar echarla a andar, “pero no correspondía con lo requerido”. De ahí el maltrato a los equipos. “Es más por ignorancia que por mala fe”, dice Morán Lagunes.

Son las 8:30 de la mañana del miércoles 18 de febrero y unas cien personas con palas, escobas y recogedores se reúnen en torno al director de la planta y otros dirigentes. El llamado es el mismo: la unidad y la reconciliación. Entre ellos están Armando Vargas, director de la planta de Hidalgo; Mario Francisco Morán Lagunes, gerente de Oaxaca, y un par de habitantes.
Comenzaron las labores de limpieza de la zona, cerca de la puerta 1, luego del discurso que dieron los directivos. En contraste con días pasados, se nota mayor actividad en Ciudad Cooperativa Cruz Azul.
Fueron cinco años en los que no sólo hubo un conflicto por quién controlaba la empresa. La comunidad también se dividió en dos bandos y la ciudad se convirtió en un pueblo fantasma.
Actualmente, 33 personas se encuentran en el penal de Pachuca, Hidalgo, tras el operativo policial del 12 de febrero. Dos de ellas acusadas de portación ilegal de armas y narcomenudeo y 31 de desobediencia y resistencia en pandillas. Algunos, dice Morán Lagunes, eran cooperativistas que ya perdieron sus derechos y solo les interesa arreglar su situación y pelear por lo que les corresponde.
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“Esto era una ranchería. Mis padres fueron cooperativistas, también mis hijos. Hay que recuperar esta ciudad que creció tras la llegada del Cruz Azul a primera división”, dice José Pipino Valdez Lara, de 82 años.
En total —cuentan los habitantes— la planta tenía a unos 3 mil trabajadores, entre los que había empleados de las unidades de transporte, de almacén, escuelas, tiendas, más unos 15 mil empleos indirectos. Nadie dejó de cobrar. Por cinco años las tres plantas de cemento del país mantuvieron la carga económica.
Este era el “Corredor Azul” y había crecimiento económico, presume Morán Lagunes. Hoy, la población tiene la esperanza de que la situación cambie, aunque todo parece indicar que no será tan fácil volver a operar la planta.
Son las 11 de la mañana y el sol pega a plomo sobre el camino que lleva de la puerta 3 a los hornos. Ahí, más de 100 trabajadores escuchan una misa con la cual la cooperativa busca blindarse.
Para ellos es importante darle gracias a Dios por lo que han promovido como un nuevo comienzo. Es miércoles de ceniza e inicia la cuaresma.
Con ello comienza el trabajo de cientos de personas que esperan recuperar la planta insignia de una marca que evoca la lucha social, el cooperativismo, pero también la transa, la disputa y el despilfarro de un grupo de dirigentes que están en la cárcel. Y como dicen hoy en la Cruz Azul, regresan a donde empezó todo: Jasso, Hidalgo.