Acusan patrón de violencia contra personas buscadoras tras asesinato Rubí Patricia en Mazatlán
Israel Fuguemann · 28 de febrero de 2026
El asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora e integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, ocurrido el 27 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, generó una ola de condenas de organizaciones nacionales e internacionales que advirtieron que su muerte no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia contra personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México.
Rubí Patricia comenzó a buscar a su hijo, Édgar Daniel López Gómez-Tagle, tras su desaparición el 25 de mayo de 2025. Con el paso de los meses se integró al colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, desde donde acompañó a otras familias y participó en jornadas de búsqueda en Mazatlán y otras zonas del estado.
La desaparición de su hijo marcó un punto de quiebre en su vida. Como muchas madres en México, asumió la búsqueda como una tarea cotidiana: acudir a reuniones, insistir ante autoridades, salir al campo manteniendo la esperanza de encontrarlo. Su historia acompaña a otras miles de mujeres que, ante la insuficiencia institucional, han convertido el duelo en exigencia pública de verdad y justicia.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el cuerpo de Rubí Patriciar fue localizado al interior de su domicilio en Mazatlán y presentaba lesiones producidas presuntamente por arma punzocortante. La autoridad informó que se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, pero hasta el momento no ha dado a conocer más información.
“No es un hecho aislado”
Artículo 19 —organización internacional dedicada a la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos— condenó el asesinato y subrayó que el crimen “se inscribe en un patrón de violencia contra las personas buscadoras en el país”, quienes enfrentan amenazas, desapariciones y asesinatos en un contexto de impunidad estructural.
La organización recordó que, durante el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheimbaum, ha documentado 14 agresiones letales contra personas buscadoras: seis desapariciones y ocho asesinatos. En ese registro se incluyen otros casos en Sinaloa, entidad que en los últimos años ha enfrentado una profunda crisis de violencia.
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Por su parte, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México señaló que el asesinato de Rubí Patricia es el primero de una persona buscadora en 2026 y se suma a una lista de 34 familiares asesinados desde 2010 por su labor de búsqueda. La institución advirtió que el crimen ocurre en un estado que registra altos índices de desaparición y homicidio, lo que refleja un entorno de riesgo persistente para quienes exigen verdad y justicia.
Amnistía Internacional —organización global que monitorea violaciones a derechos humanos en distintos países— también condenó el asesinato y sostuvo que el crimen “profundiza la grave situación de riesgo que enfrentan las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en México”, otorgando al caso una dimensión internacional.
Además colectivas y organizaciones de familiares en distintos estados del país expresaron su solidaridad con la familia de Rubí Patricia y exigieron garantías de no repetición, así como medidas efectivas de protección para quienes integran colectivos de búsqueda.
Buscadoras en riesgo
En México, la búsqueda de un familiar desaparecido no sólo implica recorrer oficinas, hospitales o zonas de hallazgo: también supone enfrentar amenazas y agresiones. Así lo documentó en 2024 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, una articulación que agrupa a más de 90 colectivos en el país. El informe señala que son principalmente mujeres —muchas de ellas madres— quienes sostienen estas labores en un contexto de violencia y ante la insuficiencia institucional para dar respuesta a la crisis de desapariciones.
El informe también detalla que las labores de los colectivos no se limitan a las búsquedas en campo. Las familias realizan asesoría jurídica, participan en mesas de incidencia política, acompañan emocionalmente a otras víctimas y presentan denuncias ante instancias nacionales e internacionales, tareas que amplían su exposición y las colocan en escenarios de mayor riesgo.
Frente a este contexto, organizaciones civiles han reiterado que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar medidas de protección efectivas para las personas buscadoras, reconocidas como defensoras de derechos humanos por su labor en la exigencia de verdad y justicia.
Un mensaje de alarma
El asesinato de Rubí Patricia ocurrió en el contexto de la visita oficial a Sinaloa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de Martha Lidia Pérez Gumercindo, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Para varias organizaciones civiles, el crimen envía un mensaje alarmante: incluso en momentos de presencia institucional de alto nivel, la seguridad de las personas buscadoras no está garantizada.
En un país que enfrenta una crisis prolongada de desapariciones, las madres, hermanas y familiares que salen a buscar no sólo cargan con el dolor y la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos, sino también con el riesgo creciente de ser agredidas por ejercer su derecho a la verdad y a la justicia.
De acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México se mantienen más de 115 mil personas desaparecidas hasta 2025, una cifra que refleja la dimensión estructural de la crisis y el tamaño del desafío que enfrentan las familias que buscan.