Organizaciones exigen a Fiscalía SLP dé medidas de protección a policía tras decisión de juez

Activistas y organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Fiscalía General de San Luis Potosí y la Comisión Estatal Ejecutiva de Víctimas del mismo estado otorgar, de manera urgente, medidas de protección a Rosalinda Ávalos Reyes, la policía que denunció a aspirante a juez por el asesinato de sus dos hijos. 

“Han pasado dos días desde que se otorgó la suspensión judicial y Rosalinda sigue sin mayor protección”, señalaron a través de un comunicado las organizaciones Defensorxs, Emergencia Derechohumanera y Projud, entre otras. 

El posicionamiento se da a dos días de que un juez federal otorgó a Rosalinda una suspensión de plano y ordenó tanto a la Fiscalía como a la Comisión de Víctimas del estado otorgarles “medidas de protección inmediata” a ella y a su hija. 

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“Ahora, como sociedad, no podemos permitir que las víctimas y personas defensoras de derechos humanos sigan siendo ignoradas y expuestas por las autoridades a que se les revictimice e, incluso, asesine tras amenazas desatendidas. El Estado debe garantizar la máxima protección a quienes buscan justicia en el país, y el derecho debe convertirse, realmente, en una herramienta de construcción de paz”, señalaron. 

El caso de Rosalinda Ávalos

El caso de Rosalinda Ávalos se hizo público cuando, en febrero de 2025, irrumpió en el Congreso de San Luis Potosí para advertir que uno de los implicados en los asesinatos de dos de sus hijos, así como el intento de asesinato de su hija mayor, se perfilaba para ser juez durante la elección judicial.

Con su denuncia, Rosalinda consiguió que Sabas Santiago Ipiña fuera excluido del proceso electoral, al no cumplir con los requisitos constitucionales que el comité de selección no había detectado. 

Sin embargo, desde entonces ha tenido que librar una batalla constante para buscar justicia y que los implicados en el crimen contra su familia no sean liberados. Pese a que hay nueve detenidos por el ataque a sus hijos, ocurrido en 2020, Rosalinda Ávalos no ha logrado que los lleven a juicio.

Incluso, a pesar de que Rosalinda ha peleado para que le otorguen medidas de protección desde entonces, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí apenas le concedió como medida cautelar el “patrullaje” fuera de su domicilio, mientras que las intimidaciones en su contra siguen aumentando.

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“Manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante el “patrullaje” esporádico como única medida para proteger su integridad física, sobre todo cuando ya han sido asesinados dos hijos de Rosalinda, justamente, por la indiferencia de las autoridades que la han dejado expuesta”, señalaron las organizaciones. 

Candidato a juez denuncia a Rosalinda

El pasado 24 de septiembre, se dio a conocer que Rosalinda Ávila fue denunciada por el excandidato Sabas Santiago Ipiña, quien presentó una denuncia penal y una demanda civil en su contra. 

El abogado Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorsxs, dio a conocer la noticia a través de una publicación en la que señaló que el excandidato acompañó sus acciones legales con dos testigos presuntamente pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación. 

Por este motivo, debido a la denuncia presentada en su contra y el riesgo que esta representa, es que el abogado solicitó ayuda para ella. “Su vida está en alto riesgo”, escribió en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter. 

“La Fiscalía está obligada a darle una escolta permanente que la proteja, como mínimo […] También es importante encontrar abogados pro-bono en San Luis para que acompañen a Rosalinda en su lucha”, agregó. 

Juez ordena otorgar medidas de protección a Rosalinda, pero da libertad a autoridades para “valorar” cuáles

Por todo lo anterior, Defensorxs y otras organizaciones civiles acompañaron a Rosalinda con la presentación de una demanda de amparo para obligar a la Fiscalía y la Comisión a otorgarle un acompañamiento policial permanente, entre otras medidas.

Al admitir la demanda de amparo que Rosalinda y su hija interpusieron para demandar la supuesta omisión por parte de diversas autoridades estatales de decretar medidas de protección adecuadas y eficaces ante un presunto riesgo para sus vidas, Diego Galeana Martínez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, ordenó a las autoridades cesar de manera inmediata la omisión de decretar medidas de protección. 

La suspensión de plano fue decretada debido a que todos los jueces del país tienen la obligación de decretar esta medida cuando el “acto reclamado” implique peligro de la privación de la vida o ataque a la integridad personal, de acuerdo con el artículo 126 de la Ley de Amparo. 

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No obstante, el juez dio libertad a las autoridades para que “con libertad de jurisdicción”, valoren cuáles son estas medidas “proporcionales” de seguridad y las decreten de “inmediato”, fijando como fecha para la audiencia constitucional, en la que determinará si concede o no el amparo a las víctimas, el próximo 10 de noviembre de 2025. 

“Por la memoria de las y los defensores de derechos humanos, y por la voz de todas aquellas víctimas ignoradas, exigimos protección para Rosalinda y su familia. Rosalinda Ávalos ya fue víctima una vez de la impunidad, la violencia, la injusticia y la incompetencia de las autoridades; no permitamos que sea víctima una segunda vez”, señalaron las organizaciones.