Alfonsina Avila / Zona Franca · 8 de enero de 2026
La periodista Rosario Martínez de la Vega denunció públicamente ser víctima de acoso judicial por parte de un médico adscrito a la Secretaría de Salud de Guanajuato, al señalar que enfrenta casi tres años de hostigamiento legal derivado de su labor informativa.
A través de una carta abierta dirigida a autoridades, al gremio periodístico y a la sociedad, la comunicadora expuso que el caso fue reabierto bajo el número de expediente Z2025-586, pese a que la Fiscalía determinó en junio del año pasado que no existía delito y había ordenado su cierre.
“Denuncio públicamente el acoso judicial del que he sido objeto como consecuencia de mi labor profesional”, afirmó Martínez de la Vega, al advertir que el uso de procedimientos legales en su contra representa un intento de intimidación y censura.
El año pasado, la organización Artículo 19 denunció que en el país, en promedio, cada cuatro días se abre un nuevo proceso judicial o administrativo contra un periodista o un medio de comunicación, como mecanismo de hostigamiento y censura.

Durante el primer semestre del 2025, la organización documentó 51 casos de acoso judicial, que involucraron a 39 periodistas, 28 hombres y 11 mujeres, y a 12 medios de comunicación notificados de procesos legales en su contra.
En Guanajuato no es la primera ocasión en que se denuncia acoso judicial. En su carta pública, la periodista sostuvo que criminalizar el ejercicio periodístico vulnera no solo los derechos de quienes informan, sino también el derecho de la ciudadanía a estar informada.
“El ejercicio del periodismo no debe ser castigado ni perseguido; la utilización de procesos legales como mecanismo de intimidación constituye una forma de censura. La democracia se fortalece con voces críticas, no con su silenciamiento”, expresó.

Además, hizo un llamado directo al gobierno para que garantice el respeto a la libertad de expresión y evite prácticas de hostigamiento contra la prensa.
Asimismo, solicitó solidaridad activa al gremio periodístico, a comunicadores y al Consejo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, al señalar que los ataques legales contra un periodista afectan al conjunto de la profesión.
Finalmente, llamó a la sociedad a no permanecer indiferente ante este tipo de casos, al advertir que la persecución judicial contra periodistas limita el acceso a información de interés público.
“Cuando se persigue a un periodista, se limita la posibilidad de que la sociedad conozca la verdad”, concluyó.
Esta nota se publicó originalmente en Zona Franca.